Una nueva fecha fue la fijada por el Juzgado de garantía de Ovalle, durante el día de ayer, para el juicio simplificado en el caso de las amenazas de las que habría sido víctima el alcalde de la ciudad Claudio Rentería, hecho ocurrido el pasado 26 de noviembre.
La decisión del tribunal se debió a la ausencia del jefe comunal, quien se encuentra fuera de la ciudad, ya que es imprescindible la declaración de la víctima en este caso específico.
Si bien, la nueva audiencia fue fijada para el próximo 13 de febrero es posible que esta sea nuevamente aplazada debido a que Rentería retomaría sus funciones en Ovalle pasada esa fecha, el 27 de febrero.
Recordemos que el juicio simplificado se da por la demanda interpuesta por el alcalde luego de las amenazas que habría recibido por de parte de Sergio Díaz, imputado en este caso, a quien se le acusa de haber amenazado a Rentería al término de una actividad oficial.
De acuerdo a información recabada por este diario y a conversaciones con testigos, los hechos habrían ocurrido el pasado 26 de noviembre pasadas las 13.20 horas cuando culminaba la ceremonia de finalización del programa “Quiero mi Barrio” en la plaza Vicente Pérez Rosales de la población Carmelitana en la comuna de Ovalle.
“Era un acto oficial, donde siempre hubo un clima de buena onda, entonces cuando termino la actividad el alcalde estaba hablando con un grupo de vecinos y se acerca esta persona, muy ofuscado y empezó a realizar una serie de amenazas”, sostuvo uno de los testigos del hecho.
De acuerdo a los antecedentes manejados, el imputado habría amenazado con anterioridad al alcalde a través de whatsapp, por lo que el jefe comunal habría tratado de calmar los ánimos en ese momento.
No obstante, Díaz habría amenazado en ese momento al edil dieciendo frases como “te voy a sacar la mierda”, o “donde te pille te voy a cagar”.Razón por la cual el edil decidió interponer una demanda a fin de protegerse de las amenazas.
Según la fiscalía el hecho constituye un delito de amenazas no condicionales en el grado de consumado en el que el imputado tiene participación en calidad de autor. Es por ello que se solicitaron las penas de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio publico mientras dure la condena.
Desde el municipio sostuvieron que el alcalde pretende que salga alguna sanción y que se dicte algún tipo de orden de alejamiento.