El pasado jueves 28 de julio el Juzgado de Garantía de Ovalle condenó a C. A. M. G. por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y maltrato animal, esto tras fingir ser veterinario de profesión, lo que provocó la muerte y lesiones de varias mascotas, siendo uno de los casos más emblemáticos el del gato Rucio de la ovallina Marcela Araya Cortés.
La condena fue de 100 días de presidio menor y una multa de 2 UTM por el delito de maltrato animal, y otros 61 días de presidio y multa de 2 UTM por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. A esto se suma la inhabilitación para la tenencia de animales.
No obstante, esta condena no dejó satisfecho al Colegio Médico Veterinario, quien fue querellante en este caso.
La primera molestia es con respecto a la condena misma, la cual hubiesen esperado que fuese más severa, “sentimos que es una condena insuficiente para la magnitud de los daños que esta persona generó, principalmente en cuanto a los daños emocionales para las familias que perdieron a sus mascotas”, comenzó señalando el presidente regional del Colegio Médico Veterinario, Fernando Costa del Río.
En este aspecto, el profesional de la salud animal detalló que existían otros factores que podrían haber cambiado la resolución del juez, “lamentamos que no se haya considerado las agravantes como el mal uso de estupefacientes, que son de manejo exclusivo de un médico veterinario, un mal uso de esto incluso puede tomarse como tráfico de drogas, considerando esto la pena debió ser más severa, ya que es un agravante manipular medicamentos que son drogas activas, y que se pueden utilizar para otros fines además de la medicina veterinaria”, apuntó.
En la misma línea, el abogado de Colegio Médico Veterinario, Diego Gallegos, indicó que “un veterinario tiene acceso a fármacos que son de riesgo de seguridad pública, como la ketamina y el T61, esos fármacos pueden matar a alguien, y tenemos este caso de una persona que fue contratada para funciones veterinarias y que termina teniendo acceso a estos fármacos para ofrecer servicios médicos veterinarios, entonces acá hay una falta de control y de ausencia de regulación”.
Minimización a los animales
De todas formas, desde el gremio veterinario manifestaron molestia por un problema más de fondo de la sociedad (el cual se vio reflejado en el juicio), y es el desprecio que se tiene hacia la vida animal.
“Lamentamos profundamente que en el juicio no se haya valorizado lo que significa la mascota para la familia, no hay noción de lo importante que son las mascotas dentro de un núcleo familiar. Los animales son compañía, generan afecto, y sobre todo en estos años en que estuvimos en cuarentena, en donde las mascotas ocuparon un lugar primordial dentro del control de la ansiedad dentro de las casas, pero sentimos que en el tribunal la persona afectada fue prácticamente basureada, porque no se le dio la relevancia al fallecimiento del animal, los animales son un integrante más de las familias”, apuntó Costa del Río.
“Lo que nosotros vimos en la audiencia por parte del juez fue una desvalorización tremenda hacia lo que la víctima entendía como su propio daño, lo intentó minimizar, y ese no es su rol procesal, entonces tuvimos una persona que fue cuestionada por un juez. Acá tuvimos un problema en el proceso, la sentencia podría estar bien ante la ley, hay un texto que se aplicó, pero todo el proceso fue muy doloroso, se ignoró lo que estaba ocurriendo”, complementó Gallegos.
El gremio justifica esta molestia mencionando algunas de las frases que el juez ocupó durante la audiencia, tales como “ella (la víctima) habría pedido la eutanasia”, “el animal ya se estaba muriendo” o “si yo llevo a mi gato a cortarse las uñas, no aceptaría una eutanasia”.
Avances en la valorización animal
De todas formas, Fernando Costa del Río reconoce algunos avances que se podrían generar en el país en cuanto a la valorización de los animales como seres sintientes.
Una de estas medidas es el reciente proyecto de ley presentado en el parlamento, el cual busca otorgar un permiso especial de ausencia al trabajo para una persona que esté atravesando un duelo por la muerte de su mascota.
“Esto sería un paso enorme para generar conciencia de lo relevante que son las mascotas en el día a día, y en las actividades cotidianas en los hogares de Chile, dado que son participes de muchas actividades, hay mucha gente que vive solo con sus mascotas, y por lo tanto los animales son su única compañía”, indicó el veterinario.
Yendo más lejos, Costa del Río agrega el beneficio que se podría experimentar en esta materia en caso de aprobarse una nueva constitución, “según la constitución actual, los animales son un bien inmueble, entonces el tribunal en este caso se acotó a esa constitución. En cambio en la propuesta de la nueva constitución se dice que los animales son seres sintientes, y que tienen otra categorización dentro de las familias de nuestro país”, puntualizó.
Falta de protocolos
Por último, otra de las molestias del Colegio Médico Veterinario es con respecto a la falta de rigurosidad que en este caso tuvo la Municipalidad de Ovalle, al contar con el ahora condenado C. A. M. G. como asistente veterinario.
“Hay que decir que el imputado logró construir su engaño por el puesto que tenía en la Municipalidad de Ovalle, es decir, en la municipalidad hay un nivel de control que al menos es discutible. En la eutanasia que él le realizó a Rucio, el gatito de Marcela (una de las víctimas), él despliega recursos que no sabemos de dónde obtiene, y que presuntamente podrían ser municipales”, señaló al abogado Diego Gallegos.
“Entonces esto podría conllevar esta pregunta por parte de la ciudadanía, ¿la Municipalidad de Ovalle realiza servicios sobre los cuales se hace responsable? ¿o mañana nos podemos encontrar que el médico no es médico, el abogado no es abogado, etc, y no pasa nada?”, complementó.
Con respecto a este tema, desde el Municipio de Ovalle indicaron que la persona en cuestión fue contratada y cumplía la labor de ayudante de uno de los médicos veterinarios, que atendía en los operativos impulsados por el municipio de Ovalle en diversos puntos de la comuna. Las denuncias son producto de las atenciones que él hacía fuera del horario laboral y, según los antecedentes, de forma irregular, ya que no contaba con el título profesional para ejercer esta profesión. Cabe destacar que posteriormente esta persona fue desvinculada de la municipalidad.