Tras declaraciones que diera el Servicio Nacional de Vivienda y Urbanización (Serviu) a nuestro medio respecto a la problemática relación que mantienen con un ciudadano ovallino a raíz del uso de un terreno que este último aduce le pertenece, pero fue ocupado por el organismo público; Constantino Siderakis- vecino que ya inició acciones legales- sostiene que Serviu ha mentido en sus declaraciones.
Todo comenzó el año 2000 cuando Serviu realizó una expropiación de terrenos para el proyecto de remodelación del sector Bellavista de Ovalle.
En la oportunidad, Serviu expropió terrenos de particulares para crear rutas de conexión vial en la zona urbana.
El problema, está dado en que por una parte, el servicio sostiene que entre los sitios expropiados estaba, “el sitio 28 manzana 1 de propiedad de particulares, entre los cuales se encuentra el señor Constantino Siderakis”, con quien aseguran “no existen asuntos pendientes” bajo el argumento de que “dicha expropiación fue notificada mediante un aviso en el Diario Oficial el día 16 de octubre de 2000” y que luego de esto, “el expropiado realizó un reclamo por el monto de la indemnización, acto del cuál luego desistió”.
La versión de Siderakis es distinta, pues si bien reconoce que se efectuó la expropiación, indica que esta acción legal se notificó en el Diario Oficial a nombre de su padre Ángel Siderakis, quien había fallecido 18 años antes de la notificación del día 16 de octubre de 2000.
“Hoy aparece Serviu diciendo que el notificado fui yo, en circunstancias que yo nunca tuve un terreno a mi nombre en esa fecha”, indica Siderakis.
Por lo tanto, el vecino, emplaza al organismo público a mostrar los documentos que acrediten sus palabras, “el Diario Oficial, el rol, la demanda y el acta de expropiación”, sostiene.
En documento presentado al Ministerio Público, Siderakis expone que en agosto de 2014 Serviu le pidió una serie de documentos de su terreno a fin de que procedieran al pago por el terreno utilizado en la calle construida, solicitud que indica cumplió, pero que sin embargo a las semanas siguientes le llega un mensaje de texto donde le señalan que fuera a buscar su documentación .
Ante lo anterior, el aludido, indica que el organismo efectuó una apropiación indebida y que por tal razón exige el pago de lo que sostiene, se le adeuda.
Actualmente, el caso está siendo evaluado por el Ministerio Público, quien definirá las acciones a seguir, de así considerarlo necesario.