La situación se produce porque muchas de estas personas no tienen familia en el país o porque sus seres queridos no cuentan con los recursos necesarios para gestionar la repatriación a su lugar de origen. Al respecto, la zona registra una de las mayores cifras de cuerpos sin retirar del país.
A nivel nacional, el Servicio Médico Legal (SML) alberga cientos de cuerpos, osamentas y fetos que no han sido reclamados. La acumulación de restos humanos no solo representa un desafío logístico, sino también un drama humanitario y una compleja encrucijada legal que tensiona la capacidad de las instituciones forenses.
Según el propio SML, en los últimos cinco años la cantidad total de cuerpos que permanecen en sus dependencias asciende a los 250 a nivel nacional.
Y si bien la Región Metropolitana concentra la mayor cifra, la macrozona norte también registra un número significativo. Entre ellas destaca la Región de Coquimbo, que en 2024 contabilizaba 15 restos sin reclamar, una de las mayores cifras de cuerpos sin reclamar del país.
Ahora bien, según un análisis de las estadísticas nacionales de cuerpos identificados revela que, en este periodo, la mayoría corresponde a personas extranjeras que no tienen familiares en Chile o cuyos cercanos no cuentan con los recursos necesarios para gestionar la repatriación a su país de origen.
A ello se suma que muchos de estos fallecidos ingresaron de manera irregular al territorio, lo que dificulta su identificación. En el caso particular de personas originarias de Venezuela, la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países hace aún más complejo el proceso.
REALIDAD REGIONAL
En la zona, uno de los casos más conocidos fue el del ciudadano venezolano abatido en la avenida Costanera, tras eludir un control policial. Su cuerpo permaneció durante meses en el SML, luego de que su pareja declarara que no contaba con los recursos para retirarlo.
De igual manera, se registró el caso de un joven colombiano asesinado por sujetos de su misma nacionalidad en las afueras del terminal de buses de La Serena, tras haber viajado a la zona para presenciar un partido de la Copa Libertadores disputado en Coquimbo. Su familia intentó reunir el dinero necesario para trasladar sus restos y debió solicitar apoyo al gobierno de su país.
Al respecto, María Paz Fredes, directora regional de SML, explicó que respecto a estos cuerpos que están identificados pero que, por algún motivo, no pueden ser repatriados por un tema de recursos o porque no tienen familiares, no cuentan con un tiempo de permanencia fija en el servicio.
“Nosotros dependemos de la orden de inhumación que nos entrega la fiscalía. Entonces en teoría pueden estar infinitamente acá a menos que nosotros tengamos una orden para inhumarlo”, sostuvo Fredes.
La directora regional explica que en el caso de los “NN” que están en el SML regional y que tienen una presunta identidad o no, “lo que siempre se hace es tomar las huellas y enviarlas al Registro Civil. Entonces, si están en situación irregular, claramente el Registro Civil nos va a responder que no tienen las huellas. Y por otra parte, la PDI, cuando son casos de muerte médico legal, ellos toman sus propias huellas y hacen el envío de los registros y trabajan con INTERPOL para corroborar la identidad. Ahora, nosotros, en paralelo, a veces mandamos los registros y las huellas a los consulados para hacer el cotejo de la identidad. Esa es como la forma que nosotros tenemos para corroborar la identidad de los ‘NN’ o de las personas que tienen una presunta identidad”.
Fredes reconoce eso sí, que la situación de los cuerpos de ciudadanos venezolanos representan un caso especial.
“La falta de relaciones con dicho país, claramente perjudica el poder identificarlos porque no podemos tener esa relación con el consulado, Nosotros le podemos mandar las huellas de una persona con presunta identidad, por ejemplo, de Venezuela, de quien nosotros tenemos el nombre pero no tenemos cómo corroborar a través del consulado que efectivamente se trata de esa persona”, indicó la profesional.
Fredes agrega que además de los extranjeros “NN” también cuentan con nacionales identificados y que están en dependencias del servicio por distintas razones.
“Por ejemplo, porque hay un caso en particular que es un fallecido que tiene un solo familiar vivo que se pudo contactar, pero la persona vive en San Fernando y no tiene los recursos para poder llevárselo”, explicó la directora regional del SML.
BÚSQUEDA POLICIAL
Cabe señalar que la PDI, a través de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP), realiza este crucial trabajo de notificación. No obstante, los detectives se encuentran frecuentemente con situaciones donde la familia se niega a retirar los restos. A nivel nacional, por ejemplo, se ha reportado que muchos de los cuerpos identificados, pero no reclamados, corresponden a personas que vivían en situación de calle o tenían consumo problemático de drogas.
Los familiares a menudo alegan que no mantenían contacto habitual con el fallecido, lo que les lleva a manifestar que no tienen la responsabilidad de hacerse cargo de la inhumación. Ante esta negativa explícita, la PDI está imposibilitada de obligar a los deudos a firmar el acta y retirar el cuerpo.
Cuando la búsqueda policial concluye – más allá de si arroja resultados negativos o si los familiares se niegan a reclamar los restos – , el SML debe solicitar al Ministerio Público la orden para la inscripción de la defunción y la entrega del cuerpo para la inhumación, adjuntando obligatoriamente el informe policial.
El problema es que la conservación de estos cuerpos, osamentas y fetos presenta serios desafíos logísticos, ya que ocupan un espacio valioso y pueden llevar a la saturación de las instalaciones.
Ante esta realidad, el SML mantiene los restos en cámaras de conservación mientras el fiscal lo determine, ya que todos los cuerpos en custodia son considerados, en parte, evidencia de un posible delito.
Si los restos no son reclamados en un tiempo determinado, el SML puede solicitar a la fiscalía una orden de inhumación. Además, el Código Sanitario establece que ningún cadáver puede permanecer insepulto por más de 48 horas, salvo que exista una investigación judicial o penal que lo impida, situación que aplica a todos los cuerpos que ingresan al servicio.