Productores y trabajadores mineros de Coquimbo y Atacama se manifestaron este viernes frente de la sede de la Convención Constitucional en defensa de la minería, en una actividad donde fueron visibles carteles de Freirina, Huasco, Vallenar, Copiapó, Tierra Amarilla; Illapel, Combarbalá, Domeyko o Punitaqui junto a organizaciones desde El Loa hasta Maule, un día antes que el pleno del organismo vote una serie de artículos que, según advierten, ponen en peligro el desarrollo del sector.
En la ocasión, los mineros entregaron una carta a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y luego leyeron una declaración pública en la que señalaron que “lo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente precariza nuestra actividad productiva que da empleo a miles de personas y es el sustento económico de muchas ciudades en el norte del país”.
Los productores mineros reclaman la propuesta de término de las concesiones judiciales por autorizaciones administrativas y temporales. “Las concesiones judiciales dan garantía de imparcialidad, respeto y certeza. No entendemos la actitud de un grupo de constituyentes en insistir en esa modificación”, sostuvo Francisco Araya, máximo representante de las Asociaciones Mineras y Pirquineros Mineros de Chile.
Desde Ovalle
Al respecto, el presidente de la Asociación Gremial Minera de Ovalle, Orlando Flores, indicó a El Ovallino que “lo que se propone en el Estatuto Constitucional de los Minerales, propuesto por la Comisión de Medio Ambiente, se encuentra totalmente alejado de los principios esenciales de seguridad jurídica que requiere la industria minera”.
Entre otros aspectos adelantó que “la propiedad minera dejará de existir como tal, (…)ya que la Comisión Constituyente abolir lo anterior (registros) y reemplazarlo por un permiso otorgado por un ente que depende del poder político temporal; sin criterios fijados a nivel constitucional, (sin indicar un rango mínimo); siendo el mismo ente quien decidirá su término. Ello conlleva el riesgo de que tales permisos puedan ser otorgados o caducados de forma discrecional y sesgado”.
Flores señaló que entre otros puntos que les preocupan, estaría el hecho de que el regidor de la actividad sería una “simple agencia” que podría cambiar según lo determinara la representación política gobernante, no dando seguridad al largo plazo en las labores.
“Nos produce mayor incerteza la reciente votación del Pleno de la Convención Constitucional sobre autorizaciones administrativas de bienes comunes naturales ‘inapropiables’, como los recursos hídricos, uno de los insumos esenciales para Ia industria minera, debido al riesgo de Ia discrecionalidad en su otorgamiento y causales de caducidad y revocación”, señaló finalmente el dirigente gremial.
Fomento a las actividades
En tanto la Convencional Constituyente Jeniffer Mella, descartó que la pequeña minería pudiera verse afectada y atribuyó las advertencias a una “campaña de desinformación”.
-Los mineros advierten que la pequeña minería estaría en peligro ¿La propuesta presentada involucra un riesgo para ese sector económico?
“Para nada, ninguna industria está en peligro, menos aún la pequeña. La nueva constitución busca el fomento de actividades económicas y prevenir los monopolios. La teoría del riesgo responde a una campaña de desinformación que en esta región ha sido impulsada por sectores que incluso están investigados por la contraloría por irregularidades al sector de la pequeña minería, yo invitaría a dar menos credibilidad a esos sectores y revisar lo que salga esta semana aprobado por el pleno de la convención a este respecto”.
-¿Cómo se vería afectado o beneficiado ese sector con la nueva Constitución?
-“Esperamos que se beneficie, no solo por el apoyo a las actividades económicas. Se propone mantener el dominio del Estado en los términos actuales de todas las minas y las sustancias en lso términos de la actual Constitución, agregando que la exploración, explotación y aprovechamiento de sustancias debe considerar su carácter finito y no renovable”.
Agregó que el Estado deberá establecer una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, considerando expresamente la protección de la pequeña minería y de los pirquineros.
“Será la ley la que asegurará la protección de los derechos del autorizado y las facultades de defenderlos frente a terceros. Quedando siempre a salvo como hoy, a reclamo ante los tribunales ordinarios de justicia”.