Por Lionel Varela / Ovalle
Un verdadero tour por Europa para cotizar las mejores cepas de marihuana del mercado es el que realizaba el sujeto que abastecía a la banda ovallina que fue desarticulada en la denominada operación “Diamante Verde”, y cuyo integrantes fueron puestos en libertad luego de pagar una suma de 2 millones de pesos cada uno.
Gracias a la “calidad” de sus productos los integrantes de la banda habrían adquirido, según la carpeta investigativa -que ayer pasó a ser reservada – desde casas, 19 automóviles de alta gama (avaluados en $630 millones), tres motos y caballos fina sangre.
Todo esto pone en evidencia aún más que la exigua suma pagada por su libertad no consideró todos estos antecedentes, ya que con extrema facilidad pagaron los 46 millones de pesos de caución que les permitió salir a todos en libertad.
Claro, porque pese a ser descubiertos con más de 1,6 toneladas de droga y que su medida cautelar luego de la presión mediática fuera revocada, hasta el cierre de esta edición solo una de las integrantes había sido recapturada este martes en la localidad de Guanaqueros.
Según la carpeta investigativa, la banda la formarían dos clanes familiares que contaban con igual cantidad de líderes. Estos eran el “Yoyo” y el “Ricky”, mientras otro de los miembros que cumplía un rol protagónico era “el Talento” quien era el encargado de traer desde el extranjero las apetecidas semillas de marihuana.
Cabe recordar que en el operativo efectuado en Ovalle se realizaron allanamientos en 28 domicilios, siendo varios de sus familiares y cercanos quienes fueron detenidos, pues, según información policial, el grupo delictual también lo integraban tíos, hermanos, primas, padres y sus parejas.
Entre las involucradas se incluyen 11 mujeres, quienes cumplían distintos roles que iban desde cosechar la marihuana, protegerla, hasta administrar los dineros producto de su venta. Incluso, entre ellas, se habla de una estudiante de derecho que las asesoraría y otra con estudios en contabilidad que los apoyaría en la administración los recursos obtenidos por la venta de droga.
En este contexto, el abogado Carlo Silva, quien representa a 12 de los imputados, descarta que exista una asociación ilícita y que muchas de las personas imputadas son familiares que poco o nada tienen que ver con el tráfico de drogas. Por ese hecho, según él, la acusación de la Fiscalía sobre la existencia de una “agrupación criminal” se complica claramente.
Según su análisis, los actos cometidos son conductas aisladas que no implican una coordinación criminal entre todos los acusados. Y aunque reconoce que se encontró una cantidad significativa de cannabis en un terreno baldío, señala que no hay evidencias de la existencia de una comunicación o acuerdo entre los imputados para llevar a cabo el delito de manera conjunta.
En cuanto a la acusación por tráfico de drogas, también cuestiona el planteamiento de la Fiscalía, sugiriendo que la ley clasifica las conductas en diferentes etapas, desde el cultivo hasta la distribución, y que en este caso, aunque se halló cannabis cultivada y almacenada, no se ha demostrado que se haya facilitado su tráfico a terceros.
En su opinión, el Ministerio Público ha intentado ampliar la gravedad del caso al imputar “a todos por el todo”, sin hacer distinciones entre los roles o implicaciones individuales.
IMPORTACIONES "DE CALIDAD"
Según los antecedentes relevados en la carpeta investigativa existirían pruebas claras que “el Talento” realizó más de 50 importaciones de semillas de marihuana sin remitente, principalmente desde España.
Éstas contenían bolsas, tubos plásticos, sacos y prendas de vestir, que presuntamente ocultaban semillas e insumos para la producción de marihuana, las que nunca fueron inspeccionadas.
Se sabe que “el Talento” manejaba grandes cantidades de dinero. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, entre 2021 y 2023 retiró 330 millones de pesos de su tienda principal que la fiscalía lo acusa de utilizar para lavar dinero mediante facturas falsas y contratos ficticios para miembros de las organizaciones a las que proveía insumos.
Incluso el sujeto registra entre sus sucursales una tienda ubicada en calle Prat, en pleno centro de La Serena.
Un equipo de El Día se dirigió hasta el lugar, pero dicho local de venta de semillas y plantas ya no existe.
