Con 42 años en el poder judicial, ha vivido los grandes cambios en el sistema incluido el más grande de todos: La Reforma Procesal Penal.
Reconoce la labor efectuada por su antecesor Vicente Hormazábal, y asegura que hay que continuar en esa línea de acercamiento con la comunidad para solucionar sus conflictos y administrar justicia.
En conversación con El Día, habló de su historia al interior de la institución donde ha trabajado la mayor parte de su carrera.
-¿Qué ha cambiado desde 1999 cuando usted fue por primera vez presidente de la Corte hasta ahora que asume el cargo por tercera vez?
“Bueno, lo que ha cambiado es mucho, porque yo llegué hace mucho antes, y en ese época ninguna de las reformas que se hicieron al procedimiento, posteriores, existían. Todavía no estaba la Reforma Procesal Penal. Se hablaba que se venía, pero recién se concretó en el año 2000, y bueno. Esto cambió totalmente el procedimiento penal, de un procedimiento inquisitivo varió a un procedimiento acusatorio que es público, con nuevos actores como el Ministerio Público que antes no existía porque antes las funciones del Ministerio Público las cumplía el propio juez, lo cual era una anomalía jurídica, pero que en la práctica no produjo un efecto perjudicial, porque pese a que los jueces eran juez y parte, había un criterio, no se perdía la imparcialidad”.
-¿Les costó mucho adaptarse a esta reforma?
“Claro, sí, todo cambio cuesta en un principio. Pero para mí no tanto, porque yo pasé a intervenir en la Corte de Apelaciones, no en los tribunales de base. Entonces nosotros conocemos de los recursos de nulidad en contra de las resoluciones de los tribunales orales y de garantía, es decir, a nosotros como tribunal de alzada no nos influyó tanto, pero obviamente que al principio hubo dificultades, lo que es totalmente natural y se supera con el tiempo”.
-¿La evaluación que hace de estos 17 años de la reforma?
“Es bueno el balance, porque es un procedimiento mucho más transparente. Es un procedimiento oral y público y avanzamos en la línea que tenía gran parte de los países en ese momento. Esa es la verdad”.
-¿Estábamos atrasados en ese sentido?
“Creo que sí, un poco, porque el procedimiento antiguo ya era un poco cuestionado y para evitar todo ese tipo de cosas creo que la reforma fue muy buena. Además comienzan a intervenir otros actores que le dan garantías tanto a los acusados como a los que acusan de que la resolución será dictada conforme a la ley y sin ningún tipo de sesgo”.
-Hablando un poco de su trayectoria, usted ingresó al poder judicial en el año 1973, en plena dictadura. ¿Era difícil trabajar en ese tiempo? ¿Se podía ser independiente en ese entonces?
“Sí, yo ingresé en diciembre de 1973. Bueno, había cierta efervescencia política, pero yo en lo personal nunca recibí presiones de nadie. Tiene que ver también con que me desenvolví más que nada en lo civil, más que en el ámbito penal, pero nadie nunca intervino en alguna resolución que hubiese que dictar ni nada de ese tipo de cosas. Recuerdo incluso una vez en la que estaba en un caso que tenía que ver con la Fach, y se falló conforme a derecho y nadie se metió”.
-Pero muchas veces se dice que en esos años el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura… ¿Qué le produce a usted escuchar esa afirmación?
“Yo creo que hay muchos mitos y también cosas que son ciertas. En un régimen como el que había pudieron haber habido presiones, claro, pero tiene que ver con las personas, porque todas las personas, también las del poder judicial, tenían opiniones distintas también y posturas distintas y había casos en los que tal vez al poder le importaba intervenir y en otros no. Pero todo tiene que ver con un contexto histórico que se vivía en el país, un contexto del cual el Poder Judicial no se pudo abstraer, como ninguna otra institución”.
-Pero ahora están jugando un rol importante en lo que tiene que ver con la reapertura de causas de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura. Eso ha sido muy valorado por la gente…
“Sí, bueno, se está aplicando la ley. A medida que han pasado los años se han reabierto causas, han cambiado ciertas figuras y lo que mandata la ley es que se aplique justicia. Acá en la región también ha habido avances importantes con la designación de un ministro como lo es Vicente Hormazábal para esas causas que están en marcha y se le han ido asignando más. De hecho, creo que el ministro podría tener dedicación exclusiva a esas causas, pero es algo que se tiene que analizar”.
-En cuanto a la sensación de inseguridad que existe, muchos también culpan a los jueces por ser demasiado blandos… ¿Cree que es justa esta afirmación?
“Yo creo que no, los jueces no son blandos, porque se actúa conforme a la Ley vigente y no se puede salir de ahí, son otras las instituciones las que deben acreditar con pruebas lo suficientemente contundentes el delito que se imputa. Además hay cierta confusión, porque la gente cree que los jueces dejan en libertad de inmediato a quienes cometen los delitos, pero no es así, porque las personas pueden quedar en libertad, pero igualmente son formalizados porque no han sido absueltos. Eso se ve después en las sentencias que dicte el tribunal oral donde puede que lo condenen o puede que lo absuelvan. Entonces, qué fue lo que pasó en un principio, que la Fiscalía llevaba prueba, pero no tanta prueba para acreditar que el imputado haya intervenido en el delito, y en virtud de eso, y ante la duda, además teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia, se optaba por no darle prisión preventiva, pero como hubo un gran revuelo por esto, se legisló y se efectuó una reforma, antes de la Agenda Corta Antidelincuencia, y se modificó el código procesal y para ciertos delitos se dio la posibilidad de que si el juez de garantía deja libre a una persona, la fiscalía pueda apelar y pedir la prisión preventiva y que sea la Corte la que resuelva y eso es lo que se hace hoy en día”.