Este martes en el Tribunal de Garantía se desarrolló una audiencia donde se presentó en calidad de imputada por el delito de estafa, la ex trabajadora municipal Bernardita Carroza, con el fin de llegar a un acuerdo reparatorio para cancelar cerca de $9 millones a unas 40 personas que fueron engañadas tras intentar adquirir una vivienda entre los años 2010 y 2012.
En la oportunidad, se propuso una salida alternativa para evitar que Carroza pagara con cárcel este delito, quedando fijado para ayer el pago de 300 mil pesos y 10 cuotas de 880 mil pesos, a final de mes.
“Se propuso devolver la plata, así que ella debe entregar cerca de $9 millones, ya que es una posibilidad para pagar lo que hizo, siendo que sabemos que la condena de esta mujer va a ser una pena baja, y lo más seguro es que lo haga en libertad. Hablamos con la gente y están interesadas en que les devuelvan el dinero”, manifestó el abogado querellante, Juan Pablo Corral.
La propia Bernardita aseguró que el dinero se canceló y que seguirá al pie de la letra el acuerdo. “Yo dejé un familiar, que me acompañó al tribunal, a cargo de pagar ese dinero, porque a mí me sacaron inmediatamente. Así que ya se pagó”.
De este modo, se fijó una nueva audiencia para el 22 de septiembre, con el fin de conocer si los pagos se realizaron, de lo contrario, la mujer llegaría a juicio.
Cabe recordar que este caso se remonta hace años atrás, cuando Carroza trabajaba para la oficina de Senda, como funcionaria municipal. En ese entonces, la mujer habría aprovechado su puesto laboral para prometer a personas una oportunidad inmobiliaria.
Según los afectados, Carroza “inventó” un nexo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para adquirir subsidios en las poblaciones Bicentenario y Vista Bella, ubicadas camino a Huamalata. Sus “víctimas” creyeron en ella y entregaron algunos adelantos para asegurar los bienes, dineros que nunca se invirtieron.
La agresión
Luego de la audiencia de este martes, un grupo de personas afectadas con la estafa encaró a Carroza fuera del tribunal, produciéndose un altercado. “Me agredieron, como las personas no estaban contentas con lo que dijo el juez, me agredieron físicamente, me sacaron cuchillo. Ahora yo voy a ser la denuncia, me robaron documentos con los exámenes de mi hija.
Yo estoy con un tratamiento psicológico con todo esto, porque yo no he sido la culpable de todo esto, por eso he dado la cara y he tratado de ayudar en esta investigación y realizar este acuerdo reparatorio por el bien de los afectados, y lo único que gané fueron agresiones. Me robaron el título de asistente social”, aseguró la imputada, minutos antes de ingresar a una atención médica.