Una polémica situación se vivió el pasado martes, luego de que se hiciera pública una solicitud de orden de detención contra el alcalde de Ovalle Claudio Rentería, mientras éste "no solucione el pago de las prestaciones adeudadas por la suma de $6.816.151”, expresa el documento judicial.
El texto que se ha viralizado por las redes sociales, corresponde a una solicitud realizada por el abogado de Sergio Díaz, ex funcionario municipal, quien se querelló contra el municipio, aludiendo un despido injustificado.
Con el fin de aclarar esta polémica, El Ovallino conversó con el abogado del municipio, Sergio Galleguillos, quien indicó que “el tribunal no ha declarado ninguna orden de arresto en contra del alcalde. Lo único que hay es la presentación que la parte demandante hace, solicitando arresto por la suma de dinero que conforme a la liquidación que hizo el tribunal debe pagar la municipalidad al señor Sergio Díaz”.
El abogado municipal agregó que “de manera muy clara y rotunda quiero señalar que esa deuda está pagada mediante el ingreso al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle del cheque respectivo, por un monto de 6.816.151 pesos”. Respecto al procedimiento interno llevado a cabo al interior del municipio, Sergio Galleguillos explicó que conforme a la liquidación de sueldo que estableciera el tribunal, “se realizó el procedimiento administrativo interno, que incluye la certificación de disponibilidad presupuestaria, la dictación del decreto de pago y la generación del cheque respectivo, que fue puesto a disposición del juez del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle”.
Pero Galleguillos fue más allá e indicó que “resulta extraño que el mismo día que se hace una solicitud a un Tribunal, y sin que éste se pronunciara, se actúe a través de redes sociales publicando hechos que no son ciertos. Es una publicación mal intencionada. El alcalde ha defendido el patrimonio municipal en esta y otras causas en que el municipio es demandado, para lo cual se ejercen todas las acciones o excepciones que corresponde. Cuando ya hay una sentencia judicial firme y ejecutoriada que determina que hay que pagar, se ha pagado. No existe ninguna causa en que la municipalidad de Ovalle, durante esta administración, haya dejado de cumplir con sus obligaciones", aseguró.
La parte querellante reconoce que efectivamente efectuaron la solicitud ante el Tercer Juzgado de Letras. "El juicio se ganó. se ganó en Ovalle y en la Corte de Apelaciones de La Serena, y la municipalidad no ha querido pagarle, han estado dilatando el pago", sotuvo el abogado Juan Pablo Corral.
Por su parte, Sergio Díaz, quien fuera encargado de la Oficina de la Juventud del municipio, aseguró que no ha recibido ninguna notificación que de cuenta del pago efectuado por el municipio. Respecto al despido del que fue objeto en marzo de 2014 luego de 21 años de trabajo en la casa consistorial; y que el califica como una desvinculación "por motivos políticos" señala: "decían que los honorarios no teníamos derecho a nada, así que fuimos con mi abogado a la justicia y demostramos que los honorarios si tenemos derecho. Tanto el Tercer Juzgado de Ovalle, como la Corte de Apelaciones de La Serena nos dieron la razón, y centenciaron al municipio a pagarme seis millones ochocientos y fracción", sostuvó, agregando que con esta decisión se ha generado un precedente "en el cuál él (el alcalde), no puede echar a otro honorario porque tendría que pagarles. De hecho después de mí vienen los ocho guardias, que tiene que pagarle 40 millones de pesos; y después de ellos viene la gente de áreas verdes, de aseo y ornato que echó", sentenció.