Indignación causó la detención del editor de diario El Ovallino la tarde de este jueves, en un insólito episodio que recibió condenas transversales y abrió un intenso debate en torno al criterio ocupado por un informado ante la inusual denuncia de un ciudadano.
Recordemos que el profesional fue increpado por el sujeto a raíz de una nota publicada en dicho medio, e intentó convencerlo de que la publicación fuera borrada, llamando incluso a Carabineros. Pero al ver que no consiguió los resultados que esperaba, cambió el motivo de su denuncia, afirmando que el periodista lo había amenazado con golpearlo.
En este contexto, el funcionario policial tomó detenido al editor y lo llevó esposado hasta la Tercera Comisaría, donde lo retuvieron por cerca de tres horas, hasta que fue liberado bajo apercibimiento por orden de la Fiscalía, un hecho que indignó a la región, desde lectores hasta políticos, quienes lamentaron el actuar de la institución uniformada y alertaron por riesgos al libre ejercicio del periodismo.
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¿Falta de criterio?
Ya ocurrido el grave suceso, diario El Día se comunicó con el coronel Luis Martínez de la Prefectura Limarí, quien intentó explicar lo sucedido. “Nosotros actuamos bajo el amparo legal. Si una persona asegura que otra lo amenazó o que le va a pegar, corresponde la detención y traslado a la Unidad Policial”, acotó.
En esa línea, el fiscal regional, Adrián Vega agregó que “cuando existe una denuncia, y no entrando a tallar en la veracidad de esa amenaza, el carabinero actúa en base a la flagrancia que es la sindicación de una persona respecto de otra. Ese tiempo debe ser próximo y no puede sobrepasar las 12 horas. Por tanto, si se realiza una detención está se encuentra validada dentro del Código Penal. La contrapartida es que si aquel que denuncia lo hace falsamente y provoca un procedimiento de esa naturaleza, puede cometer el delito de denuncia calumniosa”.
Sin embargo, un aspecto clave es la verosimilitud de lo ocurrido y el criterio aplicado por Carabineros, que es lo cuestionable. En ese sentido, el abogado penalista Carlo Silva señaló que “frente a un hecho como este, Carabineros tiene la obligación de ir hasta el lugar y acoger la denuncia, pero es muy importante que revise la verosimilitud del hecho. Creo que siempre hay detalles que permiten apreciar esta situación, además que hay un segundo filtro: el carabinero que se encuentra recibiendo la denuncia puede comunicarse con el fiscal de turno correspondiente, explicar lo que sucede y ahí tomar una determinación si tiene dudas. En definitiva, el delito de amenazas constituye el anuncio de un mal que según el artículo 296 del Código Penal requiere que sea serio y verosímil. Por tanto, se trata de un delito que tiene requisitos”.
Repudio transversal
Políticos de las más diferentes tiendas reaccionaron enérgicamente frente a este hecho.
El diputado y senador electo, Daniel Núñez (PC), en conversación con El Día señaló que “lo que ocurrió es realmente escandaloso, atenta contra la libertad de expresión y es inexplicable el accionar de Carabineros, porque da para pensar que personas que tienen un poder político son los que realizaron esa denuncia y actuaron de una manera amenazante”.
Por su parte, la diputada electa Carolina Tello (PC) también condenó la detención. “Me parece lamentable el actuar de Carabineros, por haber efectuado una detención sin pruebas, existiendo incluso registros de videos que demostraban que quien profiere amenazas es la persona que fue a increpar al medio de comunicación”, dijo.
En tanto, la también parlamentaria electa y periodista de profesión, Nathalie Castillo (PC), afirmó que “se trata de una detención que es arbitraria. Considero que existe la necesidad de implementar una ley de protección a la prensa y al trabajo de las y los profesionales, sus familias y de todo el ejercicio periodístico en una labor fundamental para el robustecimiento de la democracia”.
El diputado electo del PS, Daniel Manouchehri, señaló que “proteger la libertad de prensa es fundamental. Es parte esencial de la democracia, y uno de esos pilares es que la fuerza pública los respete. Nuestro absoluto rechazo a lo ocurrido y apoyamos al editor de diario El Ovallino”.
El senador electo y parlamentario en ejercicio, Matías Walker (DC), subrayó que “esto fue el mundo al revés, porque en vez de detener a la persona que va a amenazar por el contenido de una nota periodística, finalmente es detenido el editor. Me parece que es muy importante que exista una disculpa pública de Carabineros y que se establezca un protocolo especial en este tipo de situaciones”.
En la misma línea, el también parlamentario y senador pronto a asumir, Sergio Gahona (UDI), recalcó que“se trata de un procedimiento que a mi juicio no corresponde, por lo que le pido a Carabineros que investigue lo ocurrido, porque las facultades para poder detener a las personas las otorgan las Fiscalías y sólo cuando se trata de un delito flagrante. Más allá de la prensa, creo que aquí estamos hablando abiertamente de una vulneración al derecho de las personas”.
Asimismo, el periodista, diputado electo y que también fue editor de El Ovallino, Marco Antonio Sulantay (UDI), declaró que “no podemos normalizar este tipo de acciones. Hay que condenarlas clara y fuertemente. Y una de las formas de apoyar a los profesionales de la prensa y el ejercicio libre de ella es condenar también, sin matices, a aquellas autoridades que, en búsqueda de sus objetivos políticos, vienen hace tiempo relativizando hechos y acciones, físicas y verbales, basadas en la violencia”.
Por su parte, el diputado reelecto, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), sostuvo que “se vulneró el principio de presunción de inocencia y se actuó sin tener una base contundente. Lo que acá ocurrió fue un amedrentamiento y por otro lado, es necesario revisar los protocolos de Carabineros, porque tienen que haber órdenes judiciales para las detenciones”.
Finalmente, desde la Juventud PPD, encabezada por Mohammad Akbari, realizaron un llamado “al jefe de la IV Zona de Carabineros, Rodrigo Espinoza, a dar de baja al uniformado implicado”.