En Ovalle detuvieron a uno de los 5 imputados que fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, luego de dos meses y medio de ardua labor investigativa efectuada por el Departamento de Investigación Criminal OS-9 de Carabineros, respecto a la búsqueda de los responsables del hecho incendiario registrado el 21 de mayo de este año en aquella ciudad y que terminó con la vida del guardia de seguridad, Eduardo Lara.
Esta acción contó con un operativo que se efectuó casi simultáneamente en Coquimbo y La Serena, y que permitió dar con los resultados y posteriormente derivar al imputado hasta la capital de la quinta región donde fue formalizado.
Se trata de Miguel Ángel Valera Veas de 31 años de edad, quien desde hace un corto tiempo permanecía en la capital del Limarí, aparentemente en compañía de una mujer con quien residía en el sector céntrico de Ovalle.
Su detención precisamente, se llevó a cabo cerca de las 18:00 horas, en la intersección de calle Benavente con Balmaceda, luego de un seguimiento minucioso que no dio señales de la búsqueda del individuo, quien mantendría domicilio registrado en el principal puerto de Chile, y que según indican las primeras diligencia se encontraba en Ovalle en compañía de su presunta pareja.
“El trabajo que se realizó en términos generales fue aportar a la detención de las personas que se encuentran sindicadas como que participaron en el hecho punible, esto fue una orden de detención, por lo que hay que destacar que Carabineros, va a continuar en la búsqueda de personas que puedan estar vinculados en un hecho delictual con la finalidad de garantizar el reguardo de la población”, argumentó el mayor Ricardo Chau, comisario de la Tercera Comisaría de Ovalle.
El mismo oficial aseguró que el trabajo que efectuó personal policial de la comuna, solamente se enfocó en el cumplimiento de la orden emanada desde el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde un equipo multidisciplinario abocado a la investigación detectó que uno de los buscados sindicados estaba en Ovalle, lo que fue efectivo por lo que se procedió a la labor. En ese sentido, los carabineros locales solo actuaron como unidad territorial prestando apoyo y colaboración para la seguridad de la detención y efectividad del proceder del grupo OS-9 de Valparaíso.
“Por materia de la investigación, no podemos entregar mayor información. Sólo que no presentó resistencia y desconocemos cuánto tiempo llevaba en la comuna. Reitero que prestamos apoyo para – como siempre- mantener el resguardo de la comunidad civil en este tipo de actuar, lo que dio excelente resultados”, dijo el comisario Chau.
El hecho
El ahora imputado, quien es el mayor respecto a los otros detenidos, sería estudiante de Sociología y presentaba filiación penal anterior, tras ser detenido en dos ocasiones anteriores por desórdenes y maltrato a Carabineros, además de contar con antecedentes de violencia intrafamiliar.
Varela, según la investigación realizada, se habría concertado junto a otros cuatro hombres y una mujer, identificados como Felipe Eduardo Ríos Henríquez (23), Rodrigo Andrés Araya Villalobos (21), Constanza Gutiérrez Salinas (19), además de Hugo Barraza Araya (22) detenido en Coquimbo, para incendiar la farmacia que afectó a la oficina de concejales de la municipalidad de Valparaíso y que generó la muerte del guardia Eduardo Lara de 71 años de edad.
Durante la audiencia de formalización, se exhibieron fotografías y videos que muestran evidencias donde se asevera que ellos se habrían juntado antes de la marcha y que cada uno tendría una participación especial en el saqueo a una tienda Entel y luego en la Farmacia Ahumada, donde se generó el fatal siniestro.
Formalización
Previa al control de detención de los imputados la fiscal municipal de Valparaíso, Jeanette Bruna, había adelantado que tres de los cinco imputados tendrían directa relación con la muerte de Eduardo Lara, asegurando que solicitarían la medida cautelar de prisión preventiva para todos los presuntos involucrados.
Pero en la sala de audiencia número 7 de la ciudad puerto ocurrieron complicaciones, debido al poco espacio para a llevar a cabo la formalización. Se indicó que sólo podían ingresar dos familiares por cada imputado, y una cámara por cada medio de comunicación.
Estas normas generaron pequeños altercados entre periodistas, gendarmes y los familiares, en particular, de dos de los imputados, quienes son estudiantes de la Universidad de Playa Ancha.
El espacio habría dificultado la entrada de alguno de los acompañantes, mayoritariamente estudiantes. Un amplio operativo policial rodeó las dependencias, ya que acudieron en alto número personas a apoyar los imputados, confiando en su inocencia.