Se completarán dos semanas desde que el comercio en Ovalle y otras comunas de la provincia de Limarí permanece “a media máquina”. Restoranes, pubs y lugares similares con sus puertas cerradas, mientras que los supermercados con restricción de personas atienden de manera parcelada a sus clientes.
La cuarentena preventiva y voluntaria que solicitan las autoridades a los habitantes para evitar la propagación del Coronavirus está dejando lentamente a varios perjudicados, entre ellos a los mismos empleadores, pero por sobre todo a trabajadores. De esta forma, el Congreso aprobó el proyecto de ley del Gobierno denominado Protección del Empleo, que forma parte de un paquete de medidas sociales y económicas anunciadas por el Gobierno por cerca de $12 mil millones de dólares.
La iniciativa contempla la posibilidad de que se suspenda la relación laboral, cuando exista una declaración de la autoridad que implique la paralización de actividades, o cuando el empleador y trabajador lo acuerden. Además, la iniciativa establece la opción de pactar una reducción de jornada, a fin de que los trabajadores puedan acceder a prestaciones y complementos con cargo al seguro de cesantía (ver Recuadro).
En el caso de suspensión de la relación laboral, los trabajadores podrán acceder al seguro de cesantía en la forma en que se paga actualmente, permitiendo cubrir sus remuneraciones el primer mes en un 70%. En el caso de se extienda la declaración de catástrofe por parte de la autoridad más de 30 días, los giros serán de 55% y 45% para los meses siguientes.
El empleador, en tanto, pagará las cotizaciones previsionales y de salud.
Para acceder a esta opción, los trabajadores deberán contar con tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses anteriores al acto o declaración de la autoridad. Asimismo, podrán acceder aquellos trabajadores que registren un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.
“Lo que busca este proyecto es mantener la estabilidad de la relación laboral y asegurar remuneraciones para miles de trabajadores chilenos, que irán con cargo al seguro de desempleo y no al empleador”, comentó el seremi del Trabajo, Matías Villalobos.
Para el Instituto de Políticas Públicas de la UCN, el proyecto aprobado va en la dirección correcta al actual contexto que vive el país.
“Por una parte, da mayor flexibilidad en suspender la relación laboral y por otro, para mantener el vínculo y no perder el empleo, puedan acceder con mayores facilidades a una disminución de requerimientos para acceder al ingreso complementario del seguro de cesantía. Es bueno, porque para aquellas personas que lo necesiten en los próximos meses, se mantiene en el tiempo y después hay una garantía del fondo solidario del seguro de cesantía en caso que el trabajador haya gastado ese mismo seguro”, dijo Marcelo Olivares, académico del instituto.
“Estas medidas no son para reactivar la economía, sino para mitigar los efectos negativos de la emergencia sanitaria que vivimos en el país. Con esto, buscamos mitigar, dar estabilidad a los trabajadores para que mantengan su fuente de trabajo y minimizar los riesgos de perder su empleo”, agrega Villalobos.
Una medida que busca ayudar a los trabajadores, al igual que a los empleadores, quienes en esta región las pequeñas y medianas empresas conforman un pilar fundamental en la generación de empleo.
Desde el Instituto de Políticas Públicas afirman que las Pymes aportan de forma importante a este fondo, porque 3 de cada 4 pesos que están en el seguro de cesantía son aportados por el empleador. Sin embargo, el panorama que enfrentarán las pequeñas y medianas empresas desde marzo hasta los próximos meses es complejo, tras las medidas de aislamiento adoptadas por las autoridades.
“El comercio y el turismo con estas medidas de aislamiento no podrán funcionar y es muy distinto a otras situaciones de recesión económica, donde va disminuyendo la demanda de manera paulatina y la producción está disminuyendo, eso genera desempleo en el tiempo de forma más brusco, ya que se restringe la producción. Será un escenario complejo de cara a la reactivación, ya que no se permite el flujo de personas además de otras medidas de orden sanitario”, indica Olivares.
Una situación preocupante y que correrían paralelamente a la tasa de desocupación entregada este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas, que indica que existe un 8,8% de desempleo en la región de Coquimbo.
La intendenta Lucía Pinto afirmó que el Gobierno va a paliar los efectos económicos de la pandemia, diciendo que “nosotros como Gobierno Regional estaremos desarrollando un proyecto para redestinar recursos de manera de ir en ayuda rápidamente de todos aquellos que se vean afectados en estos meses a causa del Coronavirus”, dijo, pero no ahondó en qué medida en particular está trabajando.
MIRADA OPOSITORA
El proyecto de ley fue votado con 90 votos a favor, pero que igualmente tuvo rechazo. El diputado PS Raúl Saldívar manifestó que el Estado se está “ahorrando una buena parte” con el actual proyecto, refiriéndose que los dineros de la medida saldrían del ahorro de cada trabajador en el seguro de cesantía.
“Hubiese sido mucho más importante antes que el trabajador se consuma los recursos que tiene reservado para futuras y eventuales situaciones de cesantía, esos recursos hubiese quedado para cuando se agote aquellos que pone el gobierno. Vale decir, empezar con la ayuda del Gobierno y si esta situación se prolonga de manera excesiva, recién hacer uso de los recursos que el trabajador tiene en el seguro de cesantía. Hay una mirada en la que tengo una diferencia y que hubiese marcado un rol distinto del Ejecutivo respecto al seguro de cesantía, que son recursos del propio trabajador”, explicó.
El seremi del Trabajo prefirió no entrar en polémicas con el parlamentario regional.
“Hacemos un llamado a buscar soluciones, a la unidad, a hacer un trabajo en conjunto, trabajando de manera coordinada y forma unida. Esto se financia con la cuenta individual (de cada trabajador), pero también con el fondo solidario, incluso se asegura a trabajadores de menores ingresos que se va a mantener por tres meses el 70% de su remuneración que irá a cargo del fondo solidario y el Estado se compromete a inyectar $2 mil millones de dólares en caso que bajen los fondos”, cerró Villalobos.