Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle de la PDI, lograron esclarecer un delito de robo en lugar no habitado ocurrido el día 30 de septiembre del año en curso, luego de que la propietaria de un inmueble ubicado en la Población Juan Pablo I, se dirigiera hasta sus oficinas a presentar una denuncia por robo en lugar habitado.
La mujer, que había tenido que salir de su propiedad aquel día, notó que una serie de electrodomésticos habían sido sustraídos, entre ellos, tres televisores, horno eléctrico, play station, impresora, equipos de home theatre, entre otros.
Los detectives, junto con practicar las primeras indagaciones con relación a la denuncia, lograron determinar el lugar exacto donde estaban ocultas las especies, correspondiendo a un domicilio dentro de la misma población.
En la ocasión, los oficiales llegaron a efectuar consultas al domicilio en cuestión, percatándose que 3 individuos se dieron a la fuga desde el interior hacia los patios colindantes, siendo detenidos momentos más tardes. Dos menores de 15 años y uno de 17 años, los que fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, para que se les efectúase un contro de detención.
Sobre este respecto, el comisario Raúl Muñoz señaló que se trata "de procedimientos habituales que efectúa la Policía de Investigaciones de Chile, precisamente sobre la base de las denuncias y los antecedentes que aporta la comunidad en este sentido. Por tal motivo, el llamado es a seguir denunciando hechos de esta naturaleza. La seguridad pública requiere del involucramiento de la comunidad en su conjunto".
Control de detención
Ya en la audiencia de control de detención, el Ministerio Público dio a conocer los antecedentes que fundaron el arresto de los menores, señalando que las especies fueron avaluadas en 2 millones de pesos.
La formalización efectuada tuvo relación con los delitos de receptación y violación de morada, este último porque los detenidos ingresaron a viviendas mientras huían de los policías. El fiscal solicitó arresto domiciliario para los tres menores, la prohibición de estos para acercarse a las víctimas, y que quedasen bajo la sujeción de la Corporación Gabriela Mistral, donde un equipo de profesionales trabaja en la reinserción de los menores infractores de ley.
Sin embargo, el juez acogió los argumentos de la defensa, señalando que las penas máximas a las que se exponen los menores de acuerdo a los delitos, son la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, descartando así, que en algún momento pudiesen perder su libertad.
En la audiencia, se dio a conocer que dos de los detenidos, presentan antecedentes por delitos de similares características.