Promulgada a inicios de este año por el gobierno, la Ley de Pago a 30 días surge como parte de unas las mayores demandas de parte de las pequeñas y medianas empresas nacionales: el atraso en las cancelaciones a las pequeñas y medianas empresas producto del pago a 60 o 90 días, perjudicando su liquidez y por ende, a toda la economía nacional.
En efecto, esta nueva legislación, tiene como objetivo central dar certeza a las Pymes en las fechas de pago, devolviéndole su capital de trabajo en un plazo máximo de 30 días, estableciendo así, una serie de medidas para promover una relación más simétrica en el proceso de compra y venta entre empresas
En ese contexto, durante este jueves, el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto y el seremi de Economía, Luis Arjona, acompañados por el director del Centro de Desarrollo de Negocios de Ovalle, Víctor Illanes, realizaron una actividad de difusión de la ley junto a un grupo de emprendedores ovallinos que se llevó a cabo en el Centro de Negocios.
Ello, porque esta legislación entrará en vigencia el próximo 16 de mayo, siendo las entidades públicas – excepto el sector Salud, Cenabast y los municipios – las que darán el primer paso estableciendo para ellas, el plazo máximo de pago de facturas en 30 días. En tanto, para las empresas privadas el plazo quedará en 60 días.
“Como Estado tenemos que dar el ejemplo frente a las Pymes que son el motor de la economía y del empleo, y este compromiso del pago a 30 días queremos hacerlo real. Por eso, estamos informando a los pequeños y medianos empresarios para que conozcan cómo se va a ir implementando gradualmente esta ley” señaló el seremi de gobierno, Ignacio Pinto.
ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY
De manera resumida, la nueva Ley de Pago a 30 días se aplicará a todas las entidades públicas y empresas que son emisoras y receptoras de facturas, sin excepciones. En ese sentido, no se distingue por tamaño o tipo de empresa, ni por sector económico.
Por otro lado, establece plazos fijos de pago, y sólo en casos excepcionales, las partes podrán suscribir un plazo mayor de pago siempre que no signifique abuso para el proveedor – de lo contrario será considerado como una cláusula abusiva – y haya quedado debidamente inscrito en el Ministerio de Economía.
Por lo mismo, la nueva ley regula el no cumplimento de pagos mediante el cobro de intereses, además de una comisión fija por recuperación de pagos, equivalente al 1% adeudado. Además, el incumplimiento sistemático de los plazos establecidos por la ley será considerado como una práctica de competencia desleal.
Por último, la ley establecerá desde el 16 de enero de 2020, el uso obligatorio de la guía de despacho electrónica, para evitar constantes postergaciones de pago.
En ese sentido, el seremi de Economía, Luis Arjona, expresó que “llegó el momento de darle certidumbre jurídica y financiera a las Pymes, en que los valores por los cuales ellos emitieron una guía de despacho se van a cumplir y respetar en la factura, a no ser que surja una discrepancia dentro de los 10 primeros días. Si no es así, el valor que va en la guía, será el valor a facturar, de tal forma que las Pymes puedan también postular a créditos mucho más blandos y no sujetas a un mayor riesgo por la incertidumbre del pago final a pagar por la factura”.
La autoridad agregó que “en el fondo buscamos oxigenar a las Pymes de forma que puedan crecer, generar más empleo, más inversión, y esa es la apuesta que hacemos como gobierno”.
¿Y LA RURALIDAD?
No obstante, y atendiendo la realidad de nuestra región, surgieron cuestionamientos respecto a los problemas que podría generar en el mundo rural el uso obligatorio de la guía de despacho electrónica, pues este sector no cuenta con el acceso suficiente a este tipo de tecnologías.
Al respecto, el seremi de Economía, Luis Arjona, aseguró que es un tema que se está viendo, pues la idea es incorporar a todas las empresas en el comercio digital.
“Esto significa dotar de una necesaria infraestructura de transmisión de información, de manera de habilitar un mercado digital. Pero no obstante, también tenemos que invertir en las personas, tenemos que capacitarlas, dotarlas de conocimiento, de competencias duras de tal forma que ellos puedan operar este sistema” señaló.
“Hoy día estamos partiendo, y esto significa tanto en el mundo urbano como en el mundo rural tener que abordar este tema. Creemos que después de 2 años, podemos tener instalada ya esta cultura de un pago oportuno entre las empresas” agregó.
PLAZOS
Cabe recordar que la implementación de la Ley de Pago a 30 días tendrá una duración de 25 meses partiendo el próximo 16 de mayo como ya se explicó anteriormente.
En tanto, los próximos hitos serán los siguientes: 16 de enero de 2020, entrada en vigencia del uso obligatorio de la guía de despacho electrónica para las facturas; 16 de febrero de 2021, entrada en vigencia del plazo máximo de pago de las facturas de 60 a 30 días para las empresas privadas; 1 de junio de 2021, entrada en vigencia del plazo máximo de pago de facturas a 30 días –sólo emitidas por Pymes – para sector Salud, Cenabast y municipios; y 1 de junio de 2022, entrada en vigencia del plazo máximo de pago de facturas a 30 días –sin importar el tipo de empresa – para sector Salud, Cenabast y municipios.
“Lo importante es que ellos (los emprendedores) estén preparados, y que también el Estado se vaya fortaleciendo para pagar y cumplir cada uno de los compromisos como corresponde” indicó el seremi de gobierno, Ignacio Pinto.