Dentro del contexto del estallido social, un grupo de manifestantes se dirigió hasta la plaza de peajes de la ruta D-43, que une Ovalle con Coquimbo, para protestar sobre el alza de pasar por aquel sector.
Fue el 17 de diciembre del año pasado, donde los manifestantes prendieron fuego a una de las cabinas dispuestas en el lugar, quedando la acción sin detenidos. Con el tiempo y las investigaciones, el joven Matías Andrade Tabilo de 22 años reconoció los hechos que se le imputan, pero hasta hoy aún sigue detenido en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle.
Su abogado, Robin Valenzuela, solicitó en cuatro ocasiones su libertad, pero en todas ellas la Corte lo revoca. "Este es el escenario legal. Nosotros tenemos una estrategia no la haremos pública aún para la audiencia de preparación, porque tenemos hartas alternativas. Matías ha colaborado con la investigación, reconoció los hechos, íbamos a ir a un juicio abreviado, pero nos dijeron que no, que habían instrucciones”, sostuvo el defensor.
La familia se mantiene preocupada, en un caso que para ellos es injusto, ya que a un año de los hechos y a diez meses de entregarse a la justicia, Matías sigue en prisión preventiva.
“Él reconoció, declaró lo que él hizo, ha cooperado con la justicia. Estamos muy mal por esta situación. Todos en la familia hemos cooperado en este proceso. De hecho, el Tribunal lo tiene muy bien catalogado, que no hay ningún problema. Yo solicitaré ayuda hasta el final y si recibe sanción que la reciba afuera, acorde a lo que hizo, porque miles de personas han cometido delitos, mucho más graves que esto y reciben penas fuera de la cárcel. Queremos ver en libertad a nuestro hijo”, manifestó Hugo Andrade, padre del acusado.
El juicio oral ha sido reprogramado en dos oportunidades, en septiembre y noviembre. La primera para solicitar un juicio abreviado, pero en audiencia se dictaminó que no, mientras que en una segunda oportunidad faltaba recopilación de antecedentes por parte de la defensa.
Hasta el CDP de Ovalle, donde está detenido el manifestante, llegó el diputado Daniel Núñez, donde tuvo la oportunidad de conversar con Matías.
“Se entregó en forma voluntaria, reconoció los hechos, tiene irreprochable conducta anterior. El debió haber salido en libertad, hay penas remitidas, se ha alargado este caso en forma artificial el proceso (…) Acá hay un ensañamiento, un intento por parte del Gobierno de atemorizar a la población para que no participe en nuevas protestas y una absoluta desproporción en los meses que él lleva preso”, sostuvo el parlamentario.
Desde la Fiscalía regional manifestaron que está solicitando 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por incendio e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y 10 años como pena única por dos delitos por destrucción de bienes públicos y corte de uso público.
El próximo jueves 17 de diciembre se realizará la audiencia de juicio oral, donde las partes acordarán las pruebas del hecho para, posteriormente, fijar la fecha del juicio.
Una detención que se ha prolongado por al menos 10 meses desde que Matías Andrade se entregó a la justicia por las manifestaciones realizadas en el marco del estallido social.