Este martes, ante la Corte de Apelaciones de La Serena, el diputado por la región, Pedro Velásquez, presentó un recurso de protección en contra del Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, y de la empresa Sacyr, concesionaria de la ruta Ovalle-La Serena.
¿El motivo? Pues a juicio del parlamentario y ex alcalde de Coquimbo, la acción judicial se interpuso ante el menoscabo que la gente ha sufrido producto de la entrega de la Ruta D-43, la cual no se encuentra finalizada, y que por lo mismo, no cumpliría con estándares de seguridad mínimos requeridos para la circulación de vehículos, así como el alto precio que deben pagar los usuarios.
Falta de adecuada señalización, cruces sin iluminación, elementos en la vía que ponen en riesgo la circulación, señalización de cruce de animales inexistentes, son algunos de los problemas que se incluyen en el recurso, y por el cual espera el legislador, la justicia pueda declararlo admisible, y avanzar hacia la suspensión del cobro por el uso de la ruta.
“Nos encontramos frente a una obra que no está terminada, y por la cual los usuarios deben pagar. El Estado de Chile ha privilegiado a la empresa en desmedro de sus habitantes, especialmente de Ovalle, que tiene que concurrir a las universidades, institutos, hospitales, servicios públicos y trabajo en Coquimbo o en la capital regional” manifestó Velásquez.
El parlamentario agregó que esta situación ha redundado en un menoscabo para las personas, pues “la tarifa que se ha instalado es de 2.900 pesos. Y en un gesto prácticamente burlesco, parlamentarios y autoridades de gobierno han mostrado ante la opinión pública como un gesto maravilloso, una baja transitoria a 2.500 pesos por este tiempo”.
Para Velásquez, la decisión se ha tomado además, en un momento en que la región presenta altas de cesantía, lo que perjudica aún más el bolsillo de la gente.
“Este recurso de protección busca que el tribunal lo declare admisible y en lo particular, pueda paralizar este cobro, y que las tarifas de la ruta se ajusten al precio original que fue prometido a la ciudadanía, que era 2.000 pesos” explicó.
Paralelamente, el legislador envió una carta al Presidente Sebastián Piñera para explicarle las consecuencias económicas que este peaje pueden conllevar para los ovallinos. “Le solicitamos bien reconsiderar que se vuelva al precio original, que se pueda ampliar la concesión a mas años para poder bajar el peaje, y si no, que derechamente, el Estado subvencione a la ruta, tal como como lo hace con el Transantiago” señaló.
PRECIO JUSTO: MENOS DE 2 MIL
Por su parte, el alcalde Claudio Rentería manifestó su opinión sobre el tema, señalando que para él “el precio justo a pagarse debiese fluctuar entre los 1.800 y 2.000 pesos”.
Al respecto, el edil afirmó que tras la reunión que sostuvieron en Santiago con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esperaban una rebaja mayor, mediante cualquier sistema, que dejara el costo entre los 1.800 y los 2.000 pesos, porque de acuerdo al trayecto el precio es excesivo.
En ese sentido, el alcalde Claudio Rentería afirmó que “tenemos que buscar alternativas, como por ejemplo, aumentar el subsidio por parte del Estado o extender la concesión o aplicar otra fórmula, para que la comunidad no se vea tan afectada”.
Rentería señaló que participó de las reuniones con autoridades y el día en que se entregó la información, pero eso “no quiere decir que esté de acuerdo, de hecho de inmediato manifesté mi postura y mi molestia al respecto”.
Por ello, el edil afirmó que “estamos de acuerdo que será una carretera con los mejores estándares, pero no está terminada y el precio del peaje incrementará todos los servicios, uno de los principales, los pasajes de las empresas de locomoción colectiva” concluyó.