Al menos dos religiosos que ejercieron labores en la provincia del Limarí, forman parte de los 122 clérigos de la Iglesia chilena que han sido investigados por abusos sexuales.
Hace algunos días el diario Las Últimas Noticias publicó un listado de las identidades de cada uno de ellos y los procesos tanto civiles como canónicos que se llevaron a cabo ante las denuncias. Esa información fue obtenida a través de la ONG norteamericana Bishop Accountability, la que mantiene sede en Boston, Estados Unidos. Dicha agrupación fue fundada hace ya 15 años y recopila archivos judiciales, documentos públicos y reportajes de prensa en un banco de datos para identificar cada caso a nivel mundial.
Caso Escalante
El sacerdote Nibaldo Escalante Trigo fue párroco en “San Vicente Ferrer” de Ovalle y “San Juan Evangelista” de Las Compañías, La Serena y se desempeñó además Vicario Parroquial en “Cristo Resucitado” de Tierras Blancas, Coquimbo.
Respecto a la sentencia canónica recibida por el sacerdote Nibaldo Escalante Trigo, en enero de 2008, desde el Arzobispado de La Serena, comentaron que, “en juicio canónico se le impuso de por vida la prohibición de realizar cualquier oficio eclesiástico y otras prohibiciones anejas”.
En el sitio de la ONG además se exponen algunos antecedentes de las denuncias contra Escalante, entre ellos que en noviembre de 2002, la periodista investigadora Alejandra Matus publicó en el diario La Nación el caso de un joven, de quien Escalante habría abusado en la década de 1990.
Según la víctima de Escalante, éste le acarició las piernas y la espalda mientras viajaban en el auto del sacerdote de la casa del joven en Ovalle a la iglesia. Una vez en la iglesia, el padre lo acarició por todo el cuerpo, lo besó y lo abrazó, repitiendo a cada momento lo impresionado que estaba por el desarrollo del muchacho.
De igual modo se señala que, años antes otro sacerdote lo había sorprendido a Escalante acostado con un joven en la casa parroquial y había denunciado el hecho ante el entonces arzobispo Cox, quien no prestó atención a las acusaciones alegando que “no había pruebas”.
De igual modo, Bishop Accountability consigna que , “sin el conocimiento del público, Escalante fue suspendido de por vida del ministerio sacerdotal por el Vaticano en 2008. La arquidiócesis le proporcionó una vivienda en su pueblo natal, Andacollo, en la provincia de Elqui, región de Coquimbo, donde se informa que fue visto organizando grupos vocacionales de jóvenes junto al rector del santuario diocesano”.
Caso Peña
El sacerdote René Peña Benítez, fallecido el 27 de enero de 2017 a los 66 años, también forma parte de la lista de la ONG.
Peña nació el 24 de abril del año 1950. A los 25 años postuló al Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Se le confirió de manos del Arzobispo de La Serena, Mons. Juan Francisco Fresno Larraín, el Sagrado Orden del Presbiterado, en el Seminario de la capital del país.
Su primera misa fue oficiada en la parroquia “Santa Rosa” de Lo Barnechea. El 24 de marzo del año 1983 fue autorizado para prestar sus servicios pastorales en la Arquidiócesis de La Serena, donde trabajó en distintas comunidades: Parroquia “Inmaculada Concepción” de Paihuano, “San Isidro” y “Nuestra Señora de Lourdes” de La Serena, “San Vicente Ferrer” de Ovalle, “San Francisco de Borja” de Combarbalá, “San Luis Gonzaga” de Coquimbo, Movimiento de Schoenstatt en el Santuario Tabor de Peñuelas, fundador de la comunidad parroquial “Cristo Resucitado” de Tierras Blancas”.
De acuerdo a información recabada por diario El Día en esa época, en el año 2004 el Tribunal Oral de La Serena lo condenó a 541 días de cárcel por el delito de abuso sexual contra un paciente internado en estado de coma profundo en la UCI del hospital San Pablo de Coquimbo. Por esta causa, el religioso quedó suspendido de ejercer su labor sacerdotal y a cancelar los costos del proceso.
Los hechos se comprobaron mediante testimonios de funcionarios del nosocomio, que en aquella oportunidad afirmaron que Peña abusó de un joven que en ese entonces tenía 21 años, mientras le realizaba la ceremonia de la extremaunción de los enfermos en abril de 2003. Debido a la irreprochable conducta anterior, el tribunal le concedió a Peña el beneficio de la pena remitida, por lo que debió firmar mensualmente en el Patronato de Reos.