Hace unas semanas atrás, la noticia del reemplazo que se llevará a cabo de los medidores de luz actuales por los llamados “medidores inteligentes”, el cual se extenderá a lo largo de proceso de transición que durará hasta 2025, levantó bastante polvo y comentarios.
Primero, por el costo de su instalación: y es que a partir de un reportaje realizado por el portal de investigación Ciper, se reveló que el costo del cambio a los “medidores inteligentes” y que contempla a 6,5 millones de clientes de suministro eléctrico del país – que conllevará un costo cercano a los 1.000 millones de dólares – sería asumido íntegramente por los propios clientes.
Pero además, se informaba que estos modernos dispositivos de medición, monitoreo y control del consumo eléctrico de los hogares, pasarán a ser propiedad de las empresas y no de los usuarios, como era hasta ahora, medida que surge a partir de la Ley 21.076 aprobada en febrero de 2018 que establece que “el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución”.
Y si bien, desde la Asociación de Empresas Eléctricas desmintieron posteriormente esta situación, afirmando que no habría “gasto adicional para el cliente”, la molestia de los usuarios se hizo patente, ante lo cual, tanto desde el ámbito del ejecutivo como del legislativo, se anunciaron diversas medidas: ofrecer a los propietarios de los medidores actuales comprarles el dispositivo o la presentación de un proyecto de ley para revertir el cobro de los medidores, fueron algunas de esas acciones.
Ante este escenario, el diputado RN por la región, y miembro de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, Francisco Eguiguren, se mostró partidario de que el costo de los medidores inteligentes “debe ser del cargo de las empresas. La ley es clara. Aquí se definió que el empalme, el poste, los medidores y los activos en general pasaban a ser de propiedad de la empresa, por lo tanto es la empresa la que debe hacerse cargo del costo de estos medidores, y no los usuarios” argumentó.
Eguiguren se mostró a favor de la iniciativa que propone que las empresas eléctricas compren los medidores antiguos de los usuarios que son propietarios de éstos, pero señaló que es necesario “ir más allá. No solamente comprarlos, sino también que las empresas deban hacerse cargo también del costo de los medidores inteligentes. Siento que ahí no se está haciendo justicia con los usuarios porque si se les llega a cobrar por eso, sería algo indebido” afirmó.
¿Y LOS TRABAJADORES?
No obstante, el parlamentario llevó el tema hacia un plano que, al menos hasta hoy, no se ha analizado.
Y es que producto del cambio tecnológico que implica la implementación de los medidores nuevos – que significa el fin de la medición manual para la facturación – surge la duda sobre el futuro de cientos de trabajadores que hoy cumplen esa función.
“Los medidores inteligentes van a generar ahorros importantes a la gente, pero también va a significar un ahorro en la ocupación de mano de obra para las empresas eléctricas. Por tanto me preocupa mucho saber qué va a pasar con esa gran cantidad de personas que van a dejar de tener un trabajo producto de este cambio. Este sistema va a generar que una gran cantidad de trabajadores vayan a perder su puesto laboral” manifestó el legislador.
Eguiguren aseguró que este es un tema muy delicado, propio de los cambios que estamos viviendo por el avance tecnológico, y que por lo mismo, debe ser abordado urgentemente por la autoridad.
“Yo ya he oficiado al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Economía para que me de luces de lo que va a ocurrir ahí. Porque estamos viviendo tiempos muy complejos, donde se están generando muchas situaciones que hay que atenderlas” indicó. “Hoy día se cerró Guante, se están cerrando empresas, y estos cambios tecnológicos van a generar una merma laboral en muchas compañías” agregó.
Ante tal panorama, sostuvo que es necesario abordar el tema laboral desde dos miradas: capacitación para su reconversión laboral y revisar la legislación vigente.
“Me preocupa que nos quedamos con una legislación muy rígida, sin la flexibilidad que permita fortalecer el empleo. Hoy día el gran desafío es no seguir precarizando el empleo, sin embargo, nuestra legislación laboral la está precarizando”.
Por ello, junto con defender las propuestas del gobierno en torno a esta materia insistió en que “se debe ir modernizando nuestra legislación, porque de lo contrario vamos a entrar en una espiral en donde va a generarse mucha cesantía y no vamos a ser capaces de hacernos cargo de esas personas que se están quedando sin trabajo y reubicarlas en otro empleo” concluyó.
Feriado para el Eclipse
Este próximo 2 de julio, la región de Coquimbo será centro de atención mundial, pues ese día, ocurrirá el esperado eclipse total de sol, fenómeno astronómico para el cual se espera la llegada de casi un millón de personas a la zona.
Ante tal avalancha de visitantes y las situaciones que se pueden generar es que un grupo de diputados de la región, entre ellos Francisco Eguiguren, propuso al gobierno decretar el día 2 de julio como feriado regional para ese único y exclusivo día.
“En la región vamos a reunir más de un millón de personas, por tanto la verdad es que ahí se van a generar muchas situaciones, ante las que, si no estamos bien programados van a ser muy difíciles de abordar. Pensemos por ejemplo, en la cantidad de vehículos que van a haber en la calle, o en el funcionamiento de los servicios, los cuales, van a tener que hacerse cargo de una cantidad enorme de personas” argumentó el diputado de Chile Vamos.
Al respecto, insistió que es necesario que la región cuente con ese feriado el cual, si bien no es irrenunciable, “va a permitir organizarnos, planificarnos con mayor facilidad y con todas herramientas posibles. De lo contrario nos vamos a exponer a una situación muy compleja y que un feriado regional podría aliviar mucho”.