Si usted estimado lector es de los que piensa que el problema de la delincuencia es una problemática sólo de los últimos años, lo cierto es que está equivocado.
Lo cierto es que, lamentablemente, a lo largo de su historia, la zona siempre ha tenido que cargar con este problema, el cual, obviamente, con el paso de los años, ha ido mutando y complejizándose según los cambios que ha vivido la sociedad local.
Así por ejemplo, durante el siglo XIX, la delincuencia tenía un fuerte componente rural, en donde grupos de bandidos y forajidos cometían sus delitos en fundos, campos de ganado y en los centros mineros de la provincia. Los delitos más comunes eran robos en locales comerciales, en viviendas y abigeato.
Como si fuera poco, hacer un viaje dentro o fuera de la provincia tampoco era del todo seguro, pues era públicamente conocido que los bandidos se asentaban en las cuestas de los caminos rurales de la zona, siendo las más peligrosas las cuestas de Peralta (actual Las Cardas), El Peral de Punitaqui, e Infiernillo. En todos esos lugares, eran frecuentes los asaltos y los delitos violentos.
Con el tiempo además se sumaron a la lista de ilícitos, los hechos de sangre, asesinatos provocados con suma violencia, los cuales generalmente terminaban impunes.
Con el paso de los años, el bandolerismo fue alcanzando poco a poco hasta la misma ciudad de Ovalle, en donde hasta los vecinos más connotados fueron víctimas de delitos.
EL CRIMEN DE FIESTAS PATRIAS
Sin embargo, un antes y un después ocurrió la noche del 18 de septiembre de 1888, cuando en el antiguo poblado de El Palqui, tres sujetos – Emilio Tapia, José Dolores Rojas, alias “El Chino”, y José Rojas, alias “El Minero”- ingresaron a una vivienda en donde su dueña, Nicolasa Peña, de 50 años de edad, se encontraba sola. Aprovechando esa situación, los delincuentes la violaron y la asesinaron, llevándose consigo joyas y otras pertenencias de la víctima, además de algunos animales de su predio.
En esta ocasión sin embargo, los sujetos lograron ser divisados por algunos vecinos del lugar cuando escapaban hacia los cerros. Pese a esconderse en una mina abandonada, lograron ser divisados y lograron ser aprehendidos.
Emilio Tapia, uno de los autores del crimen fue llevado hasta Ovalle y recluido en la cárcel de entonces, que se ubicaba frente a la Plaza de Armas, en calle Victoria, y al lado de la municipalidad.
Fue en ese lugar en el que Emilio Tapia se enteró que había sido condenado a la pena de muerte, la cual se haría efectiva el 3 de febrero de 1890 a las 9 de la mañana. Para ello, se trajo un pelotón de Gendarmería desde Santiago, a cargo del teniente Wenceslao Cataldo Jiménez.
Minutos antes de la ejecución, Emilio Tapia aceptó ser confesado por el capellán de la cárcel, presbítero José de los Santos Manobrera. En la oportunidad además, tanto Tapia como el presbítero y el alcaide de la cárcel posaron para ser fotografiados, una imagen que quedaría para la posteridad como el recuerdo del primer fusilamiento del Chile republicano desde que la pena capital fuera incluida en el Código Penal en el año 1875, manteniéndose vigente hasta el año 2001, cuando por la ley 19.734, fue sustituida por la Cadena Perpetua Calificada.