El tema central que marcó pauta en el Concejo Municipal de este martes en Ovalle fue la votación que efectuaron los concejales respecto a la derogación de la ordenanza municipal, la que data desde el 2012 y que tiene como fin regular las salas de juego que se ubican en distintos puntos de la zona céntrica de la ciudad.
Esto, luego de que la Dirección de Rentas y Patentes del municipio, en conjunto con el departamento de Asesoría Jurídica, llegaran a la conclusión de que dicha ordenanza era “ilegal” y que por tanto había que tomar una determinación.
Ante esto, y tras una extensa discusión, siete concejales optaron por desaprobar la propuesta de derogación, y en su mayoría se inclinaron por participar en una comisión de Rentas y Patentes donde se tome una determinación final, y que idealmente se cree una nueva ordenanza ajustada a la ley y que permita seguir funcionando a este tipo de locales. El único voto disidente fue el del concejal Jorge Hernández, quien optó por eliminar la actual ordenanza.
Según explica el director jurídico del municipio, Sergio Galleguillos, se revisó un dictamen emitido por la Contraloría General de la República donde “se llega a la clara convicción de que estamos en presencia de una normativa que es contraria a la ley”.
¿Por qué?
La ordenanza se creó en 2012 y fue modificada durante ese mismo año, aunque en esa segunda oportunidad no fue publicada y por tanto quedó sin efecto generando una serie de inconvenientes en la relación financiera entre los empresarios del rubro y el municipio.
En un comienzo se pretendía cobrar una U.T.M. mensual por cada máquina de juego, pero luego se trató de reducir esa cifra. “La modificación quiso cambiar ese valor por ser excesivo (…) Nos pareció que lo razonable era derogar una normativa que por lo demás nunca ha sido aplicada. Por lo mismo, ni en la administración anterior ni en esta esos negocios han estado funcionando amparados a esa normativa; están desempeñándose con patentes de otros rubros y adentro tienen máquinas, lo cual no corresponde”, argumentó Galleguillos.
Por su parte, Víctor Lara, jefe de Rentas y Finanzas, fue categórico al señalar que no puede aplicar una ordenanza que es ilegal, indicando que “para mí es inaplicable. Me encuentro atado de manos respecto de la actividad. Es ilegal, no podemos cobrar más allá de lo que dice la ley y esta ordenanza si lo hace. Por lo tanto, no corresponde".
Al respecto, el alcalde Claudio Rentería indicó que, “acá no se está perjudicando a nadie, sólo se explicó la ordenanza municipal y se solicitó la derogación de la ley, debido a que el actual documento, realizado en la administración municipal anterior, está mal hecho y no se puede aplicar. Estos locales no están autorizados por ley y eso se presentó en el Concejo Municipal, por eso solicitamos hacer la derogación y luego trabajar en una nueva ordenanza, pero hay que dejar claro que el primer paso deben darlo los legisladores, porque este tema no está regulado”.
La sesión del concejo de este martes tuvo como público a dueños y trabajadores que se desempeñan en estos locales, cuyo destino aún no está claro. Alejandro Pinilla, dueño de Aopa Empires, indica que los problemas iniciaron con la actual administración. “Yo no sé si es por la presión del casino o será la forma como lo plantearon ellos, que estaban cobrando muy caro; no sé de donde vendrá la apreciación de derogarla, siendo que nosotros ya habíamos regulado con el antiguo municipio”.
Por ello y con el objetivo de dar una pronta solución, el empresario plantea hacer una mesa de trabajo con los concejales y regular el tema de los dineros. “Porque eso es lo que propusieron el alcalde con el encargado de rentas, pero no podían cobrar porque era muy excesivo, entonces regular y que sea algo equilibrado”.
Por su parte, Pamela Aguilera, supervisora de Entretenimientos Tatán, valoró la determinación del concejo y criticó que el municipio no les permitiera renovar las patentes que les permiten trabajar. “Fue vulnerado nuestro derecho, fuimos excluídos, hay como una discriminación hacia nosotros”.
Concejales como Raúl Tello, Patricio Reyes y Jorge Rojas, hicieron ver su voluntad de trabajar por una óptima solución que regule este rubro de forma adecuada.