Un nuevo capítulo se vivió este martes en relación a la polémica levantada producto del documento de Contraloría que responsabiliza administrativamente al alcalde de Ovalle Claudio Rentería de un déficit de casi 7 mil millones de pesos en el Departamento de Educación Municipal.
Y es que en el concejo municipal de este martes, finalmente los concejales fueron notificados del informe oficial de Contraloría sobre el sumario con relación al déficit presupuestario en el área educativa municipal.
Textualmente la secretaria municipal, ante la vista atenta de los concejales y del numeroso público que llegó al concejo, leyó lo siguiente: “Por resolución exenta N° 81 del 2016 de esta Contraloría Regional, toda vez que quedó establecida la responsabilidad del alcalde del referido municipio, Señor Claudio Rentería Larrondo, en los hechos objeto del indicado procedimiento disciplinario y la resolución exenta N° 265-2016 que contiene la propuesta efectuada por el Contralor Regional para que sea puesto en conocimiento del Concejo Municipal, para los efectos del artículo 51 en relación con el artículo 60 Letra C de la Ley N°18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, como de la resolución exenta 4063 del 23 de noviembre del 2018, que resuelve recurso jerárquico interpuesto por Don Claudio Rentería, al respecto se le solicita remitir a la unidad de seguimiento de fiscalía de esta Contraloría, dentro del plazo de 20 días hábiles a contar desde la fecha de recepción del presente oficio, copia del acta del Concejo Municipal en el que se entregan los antecedentes a cada uno de los concejales del municipio y de lo resuelto por este cuerpo colegiado del acto administrativo precitado”.
Inmediatamente el informe fue entregado a cada uno de los concejales, en formato CD y que contiene un total de 1.032 páginas, bajo la firma de recepción.
Cumplido con el trámite legal, y aún en plena sesión, el concejal Carlos Ramos tomó la palabra para solicitar una auditoría externa sobre el funcionamiento administrativo de la municipalidad entre los años 2015 al 2018, pidiendo al resto de los concejales votación en el acuerdo.
No obstante, el propio alcalde Claudio Rentería fue un poco más allá y propuso también que la auditoría contemplara del año 2008 al 2016, a lo que el concejal Patricio Reyes, propuso entonces englobar las fechas en una sola auditoría de los últimos diez años de función municipal: del 2008 al 2018, lo que fue votado positivamente por todos los concejales.
Cabe recordar que además de la gestión del actual edil, dentro de ese periodo que deberá ser auditado, cabe también el último periodo de la ex alcaldesa Marta Lobos (2008-2012).
No obstante, el propio alcalde Rentería recordó que para ordenar dicha auditoría externa, “hay que revisar un tema técnico y el costo presupuestario que hay que tomar en cuenta. La redefinición del presupuesto lo vamos a presentar rápidamente”, aseguró la máxima autoridad comunal.
¿QUÉ HARÁN LOS CONCEJALES AHORA?
Luego de finalizado el concejo, la cuestión ahora es el camino a seguir que tomarán los concejales una vez notificados del documento de Contraloría.
En efecto, cabe recordar que ahora, con un mínimo de tres concejales, éstos pueden llevar al alcalde Rentería a un proceso judicial en el Tribunal Electoral Regional, donde en el peor de los casos, el edil arriesgaría ser destituido.
En ese sentido, el concejal Jonathan Acuña señaló que “vamos a tomarnos un tiempo para analizar en detalle lo que significa este informe final de Contraloría. Este es un informe que ya era de conocimiento público y estamos, yo creo, dispuestos a analizar en detalle y ver las acciones posteriores a seguir”.
En ese sentido, Acuña aseguró que ahora debe darse una conversación entre concejales para decidir qué hacer, manifestando en todo caso que “nuestro espíritu va a estar según lo que establezca contraloría (…) y con el quórum al menos que se está pidiendo, vamos a tomar las acciones específicas. Eso significaría ver la posibilidad de ir al Tribunal Electoral Regional”.
Sobre la petición de una auditoria externa para investigar el periodo 2008-2018, Acuña aseguró que existe la disposición de todos los concejales para buscar “en todos los rincones del municipio si existe algún tipo de irregularidad (…) Si existen responsabilidades habrá que ir a los órganos competentes para que lo resuelvan”.
Por su parte, el también DC, Patricio Reyes se mostró cauto al señalar que su misión ahora es “leer el informe y hacerme una opinión acabada en forma y fondo de lo que dice, sumado a lo señalado por nuestro asesor jurídico municipal en que aún hay una instancia abierta, que sería una apelación”.
