El pasado miércoles 8 de enero más de 100 pequeños regantes del Río Grande se manifestaron en la Ruta D-55, en el sector del embalse La Paloma, para reclamar por el reparto del agua y exigir una mayor fiscalización por parte de la DGA.
En ese contexto, uno de los problemas era la alta suma de dinero que pedía la Dirección General de Aguas para esa fiscalización, ya que los denunciantes debían desembolsar 26 millones de pesos, dinero que desde un principio acusaron no tenían.
De este modo, a causa de la masiva protesta se logró gestionar una reunión entre los pequeños regantes, la DGA y otras autoridades locales en el centro cultural de Monte Patria, la que se desarrolló este jueves 9 de enero.
Al respecto, el tesorero de la Asociación de Pequeños Regantes de Tulahuén, Aroldo Castillo, se mostró conforme al menos con la disposición que encontraron en las autoridades, “la movilización tuvo buen resultado, porque a la reunión llegaron varias autoridades y jefes de servicio, hay que destacar eso, que la protesta logró que las autoridades conversaran con nosotros. Lo bueno es que está la voluntad de buscar soluciones y arreglar el tema con la DGA. Por eso yo encuentro que fue positiva la reunión, se plantearon algunas soluciones”, señaló.
En ese sentido, la directora regional de la DGA, Cinthya Álvarez, explicó que “la solicitud de fiscalización en contra de la Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus Afluentes fue ingresada por 9 denunciantes diferentes y luego de su análisis, se declararon admisibles 3 de estas 9 denuncias. Es decir, es un problema entre privados. Este tipo de fiscalización, que se encuentra normada en el Código de Aguas, faculta a la DGA fiscalizar la distribución de aguas ante eventuales abusos o faltas graves en la distribución de éstas por parte del directorio de la organización de usuarios. Para llevar a cabo la investigación, el mismo Código establece que la DGA fijará la cantidad de dinero que deberá depositar el solicitante para responder a los gastos que se originen, indicando además que sin este requisito no se hará gestión alguna. En este contexto, debido a la complejidad de la investigación, se determinó la necesidad de contar con el apoyo de una asesoría externa, la que deberá ser licitada públicamente, tal como lo establece la normativa vigente”.
CAMBIO EN EL CÓDIGO DE AGUA
Por otro lado, los regantes apuntan a otras medidas a mediano y largo plazo que les permita mayor representatividad en las juntas de vigilancia. De esa forma, nace la necesidad de realizar cambios en el Código de Aguas.
“Planteamos cambios en el Código de Aguas, queremos que un regante sea un voto, y no como es ahora, que una acción es un voto, porque por eso tenemos tan poca representatividad ante la junta de vigilancia. Queremos aumentar la representatividad nuestra, porque nosotros somos más de mil regantes, pero ellos son grandes en la cantidad de acciones, por eso con este cambio se podría equilibrar el directorio de la junta de vigilancia”, señaló Aroldo Castillo.
Esto fue detallado por otro de los miembros de la Asociación de Pequeños Regantes de Tulahuén y presidente de la Comunidad de Aguas Vecindario de Carén, Nelson Veas, “tenemos una lucha más larga que es un cambio a la ley del código de aguas, queremos que en las elecciones de las comunidades un voto sea por un comunero, eso nos permitiría tener otra posibilidad de intervenir en las decisiones. Será una lucha muy larga, porque un sector de este país no va querer por ningún motivo este cambio en la ley, porque quieren el control absoluto, y nosotros simplemente somos un grupo de ciudadanos que hemos visto que han atropellado nuestros derechos”, indicó.
“Nosotros somos mil familias en la parte alta, y tenemos solo mil acciones de agua de las 14 mil, entonces representamos solo el 7% de la votación en las elecciones de la junta de vigilancia, en contraparte, puede haber un dueño que tenga mil acciones, entonces una sola persona tiene el mismo poder que nuestras mil familias. Queremos que eso cambie, que un comunero sea un voto, no queremos que una o dos personas tomen decisiones por la mayoría”, añadió.
En esa misma línea, también se propone que se le entregue un cupo en el directorio de la junta de vigilancia a los representantes de los APR.
La diputada Carolina Tello estuvo presente en la reunión en Monte Patria y comentó estos cambios de ley que deben ser discutidos en el parlamento, “acabamos de salir de un encuentro, producto de una movilización que se hizo por distintos dirigentes y dirigentas de los regantes en la comuna de Monte Patria, para efectos de poder generar una nueva normativa en la lógica de equilibrar las decisiones que se toman al interior de las gobernanzas de agua. Por eso es que vinimos a dar cuenta de la presentación de este Proyecto de Ley comprometido que ya fue declarado admisible por la Cámara y pasó ahora a la Comisión de Recursos Hídricos y luego pasará a la Comisión de Agricultura, con el objetivo de dar puntapié inicial a esta solicitud que es tan solicitada por los dirigentes y dirigentas”, señaló.