Luego que la Corte de Apelaciones de La Serena se pronunciara a favor de ocho trabajadores del área de seguridad- Francisco Javier Flores Montalván, Ricardo Antonio Díaz García, Nelson Jorge Flores Collao, Hernán Fernando Cortés Aravena, Juan Alejandro Ortiz González, Ricardo del Carmen Villanueva Cortés, Reginaldo Amaredo Lizardi y Mario Riquelme Pizarro Lanas- que fueron despedidos el año pasado desde la Municipalidad de Ovalle, concejales de dicha comuna manifiestan su preocupación por este hecho en condición que estos recursos, (en este caso algo más de 40 millones de pesos) salen desde las arcas municipales.
"Esto es un tema netamente de él (alcalde Claudio Rentería), porque él es el responsable administrativo; nosotros tenemos que fiscalizar, y efectivamente la Contraloría pidió regularizar estos sistemas, pero nos pidió que fuese durante un periodo, y durante ese periodo, nosotros podríamos haber organizado a la gente nuestra de Ovalle, y no haber traído empresas de afuera a hacerse cargo de estos servicios", indicó el concejal Patricio Reyes, quién considera que esta situación pudo haberse evitado si se hubiese decidido hacer un plan de reconversión, en el que los trabajadores que fueron desvinculados del municipio se unieran como unidad productiva para licitar al momento de la regulación de dichos empleos. "Vamos a tener que desembolsar plata que no estaba presupuestada y vamos a dañar el presupuesto. Se suma a lo de hoy, que hay otras dos trabajadores más, que fueron despedidas arbitrariamente y en los tribunales ya se va a determinar un primer acuerdo, hoy sumamos tres millones más en un acuerdo reparatorio en el tribunal, en primera instancia. Y viene un segundo y un tercer juicio, con más de 50 trabajadores", advierte Reyes.
Por su parte, el concejal Ricardo Rojas, plantea que esta situación, "se veia venir; estábamos asustados prácticamente, pero no depende de nosotros, depende de los tribunales que hoy están acogiendo estas demandas y están favoreciendo a esta gente. Esta situación van a tener que verla los legisladores, porque en el caso particular mío, como presidente provincial de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), estoy de parte de los trabajadores, y cuando amerite la situación; pero también por otro lado como concejal tengo que cuidar el patrimonio de todos los ovallinos. Ciertamente este dinero les corresponde legalmente", indicó la autoridad.
Sobre este hecho también se pronunció el concejal Jorge Hernández, quien indicó que se enteró por la prensa sobre los resultados de esta demanda y que averiguará respecto a lo ocurrido, sin dejar de desconocer el daño económico que causa este tipo de resoluciones, "los miembros del consejo no estamos informados. Lo que hable el abogado tendré más claro lo que pasó, y también me interesa conversar con las personas que ven las finanzas, para ver de dónde vamos a sacar las platas; porque las platas que están, ya están presupuestadas", indicó.