Problemas en nuevos conjuntos habitacionales en Ovalle: ¿Hay suficiente fiscalización?

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    El pasado mes de junio, vecinos de Condiminio Ovalle 1 y 2 denunciaron filtraciones de gas. Crédito: Kamila M.

    El sueño de la casa propia es un anhelo para varias familias, pero se puede convertir en una verdadera pesadilla cuando a sólo semanas o meses de haber recibido la llave de la vivienda, saltan a la vista graves deficiencias como filtraciones de agua y gas, además de dificultades con la obra gruesa.

    Lamentablemente en estos últimos meses han sido los propios propietarios los que han encendido la alerta sobre las irregularidades que han sufrido en sus respectivas nuevas viviendas. Sólo este año en la ciudad se han denunciado situaciones en tres nuevos conjuntos habitacionales, se trata de Condominio Ovalle 1 y 2, Condominio Mirador Ovalle y Villa Talhuén.

    CONDOMINIO OVALLE 1 Y 2

    El 2016 en la  Población Ariztía se hizo entrega del proyecto social Condominio Ovalle 1 y 2.  En él, 288 familias del sector fueron beneficiadas y acogidas al subsidio habitacional. Las viviendas, de 56,40 mts2, están distribuidas en 18 edificios, de cuatro pisos y 16 departamentos cada uno.

    Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para los residentes, ya que el pasado mes de junio  denunciaron diversas fallas en el sistema de gas licuado,  los que los llevó a mantener el servicio suspendido durante días. La problemática se desencadenó luego de que se llevara a cabo un proceso de certificación de las instalaciones, en que se evidenció la presencia de 120 hogares con fugas de gas, además de problemas con las redes y matrices generales.

    Si bien los inconvenientes con el gas ya habían generado complicaciones en algunas torres, el viernes 15 de junio de este año, estalló la situación con una revisión que se realizó por indicación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) con el fin de acreditar el estado de los sistemas de distribución.

    Luego de llevar a cabo el intenso proceso de supervisión puerta por puerta y en todos los sectores exteriores a los departamentos, la empresa encargada reconoció la existencia de fugas e imperfecciones en un número considerable de hogares, solicitándose el corte inmediato por el peligro de emanación de gas.

    El administrador del lugar, Ricardo González, se refirió al problema con El Ovallino, manifestando, “se encontró fuga en la mayoría de las torres, 120 departamentos en total, a raíz de eso nosotros nos contactamos con la empresa para ver el tema de las garantías que existen”.

    Al mismo tiempo, había contado, “nosotros ponemos en duda cómo se obtuvo la certificación y cómo se aprobaron los departamentos. La empresa alude que este problema se generó por temas de antigüedad, pero llevamos dos años habitando el condominio. A nuestro parecer es imposible que en ese tiempo hayamos arruinado el sistema del gas”.

    Condominio Mirador Ovalle

    El segundo caso que ha salido a la luz, es el denunciado en el pasado mes de octubre por los copropietarios de los departamentos del Condominio Mirador Ovalle, ubicados en avenida Romeral. Se trata de un conjunto habitacional de 120 departamentos de 50 m2 con 2 y 3 dormitorios. Problemas estructurales, con servicios básicos, además de la posibilidad de embargo, son algunos de los temas que les preocupan enormemente.

    Nataly Rodríguez compró su departamento y lo pagó al contado.  En agosto de este año finalmente se lo entregaron y se mudó a vivir ahí con su pequeño hijo. Al poco tiempo se dio cuenta que su casa propia no cumplió sus expectativas. “No estoy tranquila viviendo aquí, tengo que estar todo el día cortando las válvulas del gas y del agua. No tengo calidad de vida, soñé con un hogar en donde iba a estar tranquila, me tienen que entregar una vivienda bien hecha”, contó a El Ovallino.

