Era el 24 de febrero de 2018, cuando Roberto Alejandro Castro Garriga conducía un vehículo por la ruta D-43 en estado de ebriedad, -0,83 gramos de alcohol en la sangre, según indicó la posterior alcoholemia – en dirección a La Serena.
Al llegar a la altura del kilómetro 20, y tras realizar un adelantamiento antirreglamentario y a alta velocidad, chocó contra una camioneta – cuyo conductor y acompañante resultaron policontusos con lesiones de mediana gravedad – la cual, debido a la proyección del impacto, impactó a su vez a otro automóvil, cuyo conductor falleció a causa de un politraumatismo complicado. En tanto, dos acompañantes resultaron con lesiones de carácter grave y mediana gravedad, respectivamente.
Asimismo, el vehículo que conducía Castro Garriga, chocó con la barrera de contención y con un segundo automóvil, provocándole, como a los otros móviles involucrados, daños estructurales de consideración.
PRÓFUGO
Sin embargo, tras ser sentenciado a la pena de 8 años de presidio efectivo en abril de 2022, Roberto Castro Garriga se mantuvo prófugo desde junio de ese año, tras quedar a firme y ejecutoriada la sentencia condenatoria, por lo que se dictó la orden de detención correspondiente, la que fue concretada en la comuna de Monte Patria por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ovalle.
En la audiencia de control de detención, el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo ordenó el ingreso del sentenciado al CCP de Ovalle para el cumplimiento de la condena, audiencia en la que, además, se mutó la multa de 20 UTM impuesta originalmente, a 480 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que deberá cumplir una vez que recupere la libertad.
“Cabe hacer presente que en lo que respecta al cumplimiento de las condenas, esta función le corresponde al Juzgado de Garantía, tribunal que debe adoptar todas las medidas para lograr, en definitiva, la detención de sentenciados prófugos. Labor que, en este caso, la que coordinó el tribunal con las policías logrando, finalmente, dar con la ubicación del sujeto y hacer efectiva la condena de 8 años”, explicó el magistrado Díaz Peña y Lillo.