Incertidumbre es lo que vive aún la familia Araya Gallardo tras recibir una demanda judicial interpuesta en su contra, por parte de la empresa Inversiones Urbanas Río Limarí Limitada, quienes se adjudican la propiedad de un terreno en el sector de Potrerillo Bajo en Ovalle. Producto de esta demanda, Armando Araya Gallardo denuncia un intento de apropiación indebida de sus terrenos por parte de la empresa. La comunidad, constituida principalmente por familias modestas, solicita desesperadamente la pronta solución al caso que defina a quién pertenece legalmente dicha propiedad.
Armando Araya, uno de los herederos de los terrenos en los cuales habita gran parte de la familia, emplazó al poder judicial a actuar con prontitud ante el caso “estamos esperando el fallo aún. Se ha extendido bastante y no ha salido todavía. Nosotros estamos muy incómodos con lo que está pasando, porque nosotros actuamos siempre de buena fe y esperamos que la jueza actúe de buena fe también, como corresponden las cosas. Hemos escuchado de muchas estafas que han ocurrido en Ovalle y no queremos que sigan ocurriendo más cosas. Toda la familia está en una espera realmente incomoda. Somos personas pobres que trabajamos para vivir y mantener nuestro hogar. Somos en toda la familia 22 personas y afecta a una familia numerosa”.
Sobre los demandantes, Araya declaró que “esta persona que nos está demandando tiene estafas en varias partes de Chile y siguen haciendo estafas (…) no sé por qué no cortan con la sinverguenzura que está pasando acá en Ovalle. En este terreno habitamos hace mas de 53 años y vamos a seguir hasta cuando dios nos tenga con vida. Según ellos inscribieron recién el 2010 y nuestros títulos están inscritos desde 1962”.
Pedro Gallardo, otro miembro de la numerosa familia afectada con la demanda, señaló que “somos una familia grande que estamos peleando por los derechos que dejó mi papá y esperamos que la jueza decida quienes son los dueños. Es mucho tiempo que estamos esperando esto, y queremos que sea franca y diga las cosas como son. Hasta el momento no hemos tenido respuesta definitiva (…) Para todos nosotros es un desgaste, lo que queremos es que sea franca, para tener bien claro a quién pertenece el terreno”.
Sergio Pizarro, abogado de la familia demandada señaló respecto a la inquietud de los habitantes del lugar que “el caso es bien complicado. La sentencia va a tener cerca de 40 o 50 hojas fácilmente porque son muchas pruebas, testigos y documentos (…) se demora el tiempo que toma un juicio de este tipo. Yo entiendo la desesperación de ellos pero los plazos los pone el tribunal y no uno. La causa entró para fallo en los meses de diciembre-enero aproximadamente, y es lo que se demora. Yo creo que está por salir la sentencia. Así que estamos esperando”.
Sobre el plazo en que podrían entregarse las sentencias finales de la demanda, el defensor subrayó que “ya se está en los plazos legales. El tribunal está algo pasado en el plazo, pero lo que nos interesa a nosotros es que el tribunal falle en derecho. Entendemos que tiene que tomarse el tiempo el tribunal, además que no es la única causa que tiene”.