    De igual modo, la secretaria del comité de pro adelanto, Jenny Muñoz, consideró que las problemáticas son a nivel general, “tanto en temas de infraestructura gruesa, en cañerías de gas y de agua, en ventanales que con cualquier viento vibran. Hay una infinidad de dificultades en este condominio”, dijo a este medio.

    Otro dato no menor es que alrededor de un 20% del proyecto fueron viviendas sociales y el otro porcentaje fue adquirido mediante hipotecas, subsidios o pagos al contado. Los vecinos calculan que alrededor de 20 familias que compraron estarían viendo peligrar sus viviendas.

    Camila Álvarez, una de las denunciantes y copropietarias del proyecto, dijo a este medio que, “en los casos en que ha tenido que salir dinero de nuestro bolsillo estamos con las escrituras retenidas, no se nos ha inscrito la propiedad en Bienes Raíces porque la inmobiliaria tiene una deuda de sobre los 120 millones de pesos (…) Estamos con orden de embargo, así figura en Bienes Raíces”.

    Villa Talhuén

    El tercer caso tiene que ver con un proyecto ubicado en la salida norte de la ciudad. En mayo de 2016 y luego de años de espera, recibieron sus llaves 124 familias de Ovalle que formarían parte del proyecto habitacional “Talhuén” impulsado por el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se trató de un conjunto habitacional que erradicó definitivamente 3 campamentos entregando viviendas para 52 familias de los asentamientos “Media Hacienda”, “Ribera del Rio” y “Puntilla de Barrancas” en la capital de Limarí.

    El mes pasado vecinos denunciaron problemas en uno de los suministros básicos al interior de las casas. Cerca de 30 fueron las familias afectadas con inconvenientes en sus cañerías, así lo confirmó a este medio Bianca Santander, presidenta de la junta de vecinos del sector, quien además añadió que desde junio empezaron con dificultades.

    Eduardo Rivera, quien también es vecino de la población, comentó que las fallas en las tuberías no serían el único problema que enfrentan. “Las casas están muy mal hechas, mi señora es dueña de la casa de ahí, por las ventanas se entra el aire por todos lados, además está el tema de las cañerías”, indica, agregando que “pusieron de esas cañerías de goma que se usan ahora y se rompieron”.

    Rivera añadió que muchos vecinos han tenido que pagar altas sumas  de dinero en cuentas de agua potable. “Una vecina de nosotros se le rompió y le salió como 80 mil pesos de agua, yo ayer me percaté porque mi medidor giraba con todas las llaves cerradas y un charco de agua que se me hizo en el patio de atrás”.

    Con respecto a las soluciones, la presidenta de la junta de vecinos había indicado que existe un compromiso de parte de la constructora de arreglar a quienes lo soliciten y que los problemas se dan con quienes repararon por su cuenta. “Ellos pueden resolver los casos de quienes escribieron correos, si uno va directamente a la empresa ellos vienen en uno o dos días a solucionar el problema, pero hay gente que no se ha dado cuenta, les ha salido mucha agua y han tenido que solucionar de forma particular sus problemas”.

    Además de las cañerías de agua potable algunos vecinos del sector comentaron el mes pasado a El Ovallino que han tenido inconvenientes con sus calefón, algunos de ellos nunca habrían funcionado.

    Así lo señaló una de las vecinas del sector, quien  no quiso identificarse, ella  aseguró que prefiere ducharse con agua fría, “a mi madre el calefón le duró una vez, compró las pilas y ya a la segunda no funcionó más, yo le caliento agua a mis niños”. Al mismo tiempo añadió que los seguros de las ventanas no funcionan y que debe poner un palo para asegurar que no se abra, según ella, todos los fallos se dan por la rapidez con la que hicieron la construcción, “entregaron las casas muy rápido”.

    ¿Quién y cómo se fiscaliza?

    Respecto a la interrogante sobre la calidad de las construcciones entregadas en la comuna de Ovalle, el gobernador del Limari, Darío Molina, explica que toda construcción que se hace en una ciudad, “pasa por una serie de regulaciones y fiscalizaciones”.

