Gran polémica ha causado la promulgación del decreto 651 por el Ministerio de Hacienda el cual, en el marco del plan de austeridad impulsado por el gobierno, y que contempla un ahorro de más de 4 mil millones de dólares a lo largo de los 4 años de la presente administración, implicaba un recorte presupuestario en áreas sensibles como Empleo, Sename y Educación, efectos que fueron denunciados por la oposición.
Y es que este mismo miércoles el ministro de Hacienda Felipe Larraín, debía responder ante la Comisión mixta de Presupuestos del Congreso, las dudas y críticas que generaron los ajustes en distintas reparticiones que contemplaban un ahorro de 1.100 millones de dólares para el erario público, esfuerzo necesario a juicio del secretario de Estado, para enfrentar el déficit fiscal que afecta al país.
Tal como se describía anteriormente, Trabajo aparecía como uno de los sectores “afectados”, en especial a través del programa SENCE, el cual, en entrevista con nuestro medio, el senador Jorge Pizarro afirmaba que sufría un recorte de 8.057 millones de pesos, incluyendo una rebaja de 6.300 millones del Programa Más Capaz.
No obstante, ayer por la mañana, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, anunció el retiro del polémico decreto desde Contraloría, donde estaba a la espera de toma de razón, para hacerle modificaciones.
“Estas modificaciones se realizan tras conversaciones con los ministerios y servicios respectivos, que solicitaron reasignar recursos desde otros subtítulos presupuestarios, pero manteniendo el monto global de la contención de gasto en la misma cifra (US$ 1.100 millones)”, señaló el organismo a través de un comunicado.
CAMBIAR EL ENFOQUE
Durante una visita a la ciudad de Ovalle este martes, el seremi del Trabajo, Matías Villalobos se refirió a este tema, rechazando que se estén realizando recortes presupuestarios a programas dependientes de su cartera, como el programa SENCE, asegurando que en realidad “se están redistribuyendo esos recursos”.
“Queremos que los cursos de capacitación a los que accedan las personas sean una herramientas efectiva y eficaz para insertarse laboralmente o bien, para mejorar sus condiciones de empleabilidad” sostuvo Villalobos.
En ese contexto, el seremi señaló que los análisis realizados por su cartera respecto al programa SENCE y otros, “no están generando un impacto positivo, y que por lo mismo, el objetivo no “capacitar por capacitar”.
“No queremos que una persona tenga cinco, seis o siete certificados de cursos de capacitación que haya realizado en el SENCE, y que ninguno de ellos le sirvió para efectivamente insertarse en el mundo laboral” aseveró, indicando que lo que se busca es modernizar el sistema de capacitación “respecto a lo que nos va a demandar el mundo laboral en 5, 10 o 20 años. El mundo del trabajo evoluciona constantemente” indicó.
DESPILFARRO DE RECURSOS
El seremi Matías Villalobos insistió que el plan de austeridad del gobierno “no va a afectar de ninguna manera los beneficios que entrega el gobierno, sino que nos afecta a nosotros, como funcionarios públicos”.
En ese sentido, la autoridad arremetió contra el gobierno anterior, explicando que el actual déficit fiscal se debe “a las malas políticas públicas que adoptó la administración anterior, donde hubo un despilfarro de recursos públicos, hubo un aumento en el gasto fiscal y no se recaudaron, por ejemplo vía impuestos, los recursos que ellos estimaron que iba a ser necesario recaudar”.
“Este ajuste presupuestario es consecuencia de una mala política pública que se desarrolló durante la administración de la ex presidenta (Bachelet)” reitera Villalobos, apuntando directamente contra la reforma tributaria promulgada durante su gobierno, y que a juicio del seremi de Trabajo, “se desincentivó la inversión. La economía del país estuvo estancada, no hubo inversión privada en el país, y lógicamente se recaudaron menos impuestos. Tuvieron que aumentar el gasto público para cumplir con su programa, con las consecuencias que ello generó” afirmó. o0401i
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Propuesta Responsable
Desde el gobierno regional por su parte, defendieron la decisión de realizar modificaciones al decreto 651, defendiendo al mismo tiempo el plan de ajuste.
Así por ejemplo, el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, sostuvo a El Ovallino, que las medidas de austeridad “no están destinadas a afectar gastos esenciales ni proyectos de contenido social. No afectan el funcionamiento de los servicios y programas que promueve el Gobierno; no afecta los beneficios que reciben las personas más vulnerables, ni afecta el bolsillo de la clase media chilena, y no afecta los ejes fundamentales del Gobierno ni menoscaba los compromisos asumidos” explicó, indicando que éste, solo afectará a “gastos superfluos en aspectos administrativos y burocráticos, no esenciales para la gestión de los proyectos de desarrollo social”.
Sobre la decisión de Hacienda de retirar el decreto de Contraloría, Pinto señaló que ello “no significa que su objetivo final no se vaya a concretar. El Ministerio de Hacienda con la Dirección de Presupuesto, de acuerdo a criterios técnicos, van a realizar modificaciones a esta iniciativa, ya que ministerios y servicios requirieron reasignar recursos, pero se mantendrá la contención de gasto en US$1.100 millones. Eso no cambia” aseguró.
La autoridad expresó además que con este programa de ajuste se busca instaurar “una cultura de tolerancia cero al derroche de los recursos de todos los chilenos”, y que este ajuste fiscal es una propuesta “responsable, que se viene a hacer cargo del déficit fiscal estructural de unos 1.200 millones de dólares, los que se suman a 5.500 millones de dólares, correspondiente a presiones de gastos comprometidos sin financiamiento”.
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Modificaciones bajo la lupa
Para el senador Jorge Pizarro, el gobierno tomó la decisión de retirar el decreto 651 básicamente, porque “hay una contradicción gigantesca. Por un lado el presidente sale manifestando que va a respaldar y fortalecer la educación preescolar y salas cuna, y por otro lado, recorta los presupuestos de Integra, de la Junji, de la Junaeb, y lo mismo ocurre con el fortalecimiento de la educación técnica profesional”.
Al mismo tiempo, el parlamentario la DC apuntó que el retiro del documento desde el organismo fiscalizador se explica porque éste “detectó una serie de observaciones que implican la modificación de la forma en cómo fueron planteados esos recortes, pues hay partidas que no corresponden. En definitiva estaba mal hecho” expresa.
Sobre la evaluación aparentemente negativa que se estaría haciendo del programa SENCE y Más Capaz en la cartera de Trabajo, Pizarro afirmó que es un error.
“Incluso en estos días, con las propias autoridades regionales actuales, hemos estado entregando certificados al término de estos programas de capacitación, sobre todo a jóvenes y mujeres que han ido adquiriendo determinados oficios, que han ido siendo capacitados en la producción y comercialización de sus productos, así como en el desarrollo de emprendimientos, que les permiten tener una actividad económica que les da sustento” afirmó.