El próximo 8 de junio la Corte de Apelaciones de La Serena resolverá si anula o no el juicio que el Tribunal de Ovalle determinó que Matías Andrade resultara condenado por desondres públicos y delito frustrado de incendio, pagando las penas en libertad.
La Fiscalía y el gobierno, como querellantes del caso, recurrieron al tribunal de alzada para que el fallo de los jueces en Ovalle quedara sin efecto y se pudiera condenar nuevamente al joven por el delito de incendio y acogerse a la Ley de Seguridad Interior del estado. Ambas partes solicitaron en su oportunidad un total de 20 años de presidio para el eximputado.
“Yo confío en que la Corte de Apelaciones rechace esta solicitud porque es totalmente injusta. Que apelen todo lo que quieran, que presenten las pruebas que tengan, el Tribunal fue bien claro, las pruebas que presentó la parte querellante no probaron lo que ellos pretendieron, incendio y desórdenes, por lo tanto, no es culpable mi hijo”, comentó Hugo Andrade, padre de Matías.
Para el abogado defensor, Robin Valenzuela, la Fiscalía incurre en un error con la calificación jurídica del hecho.
“Acá hay un error de la Fiscalía. El segundo punto tiene que ver con la calificación jurídica y el Tribunal no habría dado las razones por las cuales se condenó por desórdenes públicos, no así por Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto está fundamentado, de por qué se inclina el Tribunal por desórdenes públicos y no por Ley de Seguridad. No hay antecedentes nuevos sobre el caso, creo que es un error de la Fiscalía”, dijo.
El martes 6 de abril, los magistrados –en forma unánime- Claudio Weishaupt (presidente), Zoila Terán (redactora) y Ana Karina Hernández dieron por acreditado la ocurrencia de los delitos y la participación del acusado en los hechos. Asimismo, desestimaron la acusación por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ese mismo día Matías Andrade cumple actualmente su pena en libertad, ya que se mantuvo prácticamente un año en prisión preventiva.
La medida de la Fiscalía junto con el gobierno no gustó al diputado Daniel Núñez, quien ha seguido el caso desde cerca, asegurando que habría ensañamiento.
“Acá hay un absoluto ensañamiento de Piñera con los jóvenes que protestaron legítimamente contra los abusos y que dieron vida a este cambio que nos permite tener hoy día a delegados y delegadas para redactar la Nueva Constitución. Piñera se sigue vengando y tratando de mantener en prisión a todos los jóvenes que lucharon por querer un país libre de abusos”, manifestó.
FISCALÍA Y GOBIERNO
Los querellantes en esta oportunidad corresponden a la Fiscalía y al gobierno, representados en el ministerio del Interior. De hecho, el propio Intendente declaró escuetamente que “este tema lo está viendo la gobernación de Limarí. Nosotros creemos que todo acto vandálico tiene que castigarse. Eso es claro, evidentemente”, señaló Pablo Herman.
Mientras que la Fiscalía solo se remitió a comunicar que “presentó el recurso de nulidad al fallo ya que estima que hay causas de nulidad en el pronunciamiento de la sentencia, respecto a los hechos probados. Hoy (ayer) se presentaron los alegatos del recurso y se sabrá la decisión de la Corte el próximo ocho de junio”.