Después de 19 meses de ocurridos los hechos, este lunes comenzaron los alegatos de apertura en el juicio oral por los acontecimientos ocurridos en el primer día de estallido social en Ovalle, cuando un oficial de Carabineros –según los querellantes- disparó en contra de un joven que circulaba por la calle, mientras se desarrollaba la primera manifestación en la capital provincial.
Fue precisamente el 19 de octubre del 2019. Un día antes, en varias ciudades del país, diversas manifestaciones comenzaron a desarrollarse para protestar en lo que fue considerado como estallido social. Ese día sábado, cerca de dos mil personas se unieron a las movilizaciones nacionales y salieron a marchar y protestar. El recorrido culminó en el frontis de la Tercera Comisaría de Ovalle, donde incluso algunos manifestantes lanzaron piedras en contra de las ventanas del edificio y a algunos vehículos policiales. Pero lo más grave sucedió cerca de las 21.00 horas, cuando el imputado individualizado como Hugo Navarro “con la finalidad de castigarlo por desafiar su autoridad, forcejeó, redujo e inmovilizó a la víctima, para luego efectuar un disparo a corta distancia con su arma de fuego personal, un revólver marca Taurus, modelo Tracker calibre .357 Magnum, en contra de la víctima hiriéndolo en la zona inguinopélvica, cayendo la víctima al suelo”, señaló el Ministerio Público en su formalización, en marzo del año pasado.
De acuerdo a los hechos imputados por los querellantes, la víctima fue trasladada por a lo menos tres Carabineros hasta las dependencias de la Comisaría, arrastrándolo y habrían propinado golpes de pies y puños e diversas partes del cuerpo. Producto del disparo, la víctima resultó con una fractura de pubis derecho, además de lesiones en la región cervical, tórax, espalda, piernas y brazos, y en el cuero cabelludo.
Los hechos no quedaron allí, ya que el mencionado capitán habría ordenado a uno de sus sargentos a confeccionar un parte policial que dio cuenta a Fiscalía de la detención de la víctima por maltrato de obra a Carabineros, mientras que la Fiscalía dijo en la formalización que la “detención que resultaba ilegal y arbitraria al no existir ningún hecho constitutivo de delito posible de atribuir”.
Con estos tres hechos, se lo formalizó por homicidio simple frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público desde su formalización en marzo del 2020, fecha en la cual se mantiene en prisión preventiva detenido en la Sexta Comisaría de La Serena.
En las dos primeras jornadas del juicio oral, el imputado declaró ante los jueces, dando cuenta de su versión de los hechos, “mientras que mañana será el turno del Ministerio Público que contará la declaración de la víctima, los testigos, peritos, videos de cámaras de seguridad y redes sociales, así como también sets fotográficos y periciales para acreditar los hechos que se le imputan y obtener un veredicto condenatorio en contra del imputado”, señaló la fiscal Rocío Valdivia.
Este lunes, el alegato de apertura incluyó el testimonio del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como querellantes del caso, además del Consejo de Defensa del Estado y de la defensa del oficial a cargo del abogado Miguel Retamal.
Para el INDH en la región, los alegatos se convierten en el primer juicio oral en Chile por causas relativas al estallido social.
“Es el primer acusado que enfrenta a los jueces en Chile”, acota Tarcila Piña, directora regional del organismo.
“Es un caso clave para esta región, porque fue la primera víctima que nosotros visitamos presencialmente en el Hospital de Ovalle (…) Este joven se estaba desangrando por la herida a bala recibida sin recibir atención médica oportuna, además, fue sometido a tratos degradantes. La víctima resultó con fractura, con herida de carácter grave y, en este sentido, lo visitamos en el hospital, conversaos con él y pudimos rearmar el relato. Fue así que presentamos la querella por delito de homicidio simple frustrado”, señaló Piña.
“El imputado Hugo Navarro pertenece a un cuerpo armado, esencialmente obediente, no deliberante, jerarquizado y disciplinado, lo que significa que este funcionario público debía estar sujeto de manera irrestricta al ejercicio de funciones y a las normas constitucionales y tratados internacionales suscritos por Chile referente al uso de la fuerza”, añadió Piña sobre el imputado.
Este martes y toda esta semana serán los testigos de ambas partes expondrán sus versiones ante los jueces Zola Terán, Claudia Molina y Ana Karina Hernández.
Se estima que el juicio oral se prolongue por cerca de 12 días para, posteriormente, conocer el veredicto y la sentencia del caso.