Por Lionel Varela / Punitaqui
El pasado miércoles, el concejo municipal de Punitaqui conoció un informe de Contraloría que acusaba a la directora de la Unidad de Control del municipio, la abogada Norma Tapia Salazar, de una omisión grave.
Según el escrito, durante 180 días del año 2022, la funcionaria no marcó su entrada y/o salida en el sistema biométrico de control de asistencia del municipio. En simple, significa que Tapia no habría registrado su entrada durante medio año y, lo que es aún más sorprendente, es que en algunas ocasiones, sólo marcó su salida.
Pese a ello, sus liquidaciones de sueldo dan cuenta que éstas fueron pagadas de manera íntegra, sin existir descuento alguno por las ausencias registradas.
Asimismo, el informe de Contraloría también revela que la funcionaria en cuestión tuvo 64 días de ausencia justificada, los cuales incluyen feriados legales, licencias médicas y permisos con goce de remuneraciones. De los días de ausencia justificada, 39 se deben a licencias médicas. Además, la funcionaria tuvo 11 días de permisos con goce de remuneraciones, que incluyen jornadas de mañana y tarde, además de 15 días de feriados legales.
SOLICITUD DE RESPALDO
En ese contexto, la Contraloría en su documento solicitó a la funcionaria que “respalde o justifique el cumplimiento de su jornada laboral en las citadas fechas, y en caso de que eso no sea posible, adoptar las medidas que en derecho correspondan para obtener el reintegro de lo eventualmente mal percibido por la referida funcionaria, informando de su resultado en el plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente documento a través del Sistema de Seguimiento y apoyo CGR”.
Respecto a los registros de asistencia en el municipio de Punitaqui, el ente contralor agregó que “dado que los hechos expuestos podrían implicar la infracción de deberes funcionarios –obligación de registrar asistencia y/o cumplir con la jornada de trabajo– esa repartición deberá dar inicio a un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos descritos, remitiendo copia del acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República, en un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente oficio”.
RESPUESTA DEL MUNICIPIO
Consultado el municipio de Punitaqui por el informe dado a conocer en el concejo municipal del pasado miércoles se remitió una respuesta emanada desde la Unidad Jurídica Municipal, la que señala que “desde el municipio recogemos y acatamos las resoluciones de Contraloría. Por lo tanto, tendremos que hacer los procesos respectivos internos solicitados por el órgano fiscalizador. Creemos que es relevante la trasparencia en estos aspectos. La profesional tiene un plazo de 30 días para efectuar sus descargos a Contraloría. Acá lo importante es respetar la ley y cumplir lo solicitado”, señalaba el escrito.
LA OPINIÓN DE LOS CONCEJALES
Desde el concejo municipal de la “Tierra de los Molinos”, sus integrantes señalaron que si bien se debe respetar el informe de Contraloría, existe una buena evaluación del trabajo efectuado por Norma Tapia.
Así lo indica la concejal, Camila Rojas Honores, quien sostuvo que conoce el trabajo de la funcionaria y que gracias a su labor, se pudo reorganizar la Unidad de Control en el municipio.
“Cuando este concejo actual ingresó, esta unidad estaba prácticamente desmantelada. De tener 5 funcionarios pasó a una administrativa, y en tiempo récord sacó adelante el trabajo”, señaló la autoridad.
En ese sentido, Rojas sugirió que detrás de esta acusación, podría haber una “represalia” por el excelente control que, a su juicio, lleva por ley en su unidad.
“Ella tiene tiempo de hacer la contestación y va a tener la forma de respaldar su trabajo. Por ejemplo en la municipalidad hay cámaras como medio de prueba. Además, que hay funcionarios o había funcionarios, porque la mayoría se fue a trabajar a la Gobernación Regional, que llegaban a la hora que querían y tenían que haber comenzado a atender al público a las 8:30 de la mañana. En dos ocasiones pedí el reloj control y funcionarios que no llegaban a la hora aparecían con registro de ingreso normal. Eso me genera suspicacia”, afirmó.
Por su parte, el concejal Patricio Cortés, expresó que, ante el requerimiento de Contraloría, la funcionaria tendrá que presentar sus descargos a estas acusaciones.
“Estuvo enferma. Además se le controla a ella cuando existen otros funcionarios que realmente no respetan los horarios. La Unidad de Control tiene todo nuestro apoyo”, indicó Cortés.
La misma opinión comparte su colega del concejo municipal, Adrián Valdivia, quien sostiene que la Contraloría debe realizar su trabajo y ella deberá responder a las consultas que se le realiza.