Hace unos días atrás, durante la visita del Ministro de Agricultura, Antonio Walker, a la provincia del Limarí, al ser consultado por la actual reforma en curso al Código de Aguas, el secretario respondió que espera poder llegar a un gran acuerdo con todos los sectores para poder “modernizar” la actual legislación existente.
Recordó que el uso del agua por parte de los agricultores se traduce en la producción de alimentos, y que por lo mismo, se hace necesario con una regulación que ponga en duda la “certeza jurídica” sobre los derechos de aprovechamiento de agua, que son adjudicados en forma perpetua.
En ese sentido, desde el Ejecutivo se han enviado señales en torno a que ciertos puntos que establece la actual reforma deben ser modificados para dar “seguridad” a los productores y con ello, no perjudicar la inversión.
Obviamente la discusión continúa abierta, y desde la vereda contraria, una de las mayores impulsoras de esta reforma, la senadora por la región, Adriana Muñoz – quien es además, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado – lamentó la fuerte oposición que aún existe de parte de sectores agrícolas a la reforma – apuntando directamente a la Sociedad Nacional de Agricultura -, acusando que se han creado una serie de mitos en torno a ésta.
Cabe señalar que este proyecto, que está actualmente en su segundo trámite constitucional en la comisión de Agricultura del Senado, busca entre otras cosas, que aquellos derechos de agua que hoy son entregados de forma perpetua, ahora se entreguen por 30 años prorrogables, mientras que podrían caducar si no son utilizados.
Al respecto, la senadora Adriana Muñoz lamentó que hoy el proyecto se encuentre “empantanado” en la Cámara Alta “por el lobby de la SNA (…) Ellos lograron a través de los parlamentarios de derecha el año pasado, que este proyecto fuera a la comisión de Agricultura, fuera a la comisión de Constitución, fuera a la comisión de Hacienda, con el objetivo de burocratizar el tramite e impedir que saliera como ley de la República, bajo el mandato de la Presidenta Bachelet” aseguró.
En ese contexto asegura Muñoz, se abre ahora “un campo para que las propuestas de la SNA, expresadas hoy día por el señor ministro de Agricultura, tengan cabida en el debate. Siempre tuvieron cabida en el debate, solo que fueron rechazadas” afirma.
LOS “MITOS”
Por otro lado, la senadora Muñoz rechazó que el proyecto genere “incerteza jurídica”, asegurando que se recogieron todas aquellas preocupaciones que manifestaron los agricultores y que se accedió a modificar algunos artículos que podían presentar aquella incertidumbre “que era qué pasaba con los derechos de agua hoy día ya constituidos, y bajo la propiedad de determinados propietarios”.
Frente a ello, la legisladora explicó que “en el artículo primero transitorio, se hizo una redacción, que nosotros entendemos que da certeza jurídica, en que se establece que ninguno de los derechos de agua ya entregados por el Estado a particulares va a permanecer siempre en manos de ellos” explicando que el gobierno de la Presidenta Bachelet, “nunca tuvo una inspiración expropiatoria. Además, porque no hay millones de dólares que el Estado de Chile pueda pagar por esas expropiaciones”.
En ese sentido, la parlamentaria reiteró que el proyecto plantea que aquellos propietarios que no estén usando el agua – “en un escenario de escasez hídrica que hoy tenemos – el Estado establece una causal de caducidad del derecho de agua. “Eso es lo que a ellos, y así lo dan a entender, les da incerteza jurídica”.
Frente a ello, Muñoz insiste que el bien a defender “es el agua, que es un bien nacional de uso público, que el Estado la entrega a los propietarios como propiedad privada, pero el privado debe usarla. La gran mayoría la usa, pero hay especuladores”.
Sobre la temporalidad de los derechos, Muñoz defendió que la iniciativa proyecte la duración de éstos por 30 años, prorrogables, pero estableciendo ciertos mínimos: uno de ellos, es que el Estado verifique que tiene obras, que puede ser una bocatoma, un canal, riego por goteo, etc. “Eso es un resguardo” asegura.
Asimismo, defendió que el proyecto establezca la imposibilidad de que el agua entregada para ser utilizada en el rubro agrícola, sea vendida o arrendada – el derecho de aprovechamiento – a otros usos como la minería o la generación eléctrica.
“Esto no es una cuestión de molestar a los productores, sino que el Estado tiene que tener un conocimiento exacto del agua que se está usando, porque vamos a ir quedando sin agua. Aquí se trata de hacer convivir el mercado con pautas regulatorias. Yo creo que ese es el conflicto: lo que se quiere mantener es un Estado completamente desregulado, y nosotros insistimos que respecto a un bien nacional de uso público tiene que haber una regulación mínima” concluyó.