Una confuso hecho se produjo la madrugada del domingo en el sector de La Aguada en la comuna de Río Hurtado, cuando una disputa entre dos primos dejó a un fallecido tras la herida de un arma cortopunzante a la atura del abdomen.
Todo se habría producido tras una discusión entre D.N.M.M de 22 años y M.L.M.M de 31 años, luego que este último, habría protagonizados algunos hechos de violencia en la casa que se encontraba su prima y pareja.
Ante estos hechos, el hermano de una de las involucradas -y a la vez, primo de la víctima-, decidió encarar a M.L.M.M, tras sus reacciones en contra de la joven. Mediante esta circunstancia que aún se investigan, M.L.M.M resultó herido, siendo trasladado por sus familiares al Cesfam de Pichasca.
Minutos más tarde, la víctima falleció tras a una “herida cortopenetrante abdominal por arma blanca, necesariamente mortal aún con socorro oportuno”, según explicó el fiscal del caso, Carlos Jiménez, en la audiencia de este martes.
En esta misma línea, el Ministerio Público formalizó al primo de la víctima, donde el fiscal señaló que, “el imputado, empleando un cuchillo tipo cocinero de 34 centímetros, le asestó a la víctima M.L.M.M., una puñalada en la región abdominal”.
Tras estos hechos, D.L.M.M. arriesga una pena de homicidio simple en su grado consumado, en el que se le atribuye la calidad de autor.
En tanto, en la defensa, el abogado Marco Antonio Jurin, expuso sus argumentos para evitar la máxima medida cautelar de D.L.M.M, señalando que antes las declaraciones realizada por los testigos a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de La Serena, aún no existiría un certeza de la participación del imputado en la dinámica que describen los instantes en que la víctima fue herida con el arma cortopunzante.
“Hay un elemento complejo y principal que no explica en la declaración de la BH, ya que si uno observa da una versión distinta (…) la declaraciones que se han prestado, no son coincidentes y fundantes de una medida cautelar de prisión preventiva”, sostuvo en la audiencia el defensor.
Luego de escuchar ambas posturas del caso en la audiencia de formalización, el juez de Garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, ordenó prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, por considerar que la libertad del imputado, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. “No puede sino estimarse que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad (…) además la pena que contempla la ley es de presidio mayor, por lo tanto se dan todas las condiciones para decretar la prisión preventiva del imputado”, precisó el juez.
La decisión del magistrado, fue estimada tras encontrar “justificada la existencia del delito y en este caso hay presunciones fundadas de participación del imputado, que vienen de las declaraciones de todos los testigos, el arma recuperada por la policía, el informe médico legal y de las evidencias encontradas en el sitio del suceso”, explicó el magistrado.
Finalmente el plazo de investigación para luego realizar el juicio será de 90 días de investigación.
