En una investigación dada a conocer en la edición del jueves de El Ovallino y que daba cuenta de la dramática situación que viven tres familias quienes desde junio no perciben el sueldo que acostumbraban a recibir, dio paso para que otras personas que están viviendo un escenario similar en la provincia se contactaran con nuestro medio para contar la problemática que viven.
Se trata de trabajadores que prestan servicios a la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) de dos maneras diferentes. Hay quienes son proveedores de agua potable y otros que tienen camiones aljibes y que se encargan de trasportar el agua a distintos destinos, principalmente a las viviendas de vecinos que viven en zonas rurales de la provincia de Limarí.
En dicha edición, Hernán Bolvarán y Cristian Olivares, dos trasportistas a los que se les adeuda más de 6,5 millones de pesos indicaron que desde la Onemi les han señalado que el dinero no llega desde Santiago, y que han decidido mantener las labores a pesar de no contar con un sueldo, situación que los tiene preocupados y viviendo incómodos momentos familiares.
Consultado por estos y el caso de una persona más, el director regional de la Onemi Rubén Contador, indicó que ellos, “están con su documentación totalmente tramitada, faltando sólo el depósito de los recursos para proceder a su cancelación. Es dable hacer presente que se están realizando las diligencias pertinentes para proceder a la cancelación de los servicios”, indicó.
Al ser consultado por los nuevos casos que conoció El Ovallino, Contador solicitó se dieran los nombres de los afectados para hacer las averiguaciones pertinentes, sin embargo este medio se negó. “Está claro que hay una deuda que se mantiene y que se están haciendo las gestiones para que se cancele (…) Yo no le puedo generalizar porque usted no me está hablando con nombres”, expresó.
Crisis
Pidiendo guardar su identidad, un trasportista de agua potable indica que ya va para los seis meses que no recibe el dinero que debería y que a la fecha se le adeudan más de 16 millones de pesos pues presta servicios a las comunas de Punitaqui y Monte Patria.
A pesar de aquello revela que si no ha decidido renunciar es porque este trabajo simboliza su sustento y el de sus trabajadores, “en el caso mío esto me ha mantenido trabajando todo el invierno, entonces si yo dejo de trabajar, hay diez camiones atrás mío esperando esa pega; no debería ocurrir si cada uno trabaja por su plata”.
Caso distinto es el de Héctor Perines Álvarez, quien desde junio de 2014 vende agua desde un pozo para que cuatro camiones aljibes contratados por Onemi distribuyan a distintos puntos de la comuna. A él, se le adeuda una cifra cercana a los 7 millones, “se me han pagado algunos meses, pero ahora me deben ocho. Yo considero que es mucho abuso, y yo no la he querido cortar porque es agua desde donde toma la comunidad de nosotros. Yo soy un servidor público entonces no puedo cortarles el agua, pero que me tengan ocho meses sin pagar es mucho. Y yo tengo que pagar el IVA, la luz, todos los gastos, además he hablado con varias autoridades y no pasa nada”.
Entendiendo la importancia que tiene el recurso hídrico para las familias de la comuna, el alcalde Gary Valenzuela, señala estar al tanto de esta deuda y haber gestionado principalmente en la gobernación una solución para los proveedores de agua potable. “Lo triste y doloroso es que esa agua es la vida de las personas porque es especialmente para los habitantes del sector secano de la comuna; y cuando hemos tenido problemas con los APRs de la comuna, indudablemente que ha servido enormemente para abastecer a la población completa”, indica.
Respecto a su evaluación del tema y en consideración del decreto firmado durante la jornada de ayer por la presidenta Michelle Bachelet que cataloga a la región de Coquimbo como zona de escasez hídrica, señala “si es el Estado es el que contrata, ¿cómo es posible que el Estado le tenga una deuda a un proveedor por siete meses? Esa es la contradicción que se produce”, indicó haciendo alusión a que este ha sido un tema recurrente en las sesiones con los concejales.
Al respecto, el senador Jorge Pizarro reconoció estar al tanto de los retrasos en los pagos a estos trabajadores , “producto de la tramitación que debe hacer la Onemi en relación con las rendiciones que van presentando los municipios, y eso no siempre se entiende bien, porque se atrasan tanto en los pagos, en circunstancia que los recursos para este tipo de emergencias están disponibles (…) Lo que en su oportunidad plantee en conjunto con los alcaldes y también con algunos de los proveedores es que tenían que apurar esas rendiciones para efectos de cursar los pagos respectivos. No tenía información de que estaban tan atrasados porque en la práctica me estás hablando de cuatro meses, y francamente no es algo que se pueda justificar”, indicó.
Se trató de tomar contacto con las oficinas de emergencias de Punitaqui, Monte Patria y Combarbalá pero hasta el cierre de esta edición eso no se concretó. Por su parte, el gobernador de Limarí, Cristian Herrera prefirió no referirse al tema.
Desde la Intendencia regional indicaron que al conocer los antecedentes expuestos por El Ovallino pueden señalar que la documentación y los procedimientos a la que nuestro medio les hace referencia, están siendo revisados por el Ministerio del Interior a nivel central para determinar los antecedentes que originan estos cuestionamientos.