La disponibilidad de agua enfrenta una vez más a residentes de localidades rurales con la empresa privada. Esta vez, habitantes de Recoleta denuncian la extracción de agua presuntamente de manera ilegal por parte de la empresa Contador Frutos, quienes de acuerdo al relato de los vecinos, mantienen un pozo de más de 100 metros de profundidad, poniendo en grave peligro la disponibilidad de agua para el riego de sus cultivos, según indican.
Jorge León, uno de los vecinos afectados, explica que ya han interpuesto cuatro denuncias a la oficina provincial de la Dirección General de Aguas (DGA), las que fueron realizadas por residentes del sector, junta de vecinos y el Comité de Agua Potable Rural (APR).
“Nos han dicho que la denuncia tiene plazos y que debemos esperar, pero nos preocupa lo que nos pueda pasar, ya que nosotros vivimos de la agricultura familiar”, explica el afectado, quien agrega que la situación también “afectará nuestros pozos y son personas que no tienen la debida autorización.
Respecto a ello, Arturo Ruiz, director (s) regional de la DGA, el organismo cuenta con 30 días para hacer las investigaciones respectivas “pero por tratarse de una situación que involucra a tantas personas, hoy le estamos dando prioridad. Debemos escuchar a los acusados para que ellos hagan sus descargos y estamos en el proceso de investigación”.
Consultado si la empresa contaría con los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, Ruiz explica que “cualquier persona puede construir un pozo en terreno propio, sin necesidad de constituir los derechos o pedirnos permiso a nosotros. Lo que sí necesitan es permiso para extraer el agua”.
El pozo se habría construido junto a otros dos que sí cuentan con autorización, uno de ellos el de Jorge León. “Nos preocupa que un pozo tan profundo se haya construido a 150 metros del pozo del APR que abastece a toda la comunidad de Recoleta”, alerta el vecino.
Finalmente el director (s) regional de la DGA, dijo que una vez concluida la investigación, “daremos a conocer nuestro pronunciamiento final mediante una resolución que dirima el problema, lo que demora un tiempo de acuerdo a la cantidad de antecedentes que se logren recabar”.
El Ovallino conversó con el administrador del fundo, quien de forma telefónica señaló que los propietarios de la empresa no emitirán por ahora declaraciones al respecto.