El día de ayer, según información entregada del área de jurídica de la gobernación provincial del Limarí, fueron entregadas las llaves del inmueble fiscal ovallino, que acusó la auditoría realizada por la Contraloría Regional de Coquimbo, respecto al proceso de asignación y uso de las viviendas propiedad del estado que son asignadas a funcionarios de diversos servicios, quienes cumplen concepto de pago de arriendo.
En Ovalle, se registró la presencia de una residencia, básicamente de un departamento que era utilizado por un ex funcionario de la PDI, quien dejó de formar parte de las filas de la institución por su retiro voluntario a fines del año pasado y quien hasta la fecha, aún hacía uso de las dependencias, sin el protocolo del pago por arriendo.
El informe que tuvo como fecha de entrega a fines de agosto del 2016, buscaba dar a conocer el proceso de asignación y la verificación de las transacciones de los inmuebles fiscales, si cumplían las disposiciones legales y si estás estaban debidamente documentadas. Fue así que se descubrió que en la región existían dos viviendas cedidas por la Seremía de Bienes Nacionales al Gobierno Regional, las que eran utilizadas por exfuncionarios y que no habían sido devueltas, además de no estar debidamente inscritas.
“La única persona que tiene fecha de retiro entrego sus llaves hoy (jueves) y se le extendió el plazo para su desalojo y la contraloría en sus auditorías normales del sistema pesquisó el caso pero ya estaba conversado con él y su fecha vencía el 23 de septiembre y ya vino a entregar las llaves”, aseguró una fuente interna del gobierno provincial.
En la capital del Limarí, son alrededor de 12 viviendas en estas condiciones, de las cuales algunas son administradas por el gobierno provincial y otras están a cargo de los mismos servicios. En tanto, en el proceso de investigación de la Contraloría, según detalla el informe se auditaron 67 inmuebles fiscales pertenecientes al gobierno regional, revisados en su totalidad. También se examinaron 18 viviendas adicionales, 10 de las cuales se informaron como demolidas. De este total, las verificaciones en terreno alcanzaron a 32 viviendas.
La normativa sobre Estatuto Administrativo 18.834 en su artículo 91 señala que los funcionarios tienen derecho a ocupar con su familia, de forma gratuita, la vivienda que exista en el lugar que funcione la institución, cuando la naturaleza de su labor sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él. De no ser obligatorio vivir en el inmueble destinado al servicio, puede ser cedida al funcionario y su familia pagando una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo, suma que debe ser descontada mensualmente de su liquidación de sueldo.
A pesar que el Gobierno Regional presentó antecedentes que permitieron subsanar varias observaciones, la Seremía de Bienes Nacionales debe realizar diversas acciones para desalojar las viviendas utilizadas por exfuncionarios o quienes no acreditan pertenecer a los servicios públicos a los que fueron entregados los inmuebles y además para descontar mensualmente el respectivo pago de arriendo de cada una de las viviendas fiscales. o1301.