Por: Pía López Eccher
Si bien en un comienzo no quisieron referirse al tema, hoy los tres concejales que encabezan la solicitud de remoción del administrador municipal de Punitaqui, Luis Gallardo, y que acusan una mala gestión del alcalde de la comuna, Pedro Valdivia, rompieron su silencio y afirman que lo que buscan es llevar a cabo una fiscalización efectiva de la gestión municipal, acusando un estancamiento en la comuna.
El concejal Carlos Araya, explicó que “el Concejo Municipal es un órgano normativo, regulativo y fiscalizador y la ley nos mandata precisamente a resguardar que los procesos del municipio se desarrollen de buena manera”.
Araya indicó que lo que buscan es “representar dignamente a nuestra comunidad punitaquina. El alcalde dice que nosotros tenemos ambiciones, y yo le digo sí, que tenemos mucha ambición de que Punitaqui cambie y llegue, algún día, a ir por la senda del avance, el progreso y el desarrollo. Ese es nuestro objetivo y lo que perseguimos como concejales.
Por su parte, el concejal José Palma, hizo hincapié en que no buscan ir en contra la función del alcalde. Sin embargo, precisó que en sus diez años como concejal “jamás había visto tanta ignorancia respecto a temas fundamentales y la no injerencia en temas tan relevantes como lo son la salud y la educación”.
Respecto a este último tema, los concejales lamentaron que más de 540 millones de pesos no se utilizaran en el 2014 en el área Educación, mientras que en Salud, hubo un saldo de 200 millones.
“Todo lo que nosotros decimos no se escucha o no hay respuesta. Ya se lo advertimos al alcalde: esperábamos que se empoderara de su cargo y que lo ejerciera, pues la voluntad popular así lo quiso, pero a mi impresión la gente quería el mal menor, pues la gente no quería a Blanca Araya y finalmente las ciudadanía terminó castigando su mala gestión”, sostuvo Palma.
Otro aspecto cuestionado y que expuso el concejal Carlos Prado dice relación con la generación de proyectos desde el municipio. Prado explicó que “casi toda la inversión que se ha hecho hasta esta altura en la comuna en el último año, corresponden a fondos que provienen del programa de Comunas Rezagadas. Si no fuera por aquello y si la Presidenta Michelle Bachelet no hubiera puesto su preocupación en nuestra comuna, no sería lo mismo”.
Prado manifestó que han instado al municipio a explicar las consultas que el grupo de concejales ha expuesto, en particular a la encargada de proyectos, Iovonka Tello, “pues queremos estar informados de los proyectos que se ejecuten en la comuna, cosa que lamentablemente nunca se ha hecho”.
“Hay proyectos que por ley deben ser sancionados por el Concejo y eso en esta comuna no sucede. He ahí nuestra preocupación. Como los arreglos en la plaza de Pueblo Viejo, donde los vecinos no entienden cómo se pueden haber invertido 11 millones de pesos. Pedí el detalle de los gastos del proyecto y solamente en 33 tablas de madera de 2 por 2, se cobra un valor aproximado al millón de pesos”, agregó el concejal Carlos Prado.
Uno de los proyectos conflictivos ha sido la construcción de un molino, ubicado al ingreso de la comuna. “La gente nos consulta cuánto costó el molino enano y con tristeza y vergüenza he debido decir que no lo sé, pues el 25 de febrero pedí la información en el Concejo y aún no se me responde”.
Ante esto Iovonka Tello, precisó que la obra está en ejecución y aún no está terminada. “La información fue solicitada en marzo y nosotros tenemos distintas tareas, y mis labores no se enfocan solo en responder las consultas del Concejo Municipal. Tengo 15 días hábiles y estoy dentro de plazo”.
Lejos de llegar a un consenso, la polémica parece ir en escalada, pues los concejales pidieron apoyo a la Asociación Chilena de Municipios para obtener asesoría legal y llegar hasta las últimas consencuencias, según ellos mismos precisaron.