Cerca de un mes ha pasado desde que apicultores de Monte Patria denunciaron la masiva muerte de sus abejas, aparentemente por las fumigaciones de los fundos agrícolas aledaños a sus colmenas.
Tras estos hechos, desde el SAG y la Seremi de Agricultura concurrieron al lugar para tomar muestras y así realizar un análisis de laboratorio que determine a ciencia cierta la causa de la muerte. Por otro lado, las autoridades comprometieron ayudas para los afectados.
Los días han pasado y el problema persiste en la comuna de los valles generosos, pero también se ha replicado en otros puntos de la Provincia del Limarí, y así lo confirma la presidenta de la Mesa Provincial Apícola, Karen López.
“Seguimos con abejas muertas en Monte Patria, aunque ahora en menor cantidad; pero ahora empezaron las fumigaciones para el lado de Ovalle, entonces ahora este problema también está afectando a los apicultores de Cerrillos de Tamaya, Santa Catalina, El Hinojo y otras partes”, indicó.
“En Monte Patria llevamos casi un mes con este problema, pero en Ovalle empezó hace aproximadamente una semana, por eso creemos que se debe declarar zona de emergencia para toda la provincia, ya que está afectando a otras comunas”, agregó.
AYUDAS LENTAS
Por otro lado, Karen López comenta que las ayudas comprometidas por las autoridades aún no se materializan, lo que genera preocupación en los afectados.
“No han llegado las ayudas, nos dicen que es algo que se está gestionando, pero no sabemos cuándo vamos a tener la ayuda en alimentos para nuestras abejas. El proceso está siendo muy lento, y nosotros pensamos que estas respuestas deberían ser más rápidas. Las abejas siguen muriendo, y si no se les da alimento, vitamina y proteína no tendrá fuerza para sobrevivir. Ya van dos semanas desde que las autoridades adquirieron un compromiso, pero las ayudas no han llegado”, apuntó.
PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y FISCALIZACIÓN
Desde el Consejo Regional Campesino manifiestan estar al tanto de esta problemática, y en este contexto destacan la importancia de medidas profundas, como la Política de Desarrollo Rural que han impulsado.
“Tuvimos una reunión con un biólogo hace poco, porque tenemos capacitaciones con las cuadrillas medioambientales. Estamos en la tarea de resguardar la poca biodiversidad que queda, y en este contexto para nosotros las abejas son súper fundamentales, y el lugar más seguros que tienen las abejas es el río, y por eso el río debe ser definido como patrimonio, es un elemento que se debe preservar, y en ese contexto las autoridades que correspondan, como el Ministerio de Medio Ambiente, la DOH, la DGA y todos los que tengan que intervenir en la preservación de ese ambiente deben alzar la voz. Todo esto va en la línea del manejo sustentable de la tierra que el consejo ha propuesto, hay que apuntar a todo lo que sea armonioso con el medio”, señaló la presidenta del Consejo Regional Campesino, Leticia Ramírez.
Por otro lado, se destaca la necesidad de fiscalización a los fumigaciones, “acá pueden haber responsabilidades a nivel central, para regular el uso de plaguicidas, que son dañinos para la salud, no solo para la biodiversidad, sino también de los seres humanos. En eso el Estado está en deuda, porque en otros países ya están prohibidos los plaguicidas”, indicó Leticia Ramírez.
Esto fue complementado por la secretaria del Consejo Regional Campesino, Consuelo Infante, quien conoce de cerca esta realidad al vivir en Monte Patria, “la muerte de abejas da cuenta de la toxicidad de los productos que les estamos echando a nuestros alimentos, hay que tomar consciencia de que tenemos que disminuir los venenos con los que producimos, porque no solo matan a las abejas, sino también deterioran la salud de la población. Si es que seguimos haciendo vista gorda le hacemos un flaco favor a la vida”, indicó.
“La legislación no es aplicada como corresponde, no es conocida, y no hay un ímpetu de la institucionalidad para difundir las exigencias legales para este tipo de actividades, como por ejemplo, pudimos constatar que un 83% de las empresas no tenía marcada la franja de seguridad de 50 metros desde el deslinde hacia el interior del predio, con banderolas rojas, para que quien estuviera aplicando supiera que ahí no se puede aplicar con turbo pulverizador, porque con la deriva el veneno no llega a las plantas, sino que a la población vecina. Eso solo un 17% lo cumplía, y es una exigencia legal básica para resguardar la salud de la población. Entonces, se ha tocado con mucha ligereza el tema de los agrotóxicos”, agregó Infante para concluir.