    Primero tiene que haber una recepción municipal, “para eso tiene que hacer un chequeo que lo lleva haciendo durante la construcción, sobre los planos, la calidad constructiva, las conexiones de agua potable, electricidad, alcantarillado, incluso hasta la telefonía, etc”, dice.

    De esa forma, “una autoridad competente certifica que se haya realizado bajo las normas constructivas que establece la ley y todas las conexiones de distintos servicios de energía se tienen que consolidar”.

    Lo mismo pasa con edificación que tienen participación del Estado, “los inspectores fiscales realizan un control sobre la obra constructiva”.

    Molina aclara que luego de esos controles y cuando la gente comienza a habitar las viviendas pueden surgir problemas, “ahí hay que analizar si fueron bien tomados esos controles y si cumplen aquellas normas que establecía la ley. Eso lo pueden hacer los vecinos a través de la denuncia”.

    De igual modo, la máxima autoridad provincial destaca que las propiedades cuentan con una garantía de  5 años, “legalmente están protegidos, además durante un año la administración queda a cargo de la empresa, por lo tanto, tienen la obligación de ir corrigiendo cualquier error que no estuviera en los contratos. Esa es la manera cómo el Estado protege y garantiza la construcción en Chile”.

    El gobernador menciona que después de los 5 años de garantía, también existen otras instancias, entre ellos, los Tribunales de Justicia, “una persona puede demandar a una empresa que no prestó el servicio que había prometido en un contrato, por ejemplo, que entregó una casa que no estaba con las terminaciones establecidas”.

    Pero a pesar de todo lo anterior, ¿por qué hay problemas que siguen saliendo a la luz?, la autoridad, afirma, “creo que tenemos que darle una vuelta a ver siempre si se puede mejorar la fiscalización, siempre se pueden mejorar los protocolos, la información a la gente, creo que eso puede faltar, a lo mejor se requieren diálogos, tal como hacemos nosotros con las obras fiscales, los APR y los caminos, en donde se establecen encuentros con la comunidad durante el inicio , a mitad y al final del proyecto. Aquello para que vayan siendo informados de cómo se está realizando la obra, que ellos puedan visitar y mirar el lugar, comprobar que se están haciendo las cosas bien”.

    Otro punto que aborda Molina es en relación a las críticas del sector opositor, en particular por una columna escrita hace unos días por el diputado Daniel Nuñez, titulada “Viviendas de calidad en Ovalle”, en donde puso en tela de juicio la fiscalización que se está realizando. Sobre aquello, el gobernador sostuvo, “éstos son todos proyectos entregados durante el gobierno anterior, de tal manera que nuestra responsabilidad es hacernos cargo como gobierno de lo que ha ocurrido, pero no son cosas que nosotros realizamos”, concluye.

    Calidad en tela de juicio

    El pasado miércoles en Ovalle se realizó la entrega del proyecto de viviendas sociales  Condominio Ovalle 3 y 4, el que beneficiará a 245 familias de la ciudad. Una de las autoridades que arribó a la jornada fue el diputado Daniel Nuñez.

    Al ser consultado por los problemas en las construcciones en Ovalle, contó, “estoy muy preocupado porque tenemos problemas en viviendas sociales pero también en viviendas en donde hay subsidios parciales del Estado e incluso en algunas que se compran sin ningún tipo de subsidio”.

    En la misma tónica, el parlamentario declaró que, “hay problemas muy fuertes de calidad en la construcción en la región, no diría que son estructurales, son más bien aspectos muy importantes en la calidad de vida que hay que atender bien. Lamentablemente los sistemas de post venta que tienen las constructoras no están respondiendo a las denuncias y los problemas que nos plantean los vecinos”.

    “Tiene que haber mayor certeza y una seguridad total de que la calidad es la necesaria para la gente”, cerró.