“También” agrega “se suma una acción fiscalizadora, que es el sumario solicitado para el periodo 2008 al 2011, que podría generar alguna opinión frente a acciones que pueden estar prescritas y otras no. Yo creo que este sumario va a permitir aclarar dudas sobre desde cuando se están generando estas supuestas irregularidades y cuál es la deuda definitiva que recibió el municipio del periodo anterior y se continuó en este otro”.
Por su parte, el concejal Héctor Maluenda reiteró que el informe primero debe ser leído y estudiado, “analizarlo en conciencia y responsablemente, sacar conclusiones, y ver los pasos a seguir”.
No obstante, la autoridad aseguró que en el caso de decidir llevar al alcalde al Tribunal Electoral, “es una oportunidad de transparencia. Si bien es cierto el alcalde comentó que había nuevos antecedentes que ellos tenían y que no venían en el informe de contraloría. Entonces, teniendo más antecedentes, puede salir incluso fortalecido de esto, porque demostraría que él no tendría ninguna responsabilidad”.
APELACIÓN Y FALTA DE DEBIDO PROCESO
En tanto, desde la municipalidad de Ovalle, su asesor jurídico, Sergio Galleguillos, informó que se presentó -simultáneamente- una solicitud de reapertura de dicho sumario ante la Contraloría Regional y la Contraloría General de la República, “donde se citan dictámenes en los que el ente contralor en otras oportunidades ha accedido a reabrir sumarios, en virtud de nuevos antecedentes, tal como ocurre en este caso”.
No obstante, Galleguillos fue más allá e indicó “que es importante dejar en claro que aquí no ha existido un debido proceso”, y que existirían al menos, 36 documentos que reflejan todas las gestiones realizadas por el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, tendientes a aclarar las deudas de arrastre con las que inició su administración en diciembre del 2012.
“Se trata de oficios y gestiones ante el Ministerio y la Superintendencia de Educación, a lo que se suman un sumario administrativo y diversas acciones internas; incluso se agrega la comparecencia en la Cámara de Diputados para solicitar la reapertura de las plataformas de rendición de la Ley SEP, con el único objetivo de sanear esas deudas de arrastre”, aseguró.
En ese sentido, el asesor jurídico enfatizó en que se trata de un proceso “que no se encuentra afinado, firme y ejecutoriado. Por lo que ahora debemos esperar cuál va a ser la postura que asumirá la Contraloría. Sin perjuicio de ello, mañana (miércoles) tenemos una audiencia con el contralor nacional con el propósito de poder explicitar nuestra postura en torno a este tema y a otros antecedentes que dan cuenta que la Municipalidad de Ovalle está teniendo un momento poco grato en la relación con el contralor regional de Coquimbo”.
DOS CONTRA UNO
En ese sentido, Sergio Galleguillos afirmó que le llama la atención que existan dos entidades fiscales actuando de forma contraria frente a una misma temática, apuntando precisamente contra la contraloría regional.
“Por un lado está un fiscal (de la Contraloría) llevando a cabo un sumario administrativo y por otro, tenemos a la Superintendencia de Educación que abrió sus plataformas para rectificar las rendiciones de todas las subvenciones de periodos anteriores, tanto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) como del Programa de Integración Escolar (PIE). Esto fue explicado al funcionario de la Contraloría, sin embargo, él siguió adelante con el proceso ignorando este importante antecedente, que sin dudas cambia el desenlace del caso. Por eso nos parece que no es correcto el actuar, ya que lo razonable era esperar a que se efectuara la rendición de todos esos gastos para poder ver efectivamente cuál es real panorama financiero”.
Al mismo tiempo, Galleguillos criticó que “algunos intenten circunscribir esto a un año determinado, pese a que es de conocimiento público que el alcalde recibió el municipio con alto grado de endeudamiento. La anterior administración (Marta Lobos) no daba respuestas a la Contraloría; y la actual administración recibió una municipalidad sin recursos económicos”.
Cabe señalar en todo caso que no existe una fecha específica para que Contraloría de respuesta a la solicitud del municipio, pese a lo cual, desde la entidad edilicia confían en que el sumario pueda ser reabierto. Y si no es así, señala Galleguillos “acudiremos a nuevas instancias, pues no es la responsabilidad de esta administración. Aquí hay una deuda de arrastre y esto se ignoró”.
Por último, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería aseguró que “agotaré todas las acciones que permitan esclarecer lo sucedido, reiterando que en el Departamento de Educación nos hemos enfocado en trabajar para nuestros estudiantes y en consolidar una política educativa, inclusiva y de calidad”.