Amplio ha sido el debate en torno a las propuestas que el Ejecutivo ha presentado para dar fin y soluciones a la delincuencia, una de las principales preocupaciones de los chilenos. Fundamentalmente, en torno a las medidas que se han establecido en el proyecto de ley-Agenda Corta Antidelincuencia- que "facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos", ingresada al parlamento en enero pasado, y que por cierto, han sido discutida ya en las diversas instancias legislativas de la cámara baja. En materia de seguridad, hace alrededor de una semana la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de Fortalecimiento al Ministerio Público, que busca entre otras cosas, dotar de mayor cantidad de fiscales a la entidad, en cuanto a la persecución penal de los delitos.
Durante principios de julio de este año, el gobierno decidió colocar urgencia con discusión inmediata al proyecto de Ley Agenda Corta Antidelincuencia. La medida busca castigar con cárcel, sobre todo a delincuentes reincidentes, en las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. El proyecto introduce modificaciones al actual Código Penal. Según explicaron del gobierno, el proyecto de Ley está orientado a poner un cierre de la “puerta giratoria” y lograr una acción policial más eficaz, con los objetivos de revertir la tendencia al alza de la victimización, reducir los delitos violentos en la vía pública, y aumentar las detenciones.
En palabras del gobernador de la Provincia de Limarí, Cristian Herrera, el gobierno seguirá levantando iniciativas para combatir la acción delictual, "estamos dando mano dura a leyes para que los delincuentes piensen no sólo una vez antes de cometer un delito, sino que varias. La fiesta de la delincuencia debe terminar", estableció, agregando que "necesitamos un Chile, región y provincia más segura, donde las familias estén tranquilas y puedan desenvolverse sin miedo".
En lo que respecta a la ley corta antidelincuencia señala que "este un proyecto de ley que va al corazón de los delitos de mayor connotación social, los que más afectan a las familias, los asaltos, los robos en las casas, los asaltos violentos, por lo tanto lo que hemos hecho es fijar un marco para que los jueces puedan aplicar una pena que sea efectiva de cárcel a los que son reincidentes", explicó el gobernador de Limarí.
Actualmente, el proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la Comisión de Constitución, luego deberá revisarla la Comisión de Hacienda.
Matías Walker, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana destacó el proyecto del gobierno, "la agenda corta antidelincuencia es un proyecto del gobierno que responde a lo que permanentemente nos plantean dirigentes y vecinos en los encuentros que tenemos en las poblaciones. Nos dicen que muchas veces son víctimas de robos, asaltos y otros delitos que cometen personas reincidentes, pero que no cumplen penas de cárcel".
Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto es fortalecer e invertir más en las cárceles ya que debiera aumentar la dotación de la población penal. Ante esto, Walker puntualizó que “considerando que al aumentar las condenas de privación de libertad también aumentará la población en las hacinadas cárceles en nuestro país, este proyecto debe ser revisado por la Comisión de Hacienda porque considera un aumento de presupuesto para que el sistema carcelario reciba a estos nuevos internos y debe incluir el trabajo para la reinserción social de los internos".
Entre los puntos que aborda este proyecto de ley el seremi de Justicia, Carlos Galleguillos, destaca el apoyo a la policía en su actuación en terreno contra la delincuencia. Esto implica la posibilidad de que las facultades o diligencias autónomas de las policías, antes de la formalización, les permitan investigar considerando la declaración de testigos fuera de la hipótesis de flagrancia; evitar destrucción de evidencia, ampliando hipótesis de entrada y registro a lugares cerrados con registro audiovisual y como tercer punto, mejorar las reglas de control de identidad, respetando los derechos fundamentales de las personas. "En el fondo, de lo que hablamos, es que las policías van a contar con herramientas de investigación mucho más eficaces para efectos de la determinación, concurrencia y pruebas de los hechos delictuales, de la participación y eventual responsabilidad penal de los hechores, la que finalmente, deberá ser determinada por un juez de la República", indicó.