Un largo proceso judicial que data desde el 2010 es el que ha tenido enfrentada a la Sociedad Comercializadora de Productos y Servicios Sanper Limitada (fundo “El Tata”, de la localidad de Nueva Aurora) y al Banco de Créditos e Inversiones (BCI) por un inusual hecho ocurrido al interior de la sucursal ovallina de BCI el 15 de junio de 2010.
En dicha oportunidad, Karina Robles Araya, secretaria dependiente de la mencionada empresa, concurrió cerca del mediodía hasta el BCI de calle Vicuña Mackenna con el propósito de cobrar un cheque para pagar salarios por un poco más de $4.000.000.
Luego de eso, tenía pronosticado coordinar con otro trabajador de la empresa que habitualmente la recogía en un vehículo cada vez que retiraba fondos, porque entendían que el peligro de robo estaba en la calle y no dentro de una sucursal bancaria.
Sin embargo, y bajo pronóstico, la mujer indica que antes de salir de la sucursal fue abordada por un hombre de aproximadamente 20 años delgado, pelo corto y de anteojos caracterizado como un funcionario del banco que vestía formal y portaba folletería y formularios de BCI quien le señaló que debido a los constantes reclamos de los clientes habían implementado una segunda verificación de los billetes que se retiraban, y que para eso debían concurrir hasta el segundo piso del Banco.
Al llegar a una oficina, el sujeto le pidió llenar un formulario mientras él bajaba hasta el primer nivel con el dinero que ella ya tenía guardado para verificar su autenticidad.
Pero al cabo de un rato y en vista que el funcionario no regresaba comenzó a preguntar a otros trabajadores, obteniendo de ellos la coincidente respuesta de que no tenían idea de lo que ella les estaba hablando.
Le dio aviso al guardia, quien llamó a Carabineros, los que llegaron a la sucursal, limitándose a revisar las cámaras y tomar la denuncia de rigor.
Sin embargo hasta la fecha se desconoce el paradero de quien efectuó esta estafa, pues pese a estar grabado la calidad del material no permite siquiera su reconocimiento.
RIVETES LEGALES
La empresa afectada presentó una querella por el delito de estafa genérica o residual acogida por el Juzgado Civil. El tema también llegó al Ministerio Público pero el caso quedó en nada.
Desde acogida la querella, el caso se ha ido prolongando en medio de las contrapuestas posturas de las partes involucradas, sin embargo el Segundo Juzgado de Letras de Ovalle ratificó en septiembre de 2014 a favor de los afectados condenando a BCI al pago de los 4 millones en favor de la empresa por concepto de daño emergente.
No conforme con esto, el abogado de BCI Sergio Galleguillos decidió presentar un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones de La Serena donde pidió que se revoque la sentencia dictada exponiendo una serie de argumentos (ver recuadro) o bien, que en el caso de ser acogida se disminuya en un 50% el valor fijado.
Según señalan los argumentos expuestos por la sala de la Corte que dictó la sentencia, lo ocurrido en BCI simboliza una negligencia que da cuenta de una falta de seguridad grave de BCI por no estar atentos al ingreso de malhechores y porque estos actúan ante la presencia de funcionarios y ocupando dependencias del banco; por tanto concluyen que efectivamente existe un daño patrimonial. El Ovallino quiso obtener versión de BCI Ovalle pero en el lugar indicaron que todo está en manos del abogado representante. Cabe consignar que existen nuevas instancias a las que BCI pueda apelar.
Sobre este caso, el abogado demandante Juan Pablo Corral, señaló que no le extrañaría que BCI quiera seguir alargand el proceso, “el banco ha dilatado esta situación, pero ya hay dos tribunales que han dicho que ellos son responsables de la estafa que ocurrió en el BCI de Ovalle”.