    Serviu

    Respecto al tema, desde Serviu, aseguraron que el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dispone que el propietario primer vendedor de una construcción, ya sea la empresa inmobiliaria, la empresa constructora o el Serviu (sólo en el caso de viviendas básicas), será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios.

    En el caso de que la construcción no sea transferida, esta responsabilidad recaerá en el propietario del inmueble respecto de terceros que sufran daños o perjuicios como consecuencia de las fallas o defectos de aquella.

    La entidad añadió que el propietario primer vendedor estará obligado a incluir en la escritura pública de compraventa, una nómina que contenga la individualización de los proyectistas y constructores a quienes pueda asistir responsabilidad en las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios. Tratándose de personas jurídicas deberá individualizarse a sus representantes legales. Las condiciones ofrecidas en la publicidad se entenderán incorporadas al contrato de compraventa. Los planos y las especificaciones técnicas, definitivos, como asimismo el Libro de Obras, se mantendrán en un archivo en la Dirección de Obras Municipales a disposición de los interesados.

    La responsabilidad civil, tratándose de personas jurídicas que se hayan disuelto, se hará efectiva respecto de quienes eran sus representantes legales a la fecha de celebración del contrato.

    Plazo del ciudadano para interponer la demanda si la vivienda tiene problemas de calidad

    Serviu aclaró que se trata de 10 años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble y 5 años, cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones. Además de 3 años, si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras.

    En los casos de fallas o defectos no incorporados expresamente en los numerales anteriores o que no sean asimilables o equivalentes a los mencionados en éstos, el plazo para interponer la demanda será de cinco años.

    Los plazos se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales, con excepción del señalado en el número 3, que se contará a partir de la fecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

    “Como Ministerio defenderemos el respeto hacia las familias y el cumplimiento de las garantías de sus viviendas. Así como también,  la educación que ellos deben tener respecto a los deberes de los comités”, expresó al respecto el seremi de Vivienda, Hernán Pizarro.

    La autoridad, además añadió, “todo lo que se haga respecto de las viviendas, ya sea nuevas o mejoramientos, tienen garantías. Hoy día hay una ley que aplica a las viviendas sociales o privadas, en donde hay un horizonte de hasta 10 años donde las constructoras e inmobiliarias tienen que hacerse cargo de la calidad de los bienes que están entregando. Entonces nosotros a fiscalizar que eso ocurra y se cumpla”.

    Derechos del consumidor

    Desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) manifestaron que, “los consumidores tienen derecho a recibir un servicio con estándares de profesionalismo de parte de las empresas inmobiliarias, lo que implica, por ejemplo, que se respeten al pie de la letra lo ofertado”.

    En ese sentido, aseguraron, “si las empresas ofrecen ‘entrega inmediata’, ‘espectacular vista a la cordillera’ o ‘amplias piscinas’ y ‘áreas verdes’, es lo que exactamente los consumidores deben recibir”.

    En cuanto a los derechos de los consumidores frente al tema de las viviendas, detallaron que precisamente el primero de ellos es, que se cumpla al pie de la letra todo lo prometido, por ejemplo, con los plazos de entrega y las características de la vivienda, así como las promociones, ofertas y los stocks informados de vivienda disponible a la venta.

    Otro derecho es recibir información veraz y oportuna. Esto significa que las empresas no deben omitir ningún aspecto relevante, antes, durante y después de la compra. Por ejemplo, informar además del precio incluido los impuestos, en los casos que aplique, además la superficie total y útil del inmueble que se están ofertando, la de sus terrazas, bodegas y estacionamientos.

    Sumado a eso, el consumidor tiene derecho a conocer el precio final, con los impuestos incluidos. De igual modo, cuando las inmobiliarias no cumplen la ley, los consumidores tienen derecho a reclamar y exigir las compensaciones que correspondan.

    ¿Cuándo deben responder las empresas?

    Sernac precisó que las empresas deben responder cuando se producen fallas o defectos en la calidad de la vivienda, en los plazos que establece la normativa vigente.

