Gestiones realizadas por el Instituto de Derechos Humanos y de la asesoría jurídica de la Gobernación lograron que se acogiera la suspensión de la acción judicial de desalojo.
Un contingente no menor de Carabineros, de sus Fuerzas Especiales, había llegado desde la mañana hasta el sector Costanera a ejecutar el desalojo de la Familia Araya Gallardo según dictamen amanado de un tribunal.
La orden de desalojo suponía la concreción de un dictamen de la corte a favor de una empresa inmobiliaria quienes habrían demostrado la propiedad de los terrenos en disputa.
La familia recibió la noticia con alegría y lágrimas de felicidad, porque de alguna manera le da un respiro jurídico ante la situación.