El 4 de noviembre de 2017 fue un día que marcó el destino de Sofía Guaman y su familia. Esa tarde la estudiante de sexto básico fue atropellada por un vehículo en avenida Manuel Peñafiel, de la parte alta de la ciudad de Ovalle.
La escolar falleció tras luchar por su vida durante días en un centro asistencial de la región. El 8 de noviembre el conductor del móvil involucrado fue detenido por personal policial en Buin.
Han pasado varios meses y la familia de la niña continúa en una disputa legal contra el formalizado, un ciudadano italiano (sin antecedentes previos) que por estos días permanece en arresto domiciliario nocturno en la capital a la espera de ser acusado por la Fiscalía.
Pedir justicia en medio del dolor
“Igual es difícil, es complicado porque aparte es como no tener la certeza de qué va a pasar. Con todo lo que hemos vivido judicialmente nos hemos dado cuenta que él tiene todas las de ganar, todo el favor. No me gusta decirlo pero nosotros que somos las víctimas al final no tenemos de qué agarrarnos”, afirma Ximena González, madre de la víctima.
Según su punto de vista el proceso no ha sido complejo para el imputado, sino que todo lo contrario. “Para nada confío en la justicia porque al final él tiene el favor, yo soy la víctima y tuve que contratar un abogado, y él que es el delincuente tiene abogado. Ahora tiene el privilegio de estar en su casa (medida cautelar de arresto domiciliario) porque los carabineros van directo para que él firme, ni siquiera se tiene que acercar a una comisaría a hacerlo”.
Por otro lado, la madre de Sofía se declara crítica de la labor realizada por el Ministerio Público. “Tengo comunicación con el fiscal, siempre estoy pendiente de todo lo que va pasando, pero hay muchas cosas que me entero a través del sistema online (…) Al final encuentro que (el fiscal) no ha hecho su pega como corresponde, se queda con lo que tiene y más allá no quiere investigar, no quiere saber nada más. Tiene las pruebas que el tipo se arrancó, pero no quiere ir más allá, por ejemplo, cómo iba él, por qué se subió a la berma, en qué condiciones”.
Tampoco está del todo conforme con que el sujeto sea acusado de un solo delito, “el fiscal quiere cerrar por una sola causa y nosotros no queremos por esa, buscamos que él haga cárcel (…) El fiscal solamente contempla que lo condenen por fuga”, añade.
González también dice estar decepcionada de la Ley Emilia, la cual de acuerdo a sus palabras, ”lo condena, pero no es constitucional entonces él puede apelar porque tiene ese beneficio las veces que él quiera (…)”.
La madre no oculta que la situación se ha tornado frustrante, “nos hemos encontrado con barreras, somos las víctimas pero no podemos avanzar. He tenido que buscar mis propias herramientas, y no ha sido nada el avance porque al final está libre, ahora él tampoco cumple y queda en nada. Lo más ‘chistoso’ es que sube fotos a su Facebook comiendo, con una vida feliz y normal, ¿por qué? No entiendo, eso es parte de su vida personal pero él mató a una persona, no mató a un perro”.
¿Qué sanción espera la familia?, ella declara que, “el tema económico me da lo mismo, no me interesa que me indemnice ni que me de plata, no me va a devolver a mi hija. Yo quiero que pague con cárcel”.
Fiscalía
El fiscal del caso, Jaime Rojas, explicó que el ciudadano italiano fue formalizado por el delito de abandono del lugar del accidente sin prestar auxilio ni dar cuenta a la autoridad competente.
En torno al supuesto reciente incumplimiento de la medida de reclusión parcial nocturna domiciliaria, aclaró, “en agosto de este año, según Carabineros la persona habría incumplido en una fecha puntual. Se requirieron antecedentes, tanto por la Fiscalía como por el Tribunal, y a su vez en la audiencia la parte que defiende al formalizado adjuntó antecedentes. Entonces el sujeto sí se encontraba en el lugar, pero carabineros tuvo que ir a otro procedimiento, por lo tanto, dieron cuenta como que él no estaba, se encontraba en dependencias de su condominio”.
Sobre la situación actual del caso, sostuvo, “el colega querellante pidió la ampliación de plazo para hacer diligencias, tiene que hacerlas y a partir de ahí estamos llanos ya a acusar de hecho y pedir una sanción determinada que establece la ley”.
El persecutor mencionó que no puede referirse en profundidad elementos de la carpeta investigativa, pero que, “testigos prestaron declaración directamente con la Fiscalía”, y en ellos se dio cuenta del hecho y de la misma figura por la que fue formalizado el conductor italiano. “Objetivamente creemos que con los antecedentes está acreditado el hecho”, sentencia.
De acuerdo a Rojas, los rangos de pena para este tipo de delito van de 3 años y un día a 5 años, la cual no es necesariamente efectiva, “la regla general es que toda persona que no tenga antecedentes penales y sea condenado puede ser objeto de una pena sustitutiva o alternativa a una que sea privativa de libertad. En este caso por la Ley Emilia del 2014 que fue modificada, se establece que sin perjuicio de que se conceda una pena alternativa a una privativa de libertad, puede ser suspendida esa pena alternativa y debería el condenado estar un año privado de libertad”.