Desde hace al menos cinco décadas, pero con especial fuerza en los medios de comunicación, en estas dos últimas décadas, se viene advirtiendo con fuerza que el desierto de Atacama “avanza” gradualmente hacia el sur.
Es más. Según un estudio de CONAF, para el año 2050 se proyecta que el clima de nuestra zona será similar al que hoy registra la región de Atacama y a su vez, la Región Metropolitana registrará las condiciones climáticas que hoy tiene la zona. Es decir, para mediados del siglo XXI, el paisaje de Santiago podría ser igual al que tiene Ovalle hoy por ejemplo. La causa: el avance acelerado de la desertificación.
Siempre considerada como una especie de “colchón” entre el desierto de Atacama y la Zona Central del país, la región de Coquimbo hoy sufre en carne propia este proceso de perdida de suelos fértiles: mientras que a nivel nacional, Chile presenta un 21% de su territorio con un nivel importante de degradación, nuestra región es la más afectada del país en este tema, pues el 96% de su territorio se encuentra en esta condición de riesgo a desertificación grave, y media, mientras que sólo un 4% con riesgo a desertificación leve.
Las razones para la existencia de este fenómeno natural son numerosas, pero sobre todo influye el progresivo cambio climático del cual en estos años hemos sido testigos, y que para nuestra región se traduce en una dramática disminución en el monto de las precipitaciones, tanto de las lluvias caídas en los valles, como la nieve acumulada en la cordillera.
Con estas características, más la actividad humana que acabó con abundantes espacios de flora nativa, la zona afectada por la desertificación va tomando las características de una zona desértica producto precisamente, de la destrucción de la capa vegetal.
Ante tal escenario, la disminución en la cantidad de lluvia caída, sumada a la perdida de la flora nativa, ha ido facilitando el proceso de erosión del suelo, y por ende, de la perdida de los nutrientes que sostenían hasta no hace mucho tiempo, una próspera actividad agrícola.
TIERRA Y AGUA
Para intentar un freno al proceso de desertificación, en 1998 el Estado de Chile creó un instrumento legal para poner a disposición de los organismos del agro y de los propios agricultores, el cual fue actualizado en 2010: la Ley 20.412, denominado Sistema de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), instrumento de fomento elaborado por el Ministerio de Agricultura.
En concreto, eso se traduce en el financiamiento y la aplicación de prácticas, labores y manejos que vayan en dirección de enfrentar lo que es la escasez hídrica y evitar la degradación y erosión de los suelos, el cual se aplica a través de dos instituciones: el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) – para los que agricultores que son usuarios de INDAP -, y el propio INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario).
Este programa se aplica además a través de dos dimensiones: conservación del suelo (medidas para detener la erosión) y ampliación de éste (introducción de elementos naturales y/o tecnológicos para aumentar el rendimiento de los campos y la retención de humedad). Todas estas condiciones han generado que cada sean más los agricultores que se interesen en postular a este programa.
Además, el programa bonifica hasta un 90% de las labores que deban realizar los agricultores que postulan, entre las cuales destacan los llamados “Cercos Vivos”, labores de emergencia, norias, bebedores para animales, establecimiento de praderas, microterrazas, y otra serie de obras dirigidas a la recuperación de los suelos agrícolas afectadas por la erosión y la acumulación de agua, objetivos básicos del programa.
Ese es el caso de Mauricio Montalván, pequeño agricultor de la Comunidad Agrícola Los Pozos del sector Los Canelos, quien valoró la aplicación de este programa pues “cerramos nuestros goces para hacer nuestra huertas y podemos desarrollar plantas forrajeras para nuestro ganado caprino. Ya estamos trabajando la tierra, y queremos ahora tener una plantación de cítricos en el caso mío. El resto de la tierra lo uso para pradera para ganado”.
RECURSOS PARA EL LIMARÍ
Mauricio Montalván fue precisamente, uno de los agricultores beneficiados con los recursos de dicha ley, y que este viernes se hizo entrega de bonificaciones por dicho programa que benefició a agricultores de toda la región para usuarios del SAG.
En total, la entrega de recursos fue por una suma de 637 millones de pesos para proyectos que tienen por objetivo recuperar el potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y mantener los niveles de mejoramiento alcanzados.
De estos, más de 500 millones fueron destinados al Limarí, beneficiando a un total de 82 personas.
“Esta es la obligación que tiene el Estado de Chile para la gente que trabaja la tierra con el objetivo de devolverle a la misma tierra lo necesario para aprovecharla mejor. Es una fórmula que permite que la agricultura media fundamentalmente, tenga mejoras en sus producciones y posibilidades de mejorar su calidad de vida” señaló durante la ceremonia, el director nacional del SAG, Horacio Bórquez.
Por su parte, el gobernador Darío Molina aseguró que “estamos invirtiendo no sólo a través del SAG en suelos degradados, sino también en canalizar canales, entubarlos, y recuperar lo que se pierde en agua por infiltración o en evaporación”.
PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES AGRICOLAS
Lo cierto es que el Programa de Recuperación de Suelos Degradados es una iniciativa sumamente valorada por el mundo rural no solo por la mejora de la condición productiva del suelo y su rehabilitación, sino que además permite apoyar el tema del empleo agrícola, especialmente durante el invierno.
No obstante, persiste un problema: las comunidades agrícolas de la región – que cubren el 25% del territorio regional – no pueden acceder, como persona jurídica, a las postulaciones que dispone el programa.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas del Limarí, Mirta Gallardo, explica que varias comunidades agrícolas al momento de postular, quedaban fuera o en listas se espera, pues al momento de la asignación de puntajes, logran un puntaje muy bajo debido al tamaño de las superficies del predio versus la superficie a intervenir con el plan de manejo.
“Hemos solicitado que para solucionar eso, haya un programa especial para las comunidades agrícolas, lo que significa colocar un par de criterios más dentro de la medidas de evaluación, porque el software del sistema nos deja automáticamente fuera” sostiene.
En esa línea, la presidenta del Consejo Regional Campesino, Leticia Ramírez, señaló que el instrumento del programa “no tiene la flexibilidad suficiente como para que las comunidades agrícolas puedan hacer un mayor aporte para mejorar sus suelos. La estrategia general del programa de manejo sustentable de la tierra dice que el Estado de Chile se compromete a mejorar todos sus instrumentos del ministerio de Agricultura, cuestión que hasta hoy día no ha ocurrido” afirma.
Otro de los cuestionamientos manifestados por las dirigentas, tiene que ver con la disminución que sufrió el programa de suelos degradados durante este año: de 937 millones de pesos, al final quedó en 637. O sea, 300 millones de pesos menos.
“Estos 300 millones que se nos redujo se resienten, más siendo que este año estamos en una zona donde se nos están secando los pozos, las vertientes y las norias de los territorios rurales, y eso que estamos todavía en diciembre” señaló Mirta Gallardo.
Al respecto, desde el ejecutivo se señaló que a causa del reajuste presupuestario que sufrió el SAG, “motivados por razones de prioridad fitosanitaria y al tenor de situaciones de emergencias ocurridas en el presente año” fue necesario aplicar una reducción a los recursos asignados al programa.
Para el director nacional del SAG, Horacio Bórquez, se mostró confiado en poder aumentar los recursos para el programa. “Todavía no me ha llegado la ley de Presupuesto a mi oficina, pero sé que vamos a tener un poco más de recursos, y podríamos quizás a llegar a recuperar los recursos que tuvimos años atrás” sostuvo.