Desde hace varios meses, pobladores de distintas localidades limarinas vienen movilizándose en contra de diversos proyectos mineros que pretenden instalarse en las cercanías de estas comunidades, cuyos pobladores acusan graves perjuicios medioambientales de concretarse su instalación.
Específicamente, además de la posible contaminación ambiental que se puede generar, los vecinos de estas localidades reclaman por el uso intensivo del agua que pueden hacer estas empresas – perjudicando con ello la actividad agrícola -, y exigen un mayor control de parte de las autoridades en relación al tema legal, en especial, en el caso de Potrerillo Alto y Nueva Aurora, donde una compañía intenta explotar dos yacimientos mineros.
En relación a este último caso, el diputado Miguel Alvarado señaló que estas comunidades “se están viendo afectadas por estas inversiones que claramente están burlando la ley, pues para sus proyectos están haciendo una mera declaración de impacto ambiental, y no un estudio de impacto ambiental, pues esgrimen que la explotación es de menos 5 mil toneladas”.
“Aquí se quiere burlar la ley, declarando que en sus yacimientos se explotarán 4.500 y 4.900 toneladas respectivamente, como máximo, y con distancias mínimas, siendo la misma empresa dueña, pero con RUT distintos no más” añadió el legislador.
En ese contexto, representantes de Pejerreyes, Potrerillo Alto y Las Mollacas formarán parte de una delegación que este próximo miércoles 17 de mayo, será recibida por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, para que expongan su mirada sobre dichos conflictos.
Al respecto, el diputado Alvarado, explicó que con esto “no se trata de no favorecer el desarrollo económico, pero no a costa de los territorios. Y al final, puede ser paradojal, porque si eliminamos el trabajo agrícola o lo disminuimos a expensa de otras actividades como la minería, más aun cuando hoy esa actividad cada vez da menos trabajo, producto de su automatización, al final vamos a salir perdiendo”, asegura el legislador, quien señala que nuestra región ya cuenta con numerosas zonas saturadas por contaminación.
En ese sentido, Alvarado criticó el hecho de que hasta el momento “el SERNAGEOMIN y el Ministerio de Medio Ambiente, no han dado una respuesta clara sobre estos asuntos que son tan delicados, y que pueden conllevar consecuencias futuras muy lamentables”, y que por lo mismo, el Estado “no puede dejar que la misma empresa sea juez y parte al mismo tiempo” en el proceso de evaluación de proyectos.