Tras años de debate, la Reforma al Código de Aguas fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre y actualmente está siendo revisado en las comisiones del Senado, donde han sido invitados a entregar sus observaciones, diversos actores relacionados con el uso del agua en el país.
Este 14 de marzo se efectuó la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado por Reforma al Código de Aguas, en la que participaron la Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad Agrícola del Norte (SAN), Junta de Vigilancia de la Tercera Sección del Río Aconcagua y Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente (MODATIMA).
En las distintas alocuciones, los participantes coincidieron en manifestar la inquietud de que los derechos de agua ya constituidos no sean afectos a cambios por la nueva normativa, como transformarse en concesiones susceptibles de caducar según decisión de la DGA; se refirieron a la necesidad de fortalecer las organizaciones de usuarios de agua y dotar de mayores recursos a la Dirección General de Aguas, entre otros temas.
En tanto, la propuesta de SAN estuvo enfocada en que se cree un artículo permanente en la ley que señale que los derechos de agua constituidos con anterioridad a la aprobación de la reforma “mantendrán sus características, facultades y atribuciones del dominio”, lo cual está indicado en la reforma en un artículo transitorio. Un artículo permanente permitiría entregar seguridad para el acceso al financiamiento agrícola, el cual debe gestionarse año a año para capital de trabajo e inversiones en los predios, tal como se ha hecho hasta ahora.
LA IMPORTANCIA DE RESGUARDAR LOS DERECHOS
José Corral, Vicepresidente de Sociedad Agrícola del Norte destacó la importancia de la agricultura para la economía de la región de Coquimbo. “Nuestra región viene saliendo de una sequía que es histórica y durante este período las organizaciones de usuarios de agua demostraron el fortalecimiento que han tenido, estoy orgulloso de las organizaciones de la región, los privados pueden administrar el recurso hídrico y repartir equitativamente. Soy cuarta generación de una familia de agricultores y sé los pormenores que vive el sector y veo la necesidad de una política de largo plazo, la agricultura lo necesita y nuestra región lo necesita. Si bien en el PIB no se refleja su importancia y la agricultura sólo representa el 2,7% del PIB regional, tenemos capacidad de generar más de 45 mil empleos al año”.
Respecto a la necesidad de entregar certeza jurídica a los titulares de derechos de agua ya constituidos, el vicepresidente de SAN explicó que “tenemos varias familias que dependen de nosotros, día a día. La única garantía que tenemos los agricultores es la tierra, pero ante las entidades financieras, esa garantía está unida al agua y no tenemos un instrumento financiero adecuado a los ciclos del negocio. Pido que tengamos visión de desarrollo en la discusión de esta reforma, para recuperar las ventajas competitivas del país y la vida en el sector rural que está abandonada; otorgar oportunidades de trabajo para que los hijos de los que viven en el campo tengan oportunidades y no migren a las ciudades. En nuestra región la agricultura es uno de los motores de desarrollo que no podemos perder”.
En tanto, Roberto Vega, Director de SAN, expuso las preocupaciones gremiales en torno a la reforma. “No vamos a solucionar la escasez hídrica con reformas ideológicas haciendo desaparecer estatutos que nos parecen relevantes como es la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, no sobre las aguas que como Sociedad Agrícola del Norte reconocemos como bien nacional de uso público. La reforma cambia la palabra dominio por titular generando incertidumbre para la agricultura del país”.
EL PROBLEMA DE LOS SECTORES RURALES
El director de la SAN además agregó que el gremio siente que esta reforma privilegia una industria de la cual se habla mucho, pero se legisla poco. “Chile tiene en los sectores rurales un problema de infraestructura crítico, no se han construido las obras necesarias para dotar a la población rural de agua potable, no el agua de los camiones aljibes, porque hace 30 años atrás la gente ni siquiera tenía ese acceso. Se habla de lucro con el agua, pero las sanitarias lucran y como gremio pensamos que se debe hacer una propuesta que establezca normas claras en esto; no le quitemos el agua a los agricultores para entregarla a las sanitarias y no le entreguemos el agua de un agricultor a otro porque eso es abuso y eso tiene que ser remediado con esta propuesta”, enfatiza Roberto Vega.
El director agrega que con reformas que hacen desaparecer la tenencia de propiedad de los derechos de agua sólo se crea incertidumbre sobre quién va a administrar las aguas, o cuál será el rol real que van a tener las juntas de vigilancia.