Parlamentarios de la Región de Coquimbo se mostraron críticos con la decisión del juez del Juzgado de Garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, quien desestimó imponer medidas cautelares por peligro para la seguridad de la sociedad a 23 detenidos por tráfico de drogas, solicitada por la fiscalía, decretando prisión preventiva por riesgo de fuga y fijando una fianza de dos millones de pesos para cada uno de ellos, la que fue pagada rápidamente y obtuvieron su libertad.
Los sujetos habían sido detenidos por la PDI el lunes 26 de agosto y fueron sindicados por el Ministerio Público como los responsables de un decomiso de drogas realizado en el mes de abril, donde se incautaron 1.600 kilos de marihuana avaluados en más de 8 mil millones de pesos.
Por lo anterior, el diputado DC, Ricardo Cifuentes quien calificó lo ocurrido como “un descriterio”, mencionó que esperaba que se tomaran medidas para poder retrotraer lo sucedido.
“No hay ley que sobreviva o que sea suficiente frente al descriterio. Creo que lo que ha ocurrido en Ovalle es una aplicación débil de la ley, una interpretación que más bien arroja dudas respecto de lo que corresponde en estos momentos en que la situación es tan conflictiva y dejar libres a una cantidad tan grande de personas me parece un acto lindando en la irresponsabilidad”, señaló Cifuentes, quien dijo que esperaba que las instancias superiores tomaran medidas para retrotraer tal situación.
JUECES GARANTISTAS
Por su parte, el diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, mencionó que era difícil entender cuando las policías hacían el trabajo las decisiones de jueces garantistas que no estaban entendiendo la realidad que está viviendo nuestro país desde el punto de vista del crimen organizado y de la delincuencia más violenta.
“Yo creo que hay que revisar si la decisión del juez estuvo dentro de los criterios o no, porque por lo pronto, uno no entiende que después de megaoperativos destinados a limpiar y poner orden en una ciudad, terminen siendo disminuidos respecto de las sanciones criminales que la sociedad le quiere imponer a este tipo de delincuentes. Me parece gravísimo, por lo tanto, veremos, junto al Ministerio Público, los motivos de este tipo de decisiones que no se ajustan a los tiempos reales en materia de crimen organizado y delincuencia más violenta”, subrayó Fuenzalida.
DELITO GRAVE
En la misma línea de los otros parlamentarios, el senador PC, Daniel Núñez, dijo no compartir para nada la decisión adoptada en el Juzgado de Garantía de Ovalle de dejar libres a los traficantes previo pago de esta fianza de dos millones de pesos.
“El narcotráfico es un delito muy grave, está asociado al crimen organizado y evidentemente se requiere hacer un proceso investigativo mucho más profundo y no entregar de forma tan rápida y liviana esta posibilidad de libertad bajo fianza”, señaló el senador Núñez, quien además indicó que en una situación tan grave como la que vive el país la gente sentía y veía que el esfuerzo que hace la policía por detener a los delincuentes se frustraba porque rápidamente obtenían la libertad.
“Me preocupa y hemos recibido muchas quejas con lo que está pasando con los tribunales en Ovalle y desde ese punto de vista yo voy a hacer presente este punto de vista, tanto a la seremía de Justicia como también voy a conversar con el Ministerio Público para ver de qué manera podemos reforzar los procesos de persecución penal que aseguren que no se dé esto que se está dando en Ovalle, que sea una verdadera puerta giratoria este Tribunal de Garantía”, cerró el senador comunista.
INVESTIGACIÓN
Según la investigación de la PDI, estos sujetos habían conformado una organización criminal a partir de julio de 2019 y tras una prolija investigación en abril del presente año se decomisaron 1.600 kilos de droga. Sin embargo, no sería hasta el lunes recién pasado que se detuviera a los integrantes de esta organización criminal.