Desde inicios de abril que una de las principales mineras de la comuna de Punitaqui ha estado en la palestra tras las deudas que mantiene con sus acreedores, lo que lleva consigo el no pago de los trabajadores de esta planta.
Esta situación, llevó a varias manifestaciones de trabajadores que se vieron afectados no solo en sus remuneraciones, sino que también en las deudas con sus imposiciones.
La crisis del precio del cobre entre China y Estados Unidos, además del coronavirus, fueron los detonantes para que la pequeña y mediana minería se viera afectada en la zona. Al menos dos de las mineras locales (Punitaqui y Salamanca), fueron se vieron envueltas en las consecuencias de este proceso, según lo que declaran judicialmente.
El seremi de minería, Roberto Vega, informó que durante este fin de semana salió la Resolución de Reorganización de Minera Altos de Punitaqui, lo que significa que, “la empresa a partir de la fecha en la cual sale publicada (…) No puede ser objeto de demanda por un periodo de 30 días. Eso quiere decir que nadie puede demandar a Minera Altos de Punitaqui ocurridos desde la fecha de publicación”, explica la autoridad.
Ante este proceso judicial, Vega agrega que, “desde esa fecha, puede pedir dos renovaciones de 30 días más; la primera necesita tener el 30% del pasivo (acreedores) verificado y en la segunda, el 50%. En este minuto la empresa declaró que debe cerca de 27 mil millones de pesos a 399 acreedores”.
Tres de principales deudas de la empresa minera se centran en acreedores principales no relacionados como “la empresa KDM Energía S.A a la cual le deben un total de 3.096 millones; después viene la empresa Kabba que le deben 3.055 millones, esto lo que declara la empresa y finalmente el tercer acreedor de los tres mayores sería la empresa nacional ENAMI a la que reconocen 2.049 millones”, sostiene el seremi.
Según la información entregada por el seremi de Minería, los tres acreedores no relacionados suman casi el 30% de la acreencia con derecho a voto. “Ellos podrían – si contaran con el voto favorable- estarían casi en condiciones de acordar una prórroga de la protección por 30 días más. Es decir que no los pueden demandar hasta 60 días”, explica.
Finalmente la ley establece una tercera posibilidad, la cual requiere tener un 50% del pasivo.
En cuanto a la primera instancia, Vega detalló que, “todas estas personas tienen ocho días para que le reconozcan sus créditos para poder votar, después se llama a una junta de acreedores”.
“Si logran tener el quórum para poder aprobar el acuerdo de reorganización, quedan durante un periodo sujeto a la tutela de un interventor, que muchas veces es el mismo veedor para que cumplan el acuerdo y si no lo cumplen entran en un proceso de liquidación lo que era antiguamente la quiebra”, manifiesta la autoridad regional de minería.
En tanto, la declaración de la empresa, reconocer que sus bienes suman alrededor de 17 mil millones, mientras que la deuda que declaran es de 27 mil millones.
El seremi además indicó que dentro de la deuda que declaró la minera, se encuentran las imposiciones de los trabajadores contratados por la compañía.
Por este motivo, Roberto Vega manifiesta que, “nosotros tenemos como Gobierno la mayor fe que la empresa solo pase por un momento complicado en el caso de Altos de Punitaqui y que puedan conseguir un inversionista que les de sustentabilidad de operación, pero ya depende de ellos. Hemos hecho los mayores esfuerzos”.
Esta no es la única reorganización de la región, Minera Tres Valles de Salamanca, también mantiene este proceso judicial, pero según explica el seremi con una mayor proyección que MAP. “Ellos están en una situación totalmente distinta a la de Punitaqui porque ahí el grupo inversor de ellos está dispuesto a poner mayor capital para mantener la operación”.
“En este minuto, los que se han visto afectados por la crisis son empresas de mediana minería que no le vende a Enami; exportan de forma directa. Por lo tanto, no contribuyen a este colchón que cuando el precio es malo, les permite dar estabilidad al sistema”, finalizó Vega.