    En las terminaciones o de acabado de la obra, durante los primeros 3 años, desde la fecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En los elementos constructivos o de instalaciones de la obra, durante los primeros 5 años, desde la fecha de la recepción definitiva de la obra. En la estructura soportante del inmueble, durante los primeros 10 años desde la fecha de la recepción definitiva de la obra.

    La normativa especial incluye además el procedimiento para demandar colectivamente por los daños y perjuicios en la calidad de las construcciones. Para poder ejercer este tipo de acciones se requiere que el número de afectados sea de 6 o más propietarios. Es decir, si existe un grupo de 6 o más afectados por mala calidad de construcción en un conjunto habitacional, el Sernac puede iniciar un juicio colectivo bajo la Ley de Calidad de la Vivienda.

    Recomendaciones al comprar una vivienda

    De acuerdo a Sernac, al momento de comprar una vivienda, un buen consejo es guardar los soportes publicitarios, los que le servirán para saber qué exigir y tener las pruebas en caso de cualquier incumplimiento.

    En el caso de las compras en verde, la Ley de Calidad de la Vivienda exige una póliza de seguro a la empresa que garantiza al consumidor la recuperación del dinero pagado en caso de que no se realice el proyecto.

    Espaldarazo municipal a Condominio Ovalle 1 y 2

    En torno al tema de las viviendas sociales, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, indicó que está en conocimiento de las distintas problemáticas que se han suscitado tanto en el Condominio Social como en otros casos presentados en este reportaje, “ya que como municipio somos el primer organismo que acoge las necesidades de la comunidad, canalizando sus solicitudes y articulando los apoyos que se requieran con autoridades provinciales y regionales”.

    En el caso de Condominio Ovalle 1 y 2, la máxima autoridad comunal precisó que se ha trabajado con las directivas de las juntas de vecinos para resolver diversas problemáticas, “algunas que ya se han ejecutado y otras prontas a concretarse. Por ejemplo, instalamos luminarias en los alrededores de los edificios, preocupándonos además de su mantención. Hay un sector que aún nos falta iluminar, pero que debido a lo angosto del portón de acceso no hemos podido terminar”.

    Es por ello que a través de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan), se están comprando los materiales necesarios para agrandar el acceso, ya que -hasta ahora- tampoco pueden ingresar ambulancias ni carros de bomberos, “por lo que el recambio el portón es una acción sencilla, pero muy relevante”, agregó.

    Pero no es todo, ya que además, el municipio mejorará las dos sedes sociales con las que cuenta el Condominio Social, las que fueron entregadas sin terminaciones, “mediante la pintura interior y exterior, instalación de cerámicos en pisos, muros y en baños, e iluminación led”.

    Asimismo, y con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos, el Municipio de Ovalle realizará un proceso de licitación pública para instalar cámaras de seguridad en distintos puntos estratégicos de los condominios-

    “Mi responsabilidad como alcalde es garantizar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Ovalle y eso es lo que estamos haciendo”, sostuvo el edil.

    Otro punto es el apoyo que entregan apoyo a quienes postulen a subsidios de mejoramiento. Aquello ya que en el caso de las viviendas sociales, pueden estar desprovistas de algunas terminaciones, por lo que las políticas habitacionales permiten trabajar apuntando a concretar esos mejoramientos necesarios.

    De acuerdo a lo informado desde la Oficina de la Vivienda del Municipio de Ovalle, actualmente se está trabajando con familias del mencionado condominio, haciendo un levantamiento de información y posterior postulación al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, el que lamentablemente para este año no tiene nuevos llamados, por lo que se está a la espera que para el próximo año el Serviu cuente con recursos para asignar.

    En tanto, en relación a los proyectos de naturaleza privada, Rentería declaró que, “el propietario debe tener claro que luego de firmar la compra del inmueble hay un periodo de post venta, donde hay ciertas garantías que las empresas deben resolver”.