En visita en la provincia de Limarí, el actual jefe de la división de Carabineros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Patricio Reyes, abordó temáticas contingentes en materia de seguridad y agradeció la invitación que le extendió el gobernador Cristian Herrera para visitar la zona en la que durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, ejerció como seremi de Gobierno.
En aspectos netamente locales, valoró la puesta en marcha de las mesas comunales de seguridad pública, especialmente en Ovalle, pues ésta, es una de las ciudades a las que previó a la promulgación de la ley que crea dichas mesas, ya se les ha asignado recursos para ser invertidos en seguridad pública; así como también evaluó con muy buenos ojos, la conformación de la mesa provincial que apunta a la misma línea. Por otra parte, reconoció la importancia de que la Prefectura Limarí- Choapa cuente prontamente con una Siat (Sección de Acccidentes de Tránsito) y con un Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).
-¿Qué posibilidades existen de que Sotaquí cuente con un retén?
"La respuesta oficial de Carabineros, cuando se evalúo este tema, es que debido a la baja demanda delictual y a la cercanía de la localidad con la Prefectura Limarí-Choapa, era perfectamente posible, por el momento, seguir asistiendo desde Ovalle a Sotaquí (…). En todas partes la gente quiere tener un cuartel de Carabineros ojalá en la puerta de su casa; hay una suerte de visión herrada de que al tener un cuartel hay mayor grado de seguridad, pero es un tema sicológico más que nada, porque los estudios modernos muestran que es ineficaz tener tantos cuarteles por los costos que eso significa y por el hecho de que las dotaciones a veces es mejor tenerlas concentradas en un lugar, y de ahí desplazarlas para cubrir de manera más eficaz el territorio, pero la gente no piensa eso. En definitiva, el problema de la seguridad es un tema bastante complejo, y que hay que ver todos los elementos que están involucrados. Un elemento importante, es que tenemos un problema de resocialización y de readaptación de las personas que pasan por la cárcel, por tanto, en la medida que también no nos enfoquemos en ese ámbito no vamos a poder lograr disminuir los niveles de delincuencia. Frenarla, es una tarea de todos. Yo creo que ahí somos distintos los actores que estamos involucrados en este tema y todos con distintos grados de responsabilidad, pero todos somos responsables. Aun así, creo que Chile no es un país peligroso como la gente hoy día lo piensa. Si uno analiza, uno de los indicadores fundamentales para medir si un país es seguro o inseguro es la tasa de homicidio por cada 10 mil habitantes y Chile es la segunda más baja de América".
-Entonces, ¿Cómo se puede interpretar la implementación de la Agenda Corta Antidelincuencia?
"Lo que le dije no se contradice con lo otro, porque efectivamente hay problemas. Lo que quiero es contextualizar los problemas que tenemos, y muchos de esos problemas también están dados porque tenemos un sistema procesal que es mejor que el que teníamos antes, que es mucho más eficaz, que es mucho más transparente; pero también tiene sus problemas. El sistema procesal que tenemos es excesivamente garantista, el estándar para medir las pruebas muchas veces de los jueces es muy alto. Las policías y la fiscalía detienen a los delincuentes, tienen ciertas pruebas, pero los jueces consideran que son pruebas insuficientes, y por lo tanto, los imputados quedan en libertad. Y por eso, hay una serie de medidas que van en la línea de mejorar el sistema. Está la ley de fortalecimiento al Ministerio Público, que fue promulgada hace muy poco. Por otro lado, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el control de detención preventivo".
-Qué ha generado polémicas…
"En todas estas materias hay distintas posturas, un sector importante de la ciudadanía reclama que Carabineros perdió la facultad una vez que se eliminó la detención por sospecha, de poder hacer un control preventivo de identidad, porque el control que establece hoy día nuestro Código Procesal Penal, señala que tienen que haber ciertos indicios para poder detener a una persona y pedirle la identidad, y esos indicios, los jueces lo interpretan de manera muy restrictiva, entonces muchas veces se estima que los policías, que tienen olfato para determinar si una persona puede o no estar cometiendo un delito, tiene las manos un poquito amarradas por no tener esa herramienta".
– ¿Y cómo lo evalúa usted?
"Nosotros como gobierno habíamos planteado en un comienzo una cosa más intermedia, que eran controles en determinados lugares. Por ejemplo, cerca de lugares de concentraciones masivas de población, cerca de un evento deportivo, artístico, en situaciones muy especiales, para ver si esa persona tiene antecedentes penales, y eventualmente, detenerlos. Ahora los parlamentarios estimaron otra cosa, vamos a ver qué pasa en el senado, pero en definitiva, si creemos que lo que hoy día tenemos es insuficiente. No sé si lo que fue aprobado la semana pasada en la cámara de diputados va a ser el ideal, pero claramente entre eso, y lo que tenemos hoy, es un avance".