Una denuncia en contra de la Defensoría Penal Pública fue interpuesta por una exdefensora que prestó sus servicios en Ovalle cuando ocurrieron los hechos que denuncia y que tiene fecha para el juicio el próximo 27 de junio en el tribunal del Trabajo de La Serena.
Quien denuncia el acoso laboral, pero que además involucra el envío de imágenes sexuales al whatsapp donde se coordinaba el trabajo, es María Fernanda Rojas Pinto, la que es representada en este caso por su hermana, María Belén Rojas Pinto, quien también es abogada.
Si bien el lunes recién pasado se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, los hechos habrían comenzado a desarrollarse en octubre de 2017, cuando la afectada era defensora penal en la comuna de Ovalle desde el año 2014.
Según da cuenta la abogada querellante, María Belén Rojas, lo que han denunciado ante los tribunales son sucesos de acoso laboral con claros signos sexuales de por medio y que todo comenzó cuando sin motivación previa alguna, el jefe del equipo de defensores públicos de Ovalle, al que identifica como G.T. habría enviado una serie de fotografías de grueso calibre sexual al whatsapp en el que el equipo coordinaba el trabajo diario, compuesto por abogados y donde la única mujer era María Fernanda Rojas, quien se molestó por dicha acción y lo hizo saber por el mismo medio, reprochando la actitud de su jefe.
“En octubre del año 2017 tuvo que soportar que su jefe directo, comenzara a enviar fotografías de mujeres desnudas, algunas teniendo sexo explícito con otras mujeres, donde se les asimilaba su color de piel y edad al añejamiento de los whisky y el color de las etiquetas al color de su piel o de cabello”, afirma la abogada querellante María Belén Rojas.
La profesional muestra las fotografías que fueron subidas al whatsapp y también el diálogo que se presentó en esa oportunidad, donde su hermana se molesta por las fotografías y lo considera una falta de respeto, pero es víctima de burlas.
En parte de ese diálogo la afectada, María Fernanda Rojas le señala a su jefe: “Que desubicado, yo no mando fotos de hombres sin ropa en este grupo”.
G.T. responde “Oh”
María Fernanda: “Creo que no es el lugar tampoco para mandar fotos de mujeres sin ropa si hay una mujer en el grupo”.
Otro miembro del equipo comenta “mi debilidad”.
G.T. “jajajajaja”.
Otro miembro del equipo: “Sin pelos, lampiños”.
G.T: “Yo quiero afroamericanos”.
María Fernanda: “No estoy discutiendo, pero creo que es una falta de respeto a mi sexo femenino”.
Otro profesional: “Chiquititos jajajaja”.
María Fernanda: “Me voy a salir del grupo”.
G.T: “Musculosos y adustos. Se acoge la moción de la defensa. No más lolas”.
El diálogo continúa más adelante con burlas a María Fernanda Rojas, en ese tiempo defensora penal.
Otro episodio
Otro hecho que habría ocurrido, pero anterior al envío de fotografías, habría sido en la realización de una clínica jurídica (reunión) en la que no estaba María Fernanda Rojas por encontrarse con licencia médica. Allí, se habrían hecho comentarios machistas y ofensivos en su contra.
Su abogada indica que “mientras ella estaba haciendo uso de una licencia médica, en una clínica jurídica, que son reuniones de trabajo realizadas por la Defensoría Penal Pública, se referían a ella diciendo que estaba con licencia porque le faltaba sexo”.
Más adelante, señaló que además de estos hechos, su defendida fue sobrecargada de trabajo y que fue trasladada a Santiago, pero los efectos en su salud se hicieron notar y finalmente renunció a la Defensoría Penal Pública, entidad a la que ahora tiene denunciada.
Inician Sumario
La defensora regional pública, Inés Rojas Varas, reconoció la denuncia en el Tribunal Laboral, indicando que “ya se dio inicio a la tramitación de esa causa y, por tanto, estamos en una etapa en que el tribunal está conociendo los antecedentes para fallar”.
Sin perjuicio de lo anterior, la defensora regional indicó que ellos han iniciado “las investigaciones pertinentes de tipo administrativas (sumario) para determinar la efectividad de esos hechos”.
Consultada si no tenía conocimiento antes de estos sucesos que datan del 2017, Inés Rojas señaló que “ese es uno de los temas que se van a tratar en el juicio y por lo delicado del asunto me veo imposibilitada de poder contestar lo referido a ello”, pero precisó que la Defensoría Penal pública está en constante comunicación con sus funcionarios y los defensores “para conocer de cualquier tipo de problemas que puedan existir y los temas de abuso tanto sexual o laboral existe un protocolo, un manual, que es conocido por todos los funcionarios en el cual se establecen las etapas y los procedimientos que se deben seguir para denunciar este tipo de circunstancias”, señaló.
También reparó en que si hubo hechos de ese tipo, debieron ser denunciados por los canales formales que establece la Defensoría Penal Pública.
Al señalarle que estos hechos podrían eventualmente empañar la imagen de la institución en la región, la defensora regional mencionó que no. “Yo creo que no va a ser así, toda vez que la Defensoría Penal Pública, especialmente en la región, cumple una labor impecable, con protección a los derechos tanto de sus funcionarios, como también de los usuarios”.
Expuestos a demandas
Inés Rojas, defensora regional, admitió que todas las instituciones públicas están expuestas a que los trabajadores puedan realizar demandas o requerimientos por las vías judiciales. “Todo ello va a ser materia de prueba, de conocimiento por parte del tribunal de lo que realmente ocurrió o no ocurrió. Nosotros bajo ningún respecto nos vamos a oponer a que las personas que sienten que pueden haber sido víctimas de algún tipo de problemática con la Defensoría, realicen las acciones que ellos estimen pertinentes”.