A casi un mes de que se cumpla un año del comienzo del estallido social en todo el país, aún no hay sentencias sobre algunos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la región. Aun así, hay avances en 145 querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en la región, con cinco causas formalizadas y siete imputados.
Este miércoles, la directora regional del instituto, Tarcila Piña, sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal Regional, Adrián Vega, y su equipo, para revisar los avances de las investigaciones y diligencias de las querellas que la sede regional presentó por las numerosas y graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, en el contexto de la crisis social.
De las querellas presentadas por el INDH, hay cinco causas formalizadas y siete imputados, de los cuales tres están en prisión preventiva (dos Capitanes de Carabineros y un Sargento del Ejército). Los otros cuatro imputados están con otras medidas cautelares. El 58% de las querellas, corresponden a casos de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
En la reunión realizada virtualmente, Piña presentó la estrategia judicial del INDH para la tramitación de las causas de violencia institucional cometidas por agentes del Estado, además del diagnóstico regional de las causas y los nudos críticos del sistema procesal penal.
“Hay preocupación en el lento avance en estas investigaciones, lo cual se ha transformado en nuestro mayor obstáculo, y se hace imperioso que el Estado priorice y acelere estas investigaciones, sobre todo por tratarse de casos complejos, para lograr verdad, justicia y reparación a las víctimas y familiares”, dijo.
Entre los nudos críticos para el avance de las investigaciones y diligencias destaca el “efecto pandemia” y las carencias institucionales que afectan a las regiones. En este sentido, la jefa regional INDH destacó que la Policía de Investigaciones (PDI) no cuenta con un departamento de derechos humanos en la región y que el Servicio Médico Legal, ha dejado de realizar atenciones presenciales producto de la Pandemia Covid-19, siendo estas pericias de lesiones físicas y psíquicas fundamentales para el avance de la investigación.
EN OVALLE CINCO FORMALIZADOS
Los casos más emblemáticos ocurridos en la capital de la provincia de Limarí involucra directamente a un oficial de Carabineros, quien habría disparado a un transeúnte, en el contexto de una marcha el día 19 de octubre del 2019, cuando Benjamín Huerta Escobar de 23 años resultó herido de bala a la altura de la ingle, luego de que intentara defender a una persona.
El responsable del disparo sería el capitán de Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle, quien se mantiene bajo prisión preventiva, mientras que otros cuatro Carabineros también se mantienen formalizados.
“Tenemos ocho víctimas en Ovalle, de las cuales son cuatro niños, niñas y adolescentes que sus causas se mantienen reservadas por ser menores de edad. Tenemos cerca de 12 acciones judiciales, querellas, por violencia sexual y violencia de género, sobre todo en el contexto de detenciones en comisarías y las prácticas que iban en contra de todo protocolo que se le aplicaron a niños y adolescentes y también a mujeres detenidas dentro de las comisarías”, contó Tarcila Piña, directora regional del instituto.
Lo que hace alusión Piña son a hechos que tienen relación con posibles torturas por parte de agentes del Estado a adolescentes, detalle de los casos que el INDH mantiene en reserva, por ser las víctimas menores de edad.
A estos hechos se suma la querella interpuesta por el instituto sobre la pérdida de visión en uno de sus ojos de Alexis Seura Sarriá de 49 años, quien cruzaba Ariztía Oriente durante las manifestaciones del día viernes 8 de noviembre.
Esta acción judicial también se encuentra sin nuevos avances investigativos. Ante el escaso movimiento en las querellas en el Tribunal, la directora espera mayor celeridad en los procesos.