De acuerdo a los expertos, las semillas de marihuana que eran importadas por “el Talento” son de alta calidad y tienen un gran nivel de crecimiento, requiriendo muy pocos implementos para su desarrollo como agua y fertilizante. De hecho, solo una pequeña bolsa con mil semillas, con un proceso adecuado, permite a cada una de ellas sacar más de un kilo de cogollos de alta calidad.
Es decir, esto asegura una producción óptima y una alta cifra de retorno para la banda.
LA ORGANIZACIÓN
Otro de los factores que llamó la atención de las autoridades policiales y la Fiscalía, es el nivel de organización con que contaban, ya que contrataban a trabajadores de distintas nacionalidades para operar los cultivos en zonas alejadas, principalmente en los valles interiores de Monte Patria y Combarbalá, sin considerar que se les proveía todas las herramientas para desarrollar sus labores, ya sea con vehículos todoterreno, maquinaria pesada, alimento y agua.
Sin embargo, debido a que en estos lugares remotos temían sufrir ataques de animales salvajes, robo de drogas por otros narcotraficantes y, en menor medida, operativos policiales, los integrantes de la organización, con el fin de proteger las cosechas, enterraban droga en recipientes herméticos bajo tierra, evitando así su detección por la policía y protegiéndolas de factores climáticos.
VINCULACIÓN CON CARABINEROS
Pero lo más grave es que en el expediente judicial también se revela que el grupo criminal recibía información de miembros de Carabineros.
En un diálogo extraído desde este documento se puede observar como la madre de uno de los líderes, “Yoyo”, conversa con otra de las integrantes de la banda, identificada como “la Paty”, sobre una información salida en la prensa que señalaba que siete funcionarios de la SIP de Ovalle fueron dados de baja por quedarse con droga incautada.
Tras consultar con un abogado conocido del grupo, éste les habría proporcionado una lista de los involucrados, celebrando que no estuviera su supuesto contacto entre los desvinculados.
En otra conversación se deja entrever que en una ocasión previa les habían advertido de un sobrevuelo policial. “La ‘paca’ de Tulahuén le está avisando al Nacho, y él inmediatamente llama a Macarena o a Víctor para alertarlos, porque está coludido con los ‘pacos’ de Tulahuén”, se señala en la carpeta investigativa.
Según lo mencionado en la escucha telefónica, se presume que esta supuesta funcionaria podría haber sido parte del retén fronterizo de Carabineros en Tulahuén.
Pero, de acuerdo a lo investigado por El Día, en dicha repartición policial ubicado en la localidad de Monte Patria, no existiría personal femenino destinado.
Consultada la Fiscalía por esta arista de la investigación, descartaron referirse al tema.
Desde Carabineros, en tanto, indicaron no tener conocimiento sobre esa investigación en particular. No obstante, y tal como ha sido la política de la institución, en caso de que algún funcionario se aparte de los códigos de ética institucionales, se le aplicarán las máximas medidas que correspondan al hecho.
Cabe recordar que hoy se realizarán en la Corte de Apelaciones de La Serena los alegatos por el recurso de apelación de la causa de tráfico de drogas y otros delitos de la mencionada banda.
GOBIERNO EVALÚA SOLICITAR INHABILIDAD DEL JUEZ
Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que “nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez (Luis Muñoz Caamaño) que se inhabilite en lo sucesivo” de esta causa, considerando que “ha quedado en una posición frágil” al haber mostrado “una opinión que ya tiene en relación con la investigación, que muestra que no le tiene mucha fe”, palabras que fueron confirmadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien durante un punto de prensa en Santiago, declaró que su cartera decidió presentar una querella en este caso, y descartó que la posible gestión signifique “un problema entre poderes del Estado”.
“Estamos usando las herramientas que dan la Constitución y el Estado de Derecho. El Ministerio del Interior, por razones de seguridad y de orden público, puede querellarse y como querellante, puede pedir medidas. Una de esas, que tendrá que evaluarla en detalle el equipo jurídico que está representando al ministerio, eventualmente podría ser la inhabilidad del juez, pero eso tiene que evaluarlo jurídicamente, porque este es un litigio judicial”, remarcó la autoridad.
Monsalve estimó que “los delitos por los cuales (los prófugos) están imputados son graves”, y evidencian la existencia de una estructura criminal, “y desde esa perspectiva, sólo quiero reiterar que nos parece que desde el inicio debió haber prisión preventiva, porque es evidente el riesgo para la sociedad”