Como uno de los casos más crudos, crueles y difíciles de abordar que les ha tocado enfrentar, catalogaron algunos de los actuantes en el proceso judicial, a los hechos ocurridos la noche del pasado martes y que convocó al aparato de justicia la mañana de este viernes a la audiencia de formalización de cargos de parricidio contra J.A.C.T, por la muerte de su propio hijo de solo 7 años de edad.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1.133-2021), dirigida por el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo, el Fiscal Jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, ofreció detalles de lo que habría ocurrido la tarde del martes 20 de abril y que derivaría en la muerte de Marco Campusano, y la detención de su madre.
Con la exposición se formalizó de cargos de parricidio a la mamá del niño, toda vez que múltiples antecedentes apuntaban hacia ella como responsable directa de la muerte del pequeño.
En el crudo relato, el persecutor expuso algunos detalles que han surgido de las primeras indagaciones realizadas tanto por la Policía de Investigaciones, como por el Servicio Médico Legal.
“El martes 20 aproximadamente a las 15.00 horas, estando en compañía de sus hijos, sin motivos ni justificación, agredió con múltiples y fuertes golpes que le dio utilizando elementos contundentes como cinturón, cuchara de madera, golpes pie y manos, en distintas partes del cuerpo, causando múltiples hematomas, equimosis, escoriaciones en casi todo su cuerpo, erosiones en la región facial, equimosis en los brazos y piernas, en la región torácica, en el abdomen y glúteos. Lesiones que atendidas la cantidad y entidad de las mismas, le provocaron la muerte al menor, por edema pulmonar traumático, por politraumatismos, antes de recibir atención médica. Estos hechos a juicio de la Fiscalía configuran un delito de parricidio sancionado en el artículo 390 del Código Penal, en contexto de Violencia Intra Familiar, que se le atribuye en calidad de autora en grado de desarrollo consumado”, explicó Jiménez.
Para acreditar la solicitud de prisión preventiva e iniciar la investigación, el fiscal mostró en la audiencia algunos de los documentos emanados de Carabineros, PDI y Servicio Médico Legal, entre otros, dando cuenta de la cronología de sucesos que ocurrieron antes, durante y después del fallecimiento del menor.
Narró cómo, según consta en acta de Carabineros, a misma mujer habría llamado a la tenencia de Punitaqui solicitando ayuda y gritando “al parecer lo maté”. Una vez que los uniformados van hasta el Cesfam, llega una camioneta hasta el recinto médico con una mujer adulta mayor con el menor en sus brazos e ingresa al box de reanimación. Al descender la conductora en estado de shock le decía a los uniformados a quienes se había acercado: “lo maté, lo maté, le pegué, se cayó de la cama, lo maté”. Momentos después desde el interior del box sale una TENS informando que el niño había ingresado sin vida y que presentaba múltiples moretones en todo su cuerpo.
Es allí cuando los uniformados proceden a la detención de la mujer.
Destacó que un dato que entregaron desde el Cesfam, es que el pequeño al entrar al recinto de salud llegó desvanecido. Percibió la doctora palidez y frialdad en la piel del niño, hematomas varios, y rigidez post mortem. Presumen los profesionales de salud que el niño podría tener una data de fallecimiento de una a dos horas.
“En virtud de estos antecedentes, considerando que existen elementos sugerentes a terceras personas (en las laceraciones del niño), además complementada con la posible data de muerte, y siendo la única persona adulta al interior del inmueble, es que le cabría responsabilidad de los hechos a J.A.C.T. como autora del delito de parricidio”, puntualizó Jiménez.
Como resumen, el persecutor expuso que se estaría frente a un cargo de los más fuertes de la legislación vigente. “Ha quedado claramente establecido que el día de los hechos la imputada estaba en compañía de sus dos hijos menores de edad. Podemos sostener que los hechos ocurrieron luego de las 15 horas. Y hay una serie de agresiones fuertes que provocaron que se terminara con este edema pulmonar, esta reacción ante tanta cantidad de golpes. De acuerdo al carácter del ilícito, ya que estamos frente a un ilícito que está sancionado con pena de crimen, la pena que tiene asignada, es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”, señaló.
En tanto la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, querellante contra la imputada, se adhirió a la solicitud de la Fiscalía para que se le decretara a la mujer la medida cautelar de prisión preventiva.
“Yo llevo 15 años en esto, y no deja de sorprenderme ni de dolerme tener que presenciar una audiencia en las cuales una madre está siendo imputada por aquello que precisamente resulta contrario a lo que uno esperaría de quien ejerce ese vínculo de parentesco”, advirtió Muñoz.
Por su parte el abogado defensor, Robin Valenzuela, destacó que la imputada está todavía en estado de shock y que no han podido tener una comunicación fluida. No cuestionó la solicitud de la fiscalía y precisó que será necesario mantener una buena comunicación con la madre del pequeño para lograr una justa defensa.
Se resuelve
Al resolver la cautelar a imponer a la imputada, el magistrado Díaz Peña y Lillo razonó que el parricidio de un hijo se podría “considerar el delito más grave, porque quienes están en posición de garantes y tienen la obligación de proteger son los padres, por lo tanto el legislador señala una pena alta a aquellos que están en el deber de proteger y por el contrario agreden y provocan la muerte; por lo tanto, el reproche es mayor. Es un delito que tiene una pena muy alta y en ese sentido, sin perjuicio que no hay oposición de parte de la defensa, igualmente se cumplen los estándar que el legislador establece en el artículo 140 para decretar la prisión preventiva respecto a la imputada por peligro para la seguridad de la sociedad”.
Tras la audiencia, la imputada quedó en prisión preventiva y se fijaron 90 días para el desarrollo de las diligencias de investigación.
El proceso que viene
El Fiscal Jiménez, destacó que “si bien está bien avanzada la investigación en el sentido de determinar los detalles del suceso y más o menos como ocurrieron, quedan un sinnúmero de diligencias por determinar bien con especificación, la forma de ocurrencia y sobre todo los tiempos. Está el antecedente que indica que el menor habría ingresado fallecido al Cesfam de Punitaqui y por eso tenemos que precisar bien todas esas circunstancias”.
“Se señaló en la audiencia también, que es uno de los casos más crudos y crueles, y difícil de abordar. La circunstancia de que es un menor de siete años, y que en esta caso sea un parricidio cometido por su madre, persona que por cierto, naturalmente está llamada a brindar protección ya que tiene posición de garante frente a este menor y que termina lamentablemente fallecido por este traumatismo, este edema, por los diversos golpes que recibe”.
Tras los próximos 90 días, se iniciaría un eventual juicio para determinar el grado de responsabilidad de la imputada en el fallecimiento del pequeño Marcos
Traslado por amenazas de muerte
Una vez que se decretó la prisión preventiva para la imputada, hubo un tema que debieron resolver las partes involucradas: Dónde permanecerá detenida.
La abogada de Gendarmería, Jessica Vargas, expuso ante el magistrado la petición de traslado de la imputada advirtiendo que su integridad corre peligro.
“En el texto que hemos enviado, se da cuenta de las amenazas de muerte que ha recibido la interna, contamos hoy con un manuscrito de ella en el que relata el maltrato verbal y las amenazas de muerte que ha recibido al menos en dos ocasiones, desde que ingresó. Ella en estos momentos se encuentra en cuarentena preventiva por su ingreso recién a la unidad penal”, señaló Vargas, quien explicó que al contar con un solo patio común para condenadas e imputadas, se hace imposible separar ambas condiciones.
“Por lo tanto solicitamos el traslado de la interna al Complejo Penitenciario de La Serena, donde tendrá mejores condiciones de segregación, además de contar con un Hospital Penal que la puede atender psicológicamente”, indicó.
Ante la solicitud, y con solo la observación de parte del defensor de que no sea un traslado inmediato, el juez Díaz decretó que la imputada deberá permanecer en cuarentena preventiva por Covid en el CDP Ovalle, para luego ser trasladada al complejo penitenciario Huachalalume de La Serena